26 Marzo 2015

del Sitio Web RT


 

El Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TTP, por sus siglas en inglés) que negocian en secreto 12 países, entre ellos Perú, México y EE.UU., permitiría a las empresas multinacionales demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes, advierte WikiLeaks.

Estas facultades podrían ser instauradas sin antes haberse agotado las vías legales internas de cada país, lo que otorgaría a las corporaciones extranjeras más derechos que a las nacionales, según queda estipulado en el capítulo de Inversiones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), filtrado por WikiLeaks para el portal de 'La República'.

El documento revela que, a diferencia de lo prometido por la administración Obama, el Acuerdo Transpacífico refuerza y amplía el sistema legal del solución de controversias Inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) y eleva a las empresas de capital extranjero a la misma categoría que los gobiernos soberanos.

Según la información revelada por WikiLeaks, el documento, fechado el 20 de enero de este año, habría sido revisado por los países miembros durante la ronda de negociaciones que tuvo lugar en Hawai entre los días 9 y 15 de marzo.

El capítulo incluye no solo las compensaciones por expropiaciones directas o indirectas, sino también por pérdidas en el caso de conflictos sociales o por cambios en la legislación financiera, ambiental o de salud pública que los inversionistas consideren que afectan a sus expectativas de negocio.

Las reuniones para las negociaciones del TPP están siendo llevadas a cabo con total hermetismo por los 12 países,

• Australia

• Brunei

• Canadá

• Chile

• EE.UU.

• Japón

• Malasia

• Nueva Zelanda

• Perú

• Singapur

• Vietnam,

...haciendo de este potencial acuerdo el más extenso y polémico pacto comercial de la historia ya que representa un 40% del comercio internacional y sus estipulaciones podrían influir en las vidas de casi 800 millones de personas.

El secretismo del acuerdo ha sido permeado únicamente por las filtraciones realizadas por WikiLeaks de capítulos como el de Propiedad Intelectual, que potencialmente podría repercutir en el costo de medicamentos en los países firmantes debido un sistema de patentes que los expertos han catalogado como "abusivo" y además llegaría a restringir la libertad de los ciudadanos a la hora de usar Internet.

 

Perú Negocia Acuerdo

...que Facilita a Transnacionales Millonarias Indemnizaciones - Investigación de WikiLeaks
por Beatriz Jiménez
25 Marzo 2015
del Sitio Web LaRepublica

Artículo realizado gracias a

la colaboración investigativa de

WikiLeaks

 

El Acuerdo Trans-Pacífico que negocia Perú a puerta cerrada junto con otros 11 países, entre ellos EE.UU., permite a las empresas extranjeras demandar a los gobiernos en el ISDS (solución de controversias Inversor-Estado) y solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes sin haber agotado antes las vías legales internas, otorgando así a los inversionistas extranjeros más derechos que a los nacionales.

El capítulo de Inversiones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), filtrado por Wikileaks en exclusiva para Perú a La República, revela que contrariamente a lo prometido por la administración Obama, el Acuerdo Transpacífico refuerza y amplía el sistema legal del ISDS y eleva a las empresas de capital extranjero a la misma categoría que los gobiernos soberanos.

El capítulo filtrado, fechado el 20 de enero de este año, habría sido visto durante la ronda de negociaciones llevada a cabo en Hawai entre los días 9 y 15 de marzo.

En sus 55 páginas aborda no sólo compensaciones por expropiaciones directas o indirectas, sino también por pérdidas en el caso de conflictos sociales o por cambios en la legislación financiera, ambiental o de salud pública que los inversionistas consideren que afectan sus expectativas de negocio.

Este documento consolida y expande los derechos empresariales reconocidos en el TLC bilateral firmado por Perú, al amparo del cual en 2011 Renco Group Inc. (propietaria de Doe Rum) presentó una demanda "Inversionista-Estado" contra nuestro país en la que exige el pago de una indemnización de 800 millones de dólares e intenta evadir una demanda judicial ante un tribunal de EE.UU. presentada por 70 habitantes de la Oroya por daños a su salud.

A pesar de este antecedente, Perú ha aceptado someterse a la jurisdicción de este tribunal de arbitraje.

Según el texto filtrado, sólo Australia ha expresado su voluntad de no estar bajo su jurisdicción, aunque una nota al pie indica que podría hacerlo bajo determinadas condiciones.

Según el capítulo de inversiones, nuestro país no ha presentado salvaguardas a ninguna de sus disposiciones, algo que si ha hecho el vecino Chile, quien en los anexos protege el derecho de su Banco Central a preservar sus facultades para limitar o restringir las transferencias de capitales desde y hacia Chile.

Las rondas de negociaciones del Acuerdo Transpacífico son realizadas con total hermetismo por los 12 países (Australia, Brunei, Canadá, Chile, EE.UU., Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), lo que lo convierte en el más amplio y polémico acuerdo comercial llevado a cabo hasta la fecha ya que representa un 40% del comercio internacional y sus disposiciones podrían afectar a casi 800 millones de personas.

Debido a que la sociedad civil no tiene acceso a las negociaciones, la información existente sobre su contenido proviene de consecutivas filtraciones difundidas por Wikileaks de capítulos como el de Propiedad Intelectual, cuyas disposiciones podrían encarecer en los países firmantes los medicamentos debido a la ampliación de patentes y también restringir la libertad de los ciudadanos en Internet.
 

Pérdida de soberanía en salud pública y medioambiente

En el caso del capítulo de Inversiones, esta es la segunda filtración y elimina según la organización Public Citizen importantes salvaguardas relacionadas con salud pública, seguridad y medioambiente propuestas en el primer documento, hecho público a través de otra filtración en junio de 2012.

La primera versión del texto, según señala esta organización no gubernamental estadounidense, incluía una disposición que establecía que los actos regulatorios de los países para salvaguardar el bienestar público en áreas de seguridad, salud y medioambiente no constituían expropiación indirecta.

Sin embargo, la actual versión difundida hoy socava este intento de salvaguarda al considerar que estos actos regulatorios podrían ser sujetos de indemnización "en circunstancias excepcionales", dejando a la arbitrariedad del tribunal de arbitraje decidir cuando las leyes de un Estado en este área constituyen una expropiación indirecta.

Otra posible grave consecuencia advertida por Public Citizens sería el hecho de que las compañías farmacéuticas podrían demandar ante estas instancias de arbitraje a los Estados en el caso de que consideren que han sido dañados sus derechos a la Propiedad Intelectual, algo que no contempla el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al que no pueden concurrir los inversionistas.

Nuevamente, Australia es el único país que se opone a la jurisdicción de el ISDS en el caso de tratamientos farmacéuticos y médicos considerados de interés público.