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2003 del Sitio Web AgendaLatinoamericanaMundial
El consumo mundial de agua se está duplicando cada 20 años, más del doble de la tasa de crecimiento mundial de la población. Según la ONU, más de mil millones de personas carecen ya de acceso al agua potable.
Si la tendencia continúa, para el año 2025 la demanda de agua potable se espera que aumente un 56% más que la cantidad de agua de la cual se dispone actualmente. Las corporaciones multinacionales conocen estas tendencias y están tratando de monopolizar el suministro de agua en todo el mundo.
Monsanto, Bechtel y
otras grandes multinacionales mundiales están buscando controlar los
sistemas de agua y su abastecimiento.
La compañía Bechtel Enterprises de San Francisco, EE.UU., fue contratada para hacerse cargo de la empresa de agua de Cochabamba, luego de que el BM exigiera a Bolivia que la privatizara.
Cuando Bechtel comenzó a aumentar el precio del agua, toda la ciudad hizo
una huelga. Los militares mataron a un chico de diecisiete años y arrestaron
a los líderes huelguistas de los derechos del agua. Pero después de cuatro
meses de disturbios, el gobierno Boliviano sacó a Bechtel de Cochabamba.
Maude Barlow, presidente del "Consejo de Canadienses", el grupo de apoyo estatal más grande de Canadá, declara:
Los estudios realizados
demuestran que comercializar el agua en mercado abierto tiene como
consecuencia que sólo llegue a las ciudades y a las personas ricas.
Estos acuerdos otorgan a las corporaciones transnacionales derechos sin precedentes sobre el agua. Los conflictos relacionados con el agua están surgiendo en todo el mundo. Monsanto planea obtener ingresos de 420 millones de dólares y una utilidad de 63 millones de dólares para 2008, con sus negocios de agua en India y México.
Monsato calcula que el agua se convertirá en un mercado
multimillonario en dólares en las décadas venideras.
Los recursos finitos de agua potable (menos del 0.5% de la totalidad de las reservas de agua del mundo) están siendo desviados, agotados y contaminados tan rápidamente que, para el año 2025, dos tercios de la población mundial estará viviendo en un serio estado de carencia.
Sin embargo los gobiernos están entregando la responsabilidad de este precioso recurso a las gigantes corporaciones transnacionales, quienes, en connivencia con el BM y con la OMC (WTO - World Trade Organization), buscan privatizar y hacer del agua un bien comerciable en todo el mundo, e imponer su comercialización en el mercado abierto para la venta al mayor postor.
Millones de ciudadanos del mundo están siendo despojados de
este derecho humano fundamental, y se está realizando un enorme daño
ecológico, a medida de que la industria masiva hace uso del agua que alguna
vez se utilizó para sustentar a las comunidades y abastecer la naturaleza.
Pero nuestra prensa convencional
generalmente apoya la globalización económica y estos acuerdos comerciales,
y sólo permitiría algunas denuncias selectivas de la oposición. Mi trabajo
sobre la conversión del agua en un bien comerciable, cuyo título es "Blue
Gold" (Oro Azul), fue publicado por el Foro Internacional sobre
Globalización (IFG) en 1999 en varios idiomas, y se vendió en todo el mundo,
pero fue ignorado por la prensa norteamericana.
Sin embargo cuando la prensa convencional escribe sobre este tema -lo cual no hace muy frecuentemente o con suficiente profundidad- raramente plantea la pregunta más importante:
Nosotros decimos que la tierra, pertenece a todas las especies y todas las generaciones futuras. Muchos de los que están en el poder tienen otra respuesta.
Llegó la hora de debatir.
Esta historia ha traído una atención sin precedentes al tema de la privatización del agua y se continuaron desplegando importantes eventos, ambos en el ámbito local e internacional.
En el ámbito local, los habitantes de Cochabamba están trabajando codo a codo con la nueva y reconstituida compañía de agua, SEMAPA, para extender el servicio de agua a más familias. En Alto Cochabamba, uno de los vecindarios más pobres de la ciudad, el tanque de agua de la comunidad había permanecido vacío por años y se había convertido en el basural de la localidad. Hoy el tanque está operando en su totalidad, brindando por primera vez al vecindario agua potable suministrada por el estado.
Los
activistas cívicos dicen que están construyendo una empresa de servicios
públicos que será manejada por la gente y no por los políticos corruptos o
alguna corporación que cobre sobreprecios que no son democráticos.
Estos grupos y otros también prometieron su apoyo para luchar contra
el último ataque de Bechtel, una demanda por casi $20 millones - la
compensación por perder su lucrativo contrato en Cochabamba. Esta es una
acción que enfrenta una de las corporaciones más ricas del mundo contra la
gente de una de las naciones más pobres de América del Sur.
Luego el año pasado Bechtel sigilosamente reorganizó los papeles corporativos para establecer su subsidiaria bajo registro Holandés, y de esa manera prepararse para tal acción.
Algunos grupos internacionales se están preparando para ayudar a los líderes de Cochabamba a luchar contra la demanda de Bechtel.
Los artículos del Centro para la Democracia, que salen principalmente en la prensa progresista y fueron distribuidos ampliamente por Internet, también atrajeron la publicación en matutinos dedicados al tema de algunas ciudades, tales como el San José Mercury, San Francisco Examiner, y el Toronto Star (gracias a la distribución realizado por el Servicio de Noticias del Pacífico).
Sin embargo, gran parte de la cobertura de la historia realizada por la prensa convencional se limitó a los despachos del corresponsal de Associated Press de Bolivia. El corresponsal, Peter McFarren fue a cubrir historias que repetían con mucha ansiedad los dichos del gobierno Boliviano y de Bechtel, acusando falsamente del levantamiento del agua a los "narcotraficantes".
Un lector de los artículos del Centro para la Democracia notó la diferencia en el reporte y descubrió que McFarren estaba, al mismo tiempo, haciendo lobby de manera activa para que el Congreso Boliviano aprobara un proyecto muy controvertido para llevar agua de Bolivia a Chile. Cuando este conflicto de intereses fue denunciado a Associated Press, de repente McFarren presentó su renuncia.
Más información sobre esta historia, incluyendo la suscripción
a los correos-e de noticias gratuitos en los cuales se originó la historia,
se puede encontrar en
democracyctr.org
por
Pratap Chatterjee
Ha construido mega proyectos: desde el conducto de Alaska y la represa Hoover hasta el puente de la bahía de San Francisco, desde conductos de gas natural en Argelia hasta refinerías en Zambia.
Raramente un día pasa sin que la compañía firme un nuevo contrato en algún lugar del mundo. Han trabajado en 19.000 contratos en 140 países en el último siglo, muchos de estos con plata de los contribuyentes. Sin embargo, un repaso extensivo de los contratos de Bechtel en los últimos 100 años muestran que una y otra vez la compañía fue encontrada culpable de realizar conexiones políticas corruptas.
De hecho, si existe un patrón de proyectos de los trabajos sobre empresas públicas de Bechtel es el siguiente:
Aún cuando estos costos excesivos salen en los titulares de los diarios, los impactos del medio ambiente y sociales de las actividades de construcción de la compañía raramente son mencionados, como ser:
La dirección de Bechtel se volvió loca cuando el personal de la casa central leyó la historia publicada en el San Francisco Bay Guardian y comenzaron a hacer preguntas.
Pudimos obtener un memo interno que explicaba al personal porqué la empresa había decidido no dar respuesta sobre la historia:
La prensa convencional a menudo escribe sobre los contratos que gana Bechtel y concluye, pero raramente ahonda para encontrar algo más sobre el impacto de estos proyectos.
Nunca investigaron con detenimiento sobre la historia de la compañía o intentaron adentrarse en los trabajos internos de la compañía: esto en parte sucede porque la empresa se niega a que los medios puedan acceder a su personal o a sus directivos.
from DemocracyCenter Website
Cochabamba became the front line in the growing international battle over the rules of economic globalization.
Standing down soldiers,
resisting a declaration of martial law, and rising up against a wave of
worship the market economic theology, South America's poorest people evicted
one of the world's wealthiest corporations and took back something simple
and basic - their water.
There, in 1545, a modest hill was discovered to be, quite literally, a mountain of silver. For nearly three centuries Spanish colonialists mined the hill, Cerro Rico or Rich Hill, of enough silver to virtually bankroll the Spanish empire. They also left behind, in the words of Eduardo Galeano, "8 million Indian corpses." [1]
Slave miners were sent into the pitch dark and stale depths for as long as
six months at a time. Many of those who survived went blind from re-exposure
to sunlight. Bolivia's first lesson about globalization was this one - a
people blessed by the Earth with one of the largest single sources of
mineral wealth in the history of the planet ended up the poorest nation in
South America.
Using the contemporary tools of economic power - holding up loans, aid, and debt relief - the Bank and IMF influenced and outright coerced the Bolivian government into selling or leasing its public enterprises into corporate hands. One by one the Bolivian government sold or leased off the national airline, the railroad, and the electric company, often with disastrous results.
The Chilean purchaser of the railroad
dismantled it for parts and shut it down.
In public the Bank softens its tone, calling privatization just one option and,
Behind closed doors, however, Bank
officials are not so subtle.
Bank officials would later claim that they didn't like the details of the way Bolivia negotiated the privatization, but the Bank's role as the force behind it is indisputable. The Bolivian government followed the Bank's orders.
In
September 1999, in a closed-door process with just one bidder, Bolivian
officials leased off Cochabamba's water until the year 2039, to a mysterious
new company named Aguas del Tunari - which would later turn out to be a
subsidiary of the California engineering giant, Bechtel.
Tanya Paredes, a mother of four who supports her family knitting baby clothes, saw her water bill increased from $5 per month to nearly $20, a rise equal to what it costs her to feed her family for a week and a half.
Its leadership came from the local factory workers union,
irrigators and farmers, environmental groups, local economists, progressive
members of Congress, and a broad base at the grassroots. La Coordinadora was
both urban and rural, both poor and middle class.
After the blockades the rural
water users formed an alliance with urban users concerned about Bechtel's
takeover of the city water system and on November 12, 1999 La Coordinadora for the
Defense of Water and Life was born.
Once or twice a year local transportation workers and other groups would organize actions in which the buses stop running, the bridges and roads are blocked, businesses and schools are shut down, and the city takes a one day holiday of soccer and bike riding while negotiators try to reach a settlement over the demand of the day.
The Coordinadora's January action against the water price hikes was different. For three days Cochabamba was shut down tight as a drum. Blockades closed down the two main highways leading in and out of town, eliminating bus transportation and food shipments. The airport was shut. Roadblocks fashioned out of piles of rocks and tree branches cutoff all traffic in the city.
Thousands of Cochabambinos
occupied the city's tree-lined, colonial central plaza. At one corner of the
plaza the Coordinadora set up its headquarters in the ragged offices of the
local factory workers' union and hung a wide banner from the third floor
balcony. Bright red with white letters the banner carried the city's new
rallying cry, El Agua es Nuestra Carajo!, The Water is Ours Damn It!
After a day of refusing even to recognize the Coordinadora as a legitimate organization, the governor agreed to meet its leaders. During the negotiations the governor could hear the angry chants of thousands of protesters, quite literally at his door. The government finally signed an agreement to review the water company's contract and the new water law, if the protest was suspended.
Coordinadora leaders gave the government
three weeks.
Several hundred protesters would march to the plaza, hear some speeches, prod the government to keep its word, and then go back to work..
The government announced that the protest was not going to be allowed and on the morning of the 4th more than 1,000 heavily armed police and soldiers took control of the city's center, almost all brought in from other cities (as Cochabamba police could not be counted on to take such a hard line against their own relatives).
For the people of Cochabamba, even those who
may not have been sympathetic to the water revolt before that, the invasion
of police was akin to a declaration of war. Not only was the government
refusing to rollback the company's huge price hikes, now it was protecting
Bechtel's increases with tear gas and guns.
I asked a young policeman if he would shoot and kill me if ordered to by his captain.
As the conflicts continued, the doors of middle class homes would open up and bowls of food and water would appear, an offering of support to those standing up to the government in the streets.
Almost all local radio programming converted into phone-in discussions about the battle in the city center, with caller after caller condemning the government and the company. In two days more than 175 people were wounded, most all victims of tear gas canisters or police beatings. Whatever public legitimacy the government had on the issue it lost. It announced an agreement with the company to invoke a temporary rate rollback for six months.
The Coordinadora had won its first victory.
Through members of Congress the Coordinadora was finally able to get a copy.
After the February confrontations Coordinadora leaders began to examine the contract more closely, with the help of sympathetic economists and lawyers. They uncovered Bechtel's guaranteed 16% profit, the fact that the company had won the concession with virtually no up-front investment, as well as other provisions which made clear just how bad a deal the government had agreed to.
The Coordinadora became convinced that they needed to switch their
sights from merely rolling back water rates to repealing the contract
altogether and putting Cochabamba's water under direct public control.
The answer, by a vote of more than 90% was a resounding yes.
Cancellation of Bechtel's contract now became
the Coordinadora's official demand.
Coordinadora leaders warned that they would begin an indefinite general strike and blockade of the highways until the government met its two key demands - cancellation of the water company's contract and repeal of the national law through which the government planned to give Bechtel control over wells and rural irrigation systems.
On Tuesday April 4th the threatened wave of protests began and Cochabamba was shut down again for the third time in four months.
On Thursday, after Cochabamba had been shut down for two days, government officials finally agreed to sit down to talk with Coordinadora leaders, in negotiations moderated by Cochabamba's Catholic Archbishop, Tito Solari. Late that night Coordinadora leaders began their talks in the state's offices, with the governor, the city mayor, the Archbishop and other officials.
Suddenly police under orders from the national government in La Paz burst in and put the Coordinadora leaders under arrest.
Bishop Solari locked himself in his own office for the night, telling reporters
that if the Coordinadora was under arrest so was he.
The atmosphere in the city was incredibly tense, especially in the central plaza where news of the arrests the night before had drawn a gathering of more than 10,000 people. Many came from the city but thousands of others had marched in long distances from the countryside and had been there for days. Community by community they arrived, to great cheers, each group carrying a banner bearing the name of their pueblo.
One rural town official, who had marched 70 kilometers to get to Cochabamba, told me,
A meeting was announced for 4pm between the Governor and the Coordinadora, to be mediated by Archbishop Solari.
After mid-day it was announced that the Governor would sit down once more with Coordinadora leaders, this time in the offices of the Bishop. When word spread that the Governor had failed to show, people in the plaza feared the worst.
A half dozen teenage boys climbed to the bell tower of the city's Cathedral, tying ropes to the bells so that they could be rung as a warning when soldiers started to invade the city. Even amidst the thick tension, however, Bolivia's natural humor came through. An ice cream seller circulated through the dense crowd, carrying a white styro-foam ice chest across his front.
One of the protesters from the countryside crouched down behind him and yelled loudly,
In his plaza office Governor Hugo Galindo could hear the angry crowd outside.
Windows had already been broken on the front of the building. A fire was set against the giant wooden main entrance door. At the hour he was supposed to have met with Coordinadora leaders, instead he telephoned his superiors in La Paz.
He explained that he saw no alternatives except
cancellation of the contract or an all out war between the people and
government. He recommended that the contract be canceled. Banzer's people
were noncommittal. Galindo then called Archbishop Solari, sitting in his
office with Coordinadora leaders. He told the Bishop that he had urged the
President to cancel the contract. When Bishop Solari relayed that message to
Olivera and other Coordinadora leaders it got transformed into something
more dramatic - that the company was leaving.
He thanked the neighborhoods, the transportation workers, people from the countryside, university students, and others who had made the battle and the victory possible.
Cochabambinos celebrated in the streets. Archbishop Solari
presided over a packed service of celebration in the Cathedral.
Bands of police started to appear at the doors of Coordinadora leaders and their families, arresting all those they could find.
Seventeen people in all
were put on a plane in Cochabamba and flown off to a mosquito infested jail
out of the way in Bolivia's remote eastern jungle. Those that escaped
arrest, including Fernandez and Oscar Olivera, went into hiding.
Soldiers shut off TV and radio broadcasts. A whole section of
the city, the hillside where antennas continued to broadcast news, had its
power cutoff, taking most of the remaining stations off the air. A curfew
was instituted. Public meetings of more than two people were banned.
Cochabamba was under a dictatorship.
Young people,
dubbed "the water warriors" headed back downtown to challenge Banzer's
troops. Women traveled door to door to collect rice and other food to cook
for the people who remained camped in the plaza.
At that same time an unarmed seventeen year old boy,
Victor Hugo Daza, was shot and killed with a bullet through the face. In the land of the
Incas the battle over globalization, tragically, had its first martyr. His
companions brought his bloody body to the plaza and held an angry, emotional
wake. [5]
The people of
Cochabamba were also not about to back down. The streets were only getting
fuller.
The foreign
managers sent in to run the company were laying low in a five store hotel,
insistent in their demand to control the water, watching the suffering on
television, and hanging up on reporters who got hold of their cell phone
numbers. It was then that we decided that the company's vague connection to
Bechtel was worth another look.
We used The Democracy Center large e-mail
network to send alerts to thousands of activists worldwide, calling on them
to pressure Bechtel to leave the country. We also gave them the personal
e-mail address of Bechtel's President and CEO,
Riley Bechtel.
The national official responsible for the Bechtel agreement released a letter he had sent to Bechtel officials,
They city celebrated as it would have a World Cup soccer
victory, with cars parading along Cochabamba's avenues with horns blaring.
The Coordinadora's leaders came out of hiding and were flown back from their
jail in the jungle, greeted as heroes.
Water rates were rolled back to what they had been before Bechtel's price hikes and local water users lined up to pay their bills. Coordinadora leaders turned from the high drama of street protest to the headaches of trying to make a water company work more efficiently.
Management and system problems remained, but a series of new neighborhoods were added to the water grid and the company accomplished something else extraordinary.
Even at the old pre-Bechtel rates, Cochabamba's water company was operating in the black. It also began qualifying for loans, from the Inter American Development Bank and others, to allow for expansion of the water system.
Even the powers of international finance had begun to accept
that, in Cochabamba, the water was to remain in public hands.
Why was Cochabamba different? Why did Cochabambinos resist? Why did they win?
Cochabambinos had endured one privatization after another, always with resistance by those directly affected - the airline workers union, for example - but never with enough force to make a difference.
The revolt over water was a revolt over everything, a reaction to official corruption, economic decline, and the clear and broad belief that the government was looking out for everyone but the people.
In one neighborhood a sixteen year old boy explained to me how he received his political awakening over a piece of bread.
When the Coordinadora came to his neighborhood to organize resistance to the water privatization, he saw his chance to do something.
Water was also something essential to life, not like an airplane or even electricity in a poor country. People knew that if they lost control of their water they lost control of their lives. The Coordinadora gave people a hope that was new.
After years of protest that seem to accomplish nothing, the Coordinadora gave people hope that they could actually come together and win.
It also unified people from the rural areas and people from the city, which was absolutely key.
Inadvertently both Bechtel and the Bolivian government helped the revolts success enormously.
If Bechtel had raised rates slowly over time, the revolt would never had gained the broad support that it did. If the Bolivian government had let the February protest take place without resistance, it would not have ignited the fierce public anger that made virtually everyone a Coordinadora loyalist.
In the end it was a revolt not just about water but about arrogance, against an attitude by the World Bank, Bechtel and Banzer that said,
And it was as a revolt against arrogance
that the Bolivian revolt over water had such deep and powerful resonance
with the larger battle over globalization imposed from on high.
The water revolt drew broad international media attention. Oscar Olivera (image right) was awarded the prestigious international Goldman Prize for environmental activism.
Cochabamba became synonymous with the struggle for global economic
justice, a source of great inspiration and hope. How the water revolt went
from being a local struggle to an international icon is a story in itself,
the product of the Internet, a great story, and the luck of great timing.
However, the AP's Bolivian correspondent
wrote all his stories from faraway La Paz and mainly just repeated the
Bolivian government's spin of the day. It later turned out that, while he
was covering the water revolt, AP's man on the scene was also lobbying the
Bolivian Congress to approve a project to export Bolivian water to Chile, a
revelation which would cost him his job.
How far and fast these spread through the Internet was astonishing.
My reports were syndicated by
Pacific News Service and picked up by publications all across the US and
Canada. These stories later sparked other writers, from the New Yorker, the
San Francisco Chronicle, and elsewhere to write their own stories.
They sent pictures of the event to us in
Cochabamba which we gave to the local press. One Cochabamba daily, Gente,
dedicated its first three pages to the story, amazing Cochabambinos with the
fact that their local rebellion was drawing the attention of the world.
With Oscar Olivera in hiding to avoid government capture, my
colleague Tom Kruse came up with the idea that we could buy him some
political protection by getting groups in the U.S. to invite Oscar to attend
the events in Washington. The idea was never that Oscar would go but that
these invitations, which we gave to the Bolivian press, might make the
government hesitant to arrest someone who now had an international profile.
The Washington protests were just two days away and Oscar had neither a Bolivian passport nor an entry visa from the U.S. (which generally take months to secure if they can be gotten at all).
On Thursday morning Oscar went to the local passport office which, by chance, was run by an old schoolmate, and has his passport in less than an hour. Later that same morning Oscar and Tom flew to La Paz to attempt the doubtful task of convincing the US Embassy that it ought to grant an immediate entry visa to a man with wearing a Che Guevara wristwatch who had just led the booting out of a major US corporation.
While Oscar sat in the Embassy waiting area, back in Cochabamba I received a call from a reporter for a major newspaper chain in the U.S., begging for help to secure an interview with Oscar. I suggested a bargain. If he would agree to call the US Ambassador and ask if she were going to give Oscar a visa, I would set up the interview. He agreed and a few hours later Oscar strolled out the Embassy doors with the seal of the USA stamped in his fresh passport.
On Friday Oscar, Tom, and I flew to Washington.
On Saturday, Oscar was among a group that went to the home of World Bank President James Wolfensohn, with media in tow, to deliver a message about the real impact that Bank policies have on poor countries.
On Sunday, still wearing his leather worker's cap, Oscar addressed a rally of 10,000 on the Washington Mall, just beyond the White House. That afternoon Oscar was at the head of a procession of thousands through the streets of the capital of the most powerful country in the world. Just a week earlier he had been in hiding, Victor Hugo Daza was being buried, and Bolivia was under a state of martial law.
Walking next to him I asked Oscar,
Bechtel's aim, it says, is simply to get back what they invested.
Just as the water revolt
became an international symbol for the abuses of privatizing basic services,
Bechtel vs. Bolivia has become an international symbol for everything wring
with rigged international trade law.
Bechtel is masquerading as a Dutch company, shifting its Bolivian
registration to an Amsterdam post office box in hopes of getting covered by
a Bolivia-Holland treaty that makes the Bank the arbiter of their investment
disputes.
But the stakes in this case go well beyond Bolivia.
The World Bank's secret trade court is the
prototype for the proposed Free Trade Act of the Americas (FTAA). The same
tool Bechtel is using today against Bolivian could be used by other
corporations to repeal of environmental laws in California, health
regulations in New Hampshire, and worker protections in Venezuela - all in
the name of knocking down barriers to trade.
References
da Antonio Mazzeo 20 dicembre 2005 dal Sito Web Terrelibere
Sconfitta sul filo di lana nella gara per il General Contractor del Ponte sullo Stretto, l'Astaldi tenterà la rivincita con l' "avversaria" Impregilo.
Un primo appuntamento è fissato per i prossimi giorni quando il Comune di Milano deciderà a chi affidare la concessione dei lavori per la realizzazione della linea 5 della metropolitana, dalla stazione di Porta Garibaldi a via Bignami. Un contratto da 504 milioni di euro per una tratta tutta in sotterranea, completamente automatizzata, con una lunghezza di 5,6 chilometri.
Una gara certamente non facile per Astaldi, anche perché sul fronte opposto, a dare manforte ad Impregilo, ci saranno due aziende "sorelle",
Un secondo appuntamento per la revance di Astaldi, ancora più ambito, è previsto invece per l'inizio del prossimo anno, quando Roma Metropolitane, società mista presieduta dall' "ambientalista" Chicco Testa, sceglierà il General Contractor per la realizzazione dei lavori per la Linea C, la Terza Metropolitana di Roma, l'opera pubblica più costosa in Italia dopo il Ponte di Messina (circa 3 miliardi di euro).
Per questa gara gli schieramenti
sono ancora gli stessi di quella del Ponte: da una parte la cordata guidata
da Astaldi con Vianini Lavori, Consorzio Cooperative Costruzioni ed Ansaldo
Trasporti Sistemi Ferroviari; dall'altra quella composta da Impregilo,
Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna, Condotte d'Acqua e
Grandi Lavori Fincosit.
Su questa contesa ricadono gli identici dubbi di legittimità che hanno caratterizzato l'iter concorsuale del Ponte sullo Stretto:
Ciò viola le normative europee e
italiane in materia di appalti pubblici, le quali escludono espressamente la
partecipazione ad una gara di imprese che "si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controllo", ovverossia di società tra esse "collegate o
controllate". (1)
Il contratto, assegnato al raggruppamento Astaldi-ETRHB Haddad di cui l'azienda italiana è capofila con una quota pari al 51%, prevede lo studio e la realizzazione di una linea a un solo binario dalla lunghezza di 140 chilometri.
Astaldi è presente da anni in
Algeria e di recente si è aggiudicata i lavori per la realizzazione delle
dighe di Kerrada e Taksebt (nei pressi di Algeri), del tunnel stradale di
Jijel e di un tratto dell'Autostrada Est-Ovest che collega via mare la
Tunisia al Marocco. Questi contratti in terra d'Africa hanno assicurato
all'azienda introiti per 410 milioni di euro.
Si tratta della firma di alcuni accordi commerciali con il governo di Hugo Chávez, uno dei quali relativo alla realizzazione di tre tratte ferroviarie da parte di un consorzio di sole imprese italiane:
La commessa in Venezuela per le
linee Charallave Norte-La Encrucijada, La Encrucijada-San Fernando de Apure
e Chaguaramas-Cabruta è del valore di 7 miliardi di euro, con consegna dei
lavori entro il 2012.
Lo scorso 22 novembre, alla presenza del Presidente uscente Ricardo Maduro, della Ministra delle Risorse Naturali e all'Ambiente Patricia Panting Gallo, dell'ambasciatore italiano in Honduras Mario Fugazzola e del rappresentante della Cooperazione italiana Rodolfo Zoppis, i manager Astaldi hanno presenziato la cerimonia d'inaugurazione dell' "Acquedotto Regionale del Valle di Nacaome", progetto voluto dal Congresso honduregno nel 2000 e che Ricardo Maduro in persona aveva assegnato all'Astaldi, avvalsasi poi dell'assistenza tecnica e della direzione dei lavori della connazionale GICO.
Le ragioni del "successo" delle società italiane?
Il progetto dell'acquedotto del
Valle è stato finanziato per il 76,8% dal Ministero degli Affari Esteri
d'Italia attraverso il proprio dipartimento per la Cooperazione allo
Sviluppo e per il restante 23,2% dal governo honduregno.
Più la ristrutturazione della
rete di distribuzione idrica e del sistema fognario della città di Nacaome,
capoluogo del dipartimento di Valle.
Ma ad una attenta valutazione ci
si rende conto che il megaprogetto finanziato in buona parte con i soldi
della cooperazione è carente dal punto di vista della sostenibilità futura
(sia per le dimensioni che per gli alti costi che comporterà la
manutenzione) e scarsamente integrato ed integrabile con altri progetti di
fornitura d'acqua che si stanno sviluppando nella regione, anch'essi in
buona parte con finanziamenti internazionali (Unione europea, ONG e dello
stesso dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari
Esteri italiano).
Le polemiche hanno assunto rilevanza pubblica a seguito della inaugurazione "ufficiale" dell'acquedotto del Valle di Nacaome. Secondo il contratto di concessione dei lavori all'Astaldi, essi sarebbero dovuti iniziare nel maggio 2004 per concludersi dopo due anni esatti nel maggio 2006.
Eppure, ad appena 5 giorni dalla vigilia del voto nazionale che ha rinnovato gli organi istituzionali centrali e locali dell'Honduras, in un clima violentissimo che vedeva fronteggiare due schieramenti (nazionalisti e liberali) che non si risparmiavano persino gli attacchi armati, il Presidente uscente, con al seguito la figlia (Cecilia Maduro) e il genero (l'italiano Diego D'Oriano), trasformava l'evento in un ulteriore spot elettorale a favore dei nazionalisti locali.
Il tutto con tanto di presenza ai massimi livelli dell'Ambasciata d'Italia, per nulla turbata che la partecipazione del "dono" alle popolazioni meridionali dell'Honduras avvenisse il primo giorno riservato per legge al silenzio elettorale, e soprattutto che, non essendosi ancora conclusi i lavori dell'Astaldi, gli impianti di potabilizzazione e buona parte della rete idrica non fossero in funzione.
Al doppio autogol delle autorità
diplomatiche e dei funzionari della cooperazione italiana va aggiunta poi
una buona dose di miopia politica. La cerimonia della mezza inaugurazione è
stata volutamente disertata dalle autorità locali di Nacaome, municipio di
antica fede liberale, mentre il voto popolare ha poi duramente punito i
nazionalisti guidati da Porfirio "Pepe" Lobo Sosa,
l'uomo dal pugno di ferro che concorreva alla Presidenza della Repubblica,
sostenuto da Maduro, promettendo la pena di morte per i giovani delle bande
criminali che popolano i 'barrios' marginali delle città honduregne.
Ma allo sviluppo di chi? Con il progetto di "fornitura idrica a favore della popolazione di Valle" si punta al potenziamento del sistema di irrigazione di circa 6.500 ettari di terre del Sud in mano a "ignoti" proprietari che hanno implementato coltivazioni intensive agroindustriali (principalmente frutta tropicale e canna da zucchero).
Una produzione dalla discutibile
sostenibilità economica ed ecologica, che rischia di far crescere e di
parecchio la domanda di acqua senza che sia possibile intervenire sui cicli
dell'offerta di questa scarsissima risorsa naturale.
Dulcis in fundo l'accordo appena sottoscritto da Italia e Honduras per la costruzione di una centrale idroelettrica a La Esperanza (dipartimento di La Paz, regione occidentale), attraverso i cosiddetti "crediti di emissione" previsti dal "Clean Development Mechanism" (uno dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto).
L'Italia cioè finanzierà l'opera ed in cambio l'Honduras si accollerà un valore di circa 37mila tonnellate equivalenti di anidride carbonica prodotte annualmente in Italia.
Per essere ancora più chiari, con il credito per la centrale di La Esperanza, pur non riducendo le emissioni in ambito nazionale, l'Italia godrà di uno "sconto" per 37mila tonnellate di anidride carbonica prodotta, che le saranno detratte dagli obblighi assunti con la firma del protocollo di Kyoto.
Un altro esempio di cattiva cooperazione Italia-Honduras rimarcato dal fatto che l'Olanda e alcune organizzazioni ambientaliste internazionali si sono opposte alla realizzazione di questa centrale idroelettrica, dato che il progetto del bacino artificiale che sorgerà con lo sbarramento di una nuova diga non è stato approvato dalla Commissione internazionale sulle dighe. Addizionalmente, l'accordo violerebbe le finalità dello stesso "Clean Development Mechanism".
L'Astaldi, ovviamente, è la
maggiore concorrente alla gara di aggiudicazione dei lavori della centrale
idroelettrica di La Esperanza.
Il "corridoio logistico" è un vecchio progetto binazionale (El Salvador-Honduras), rilanciato dal cosiddetto Piano infrastrutturale neoliberista "Puebla Panamá", per la realizzazione di un'arteria stradale che colleghi il porto di Cutufo sull'Oceano Pacifico (El Salvador) con Puerto Cortés, la maggiore città portuale honduregna nel versante caraibico, in alternativa alla navigazione nel Canale di Panama.
Solo in territorio honduregno,
questo progetto prevede una spesa di 115 milioni di dollari per 100
chilometri di nuove strade, con l'apporto finanziario della Banca
d'Integrazione Economica Centro Americana (CABEI), del governo del Messico
(55 milioni di dollari) e della Banca Europea per gli Investimenti e il
Commercio (20 milioni).
L'impianto idroelettrico di El Cangrejal, della potenza di 50 MW e un costo di 80 milioni di dollari, sorgerà a due passi dal Parco Nazionale di Pico Bonito ed è fortemente osteggiato dalla popolazione locale preoccupata che la nuova diga possa causare la scomparsa di oltre 11 chilometri del corso d'acqua che scorre a valle.
Pico Bonito è una delle principali oasi naturalistiche dell'Honduras e si estende su un'area di 500 chilometri quadrati. È anche il più grande dei parchi nazionali del paese ed ospita diverse tipologie forestali e incontaminate fonti d'acqua (cascate, torrenti e i fiumi Bonito e Quebrada). L'abbondante e variegata fauna include giaguari (animali sacri a tutte le culture precolombiane, ormai pressocché estinti), armadilli, scimmie urlatrici, tucani.
Il Río Cangrejal è una vera e
propria barriera naturale a protezione del Pico Bonito e la sua scomparsa
avrebbe conseguenze devastanti sulla flora e la fauna ospitata e sull'intero
patrimonio socio-economico e territoriale di La Ceiba, grande porto
atlantico del paese, distante appena una decina di chilometri dal parco
naturale.
L'importanza dell'area, non ancora esplorata, sarebbe di poco inferiore in Honduras solo al sito Maya di Copán, vero e proprio gioiello archeologico centroamericano.
Il progetto idroelettrico è
dunque incompatibile con le incommensurabili potenzialità ecoturistiche
della zona.
Le organizzazioni ambientaliste hanno altresì denunciato di essere state escluse in tutte le fasi relative allo studio di impatto ambientale e di attendere ancora il permesso di visionare il progetto tecnico della idroelettrica.
Anche le istituzioni e gli enti locali sono stati esclusi da tutte le fasi relative al procedimento e dopo un timido sostegno al progetto si sono definitivamente schierate contro la centrale a fianco della popolazione e delle organizzazioni ambientaliste.
Dubbi e perplessità sulla
megaopera sono state espresse perfino dalla Banca Mondiale sempre meno
disponibile a sostenere finanziariamente la costruzione di dighe di queste
dimensioni.
È questo il grande sogno-progetto dell'élite politica ed imprenditoriale che governa l'Honduras svendendone le migliori risorse naturali alle transnazionali. Siamo nel Mar dei Caraibi, Bahía de Tela, nella costa nordorientale del paese, dipartimento di Atlántida. Tela è una delle prime baie in cui sbarcarono i colonizzatori spagnoli nella loro campagna di occupazione e sterminio del continente americano. Decine di chilometri di spiagge solo da poco ferite da brutti insediamenti turistici, per lo più deserti in buona parte dell'anno.
Nella zona ovest di questo splendido santuario naturale, su una superficie di 312 ettari e per circa 3,2 chilometri di spiaggia, sta per sorgere il megaprogetto infrastrutturale "Los Micos Beach & Golf Resort":
Quattrocento milioni di dollari è l'investimento previsto, in parte grazie all'apporto di una serie di grandi imprenditori e banchieri nazionali e stranieri, in parte grazie all'intervento statale e degli organismi finanziari internazionali.
Nello specifico, il denaro dei contribuenti honduregni (circa 14,9 milioni di dollari) verrebbe destinato alla realizzazione delle infrastrutture stradali di collegamento a "Los Micos Beach & Resort", del sistema idrico e fognario e della rete elettrica e telefonica.
Già nei prossimi mesi prenderanno il via i lavori per il primo hotel di lusso che entrerà in funzione nel marzo 2007.
Risale perlomeno a trent'anni fa, quando il paese era governato da regimi militari dittatorioli, l'idea di trasformare Tela in uno dei maggiori poli turistici caraibici.
Fu però durante la presidenza "democratica" di Rafael Leonardo Callejas, tra il 1990 e il 1994 (anni in cui Maduro ricopriva la carica di presidente della Banca Centrale di Honduras) che fu avviato con finanziamento statale uno studio di fattibilità per un "Progetto di Ecoturismo nella Bahía de Tela".
Per una decina di anni il megainsediamento continuò a restare solo una promessa dei politici locali da rispolverare ad ogni appuntamento elettorale ("i lavori per Bahía de Tela richiederanno 30.000 lavoratori e saranno 3.500 gli impieghi in hotel e villaggi turisistici", il ritornello piú frequente).
Finalmente, il 27 febbraio 2003, fu costituita la società mista "Desarrollo Turístico Bahía de Tela S.A. de C.V.", con una partecipazione del governo attraverso l'Instituto Hondureño de Turismo (IHT), a cui seguiva, l'anno successivo, l'approvazione da parte del Congresso nazionale di una legge che autorizzava il trasferimento alla "Desarrollo Turístico S.A.", di 312 ettari di terreni e spiagge della baia.
La privatizzazione del demanio
marittimo e dei terreni comunitari diventava fattibile "per legge" grazie ad
un provvidenziale decreto della Corte Suprema di Giustizia che
reinterpretava benevolmente a favore degli investitori l'art. 107 della
Costituzione, che pure vieta ai privati, specie se stranieri, il possesso di
beni immobili sino a 40 chilometri a partire dalla linea di frontiera e
delle coste.
Principale tema di discussione appunto Bahía de Tela.
In concreto, ad oggi, l'impegno
italiano è stato quantificato in 500 mila euro per finanziare l'elaborazione
di un nuovo studio di fattibilità che identificherà gli interventi (opere di
infrastrutture, acqua e bonifica, di regolamento territoriale, restaurazione
di immagine urbana, ecc. per un ammontare approssimato di 40 milioni di
euro).
Un interesse che ha solide radici nel passato: nel maggio 1997, quando prendeva forma il piano di sviluppo dell'industria turistica nella Bahía, l'allora governo assegnò al consorzio Columbus-Astaldi i lavori per l'ampliamento delle opere stradali della vicina città di La Ceiba e l'installazione della linea di conduzione di energia elettrica ai villaggi dell'area di Tela (valore della commessa, circa 39 milioni di lempiras cioè più di 2 milioni di dollari).
Oggigiorno Astaldi è in corsa per l'assegnazione del bando di gara per la costruzione a Bahía di Tela di un impianto per la potabilizzazione dell'acqua, del relativo sistema di distribuzione, di un sistema di trattamento e gestione dei rifiuti solidi e di circa 20 chilometri di nuovi accessi stradali.
Valore della commessa, 108
milioni di dollari, 35 dei quali provenienti da un credito approvato a
favore del governo honduregno da parte del BID, il Banco Interamericano de
Desarrollo, e 7 da un prestito emesso dalla Banca Centroamericana di
Integrazione Economica (BCIE). L'esito della gara è atteso nei prossimi
giorni, nonostante stia montando a livello internazionale una campagna a
salvaguardia dell'immenso patrimonio ecologico locale e di difesa delle
comunità che rischiano di essere espulse dall'area in cui sorgerà il
dissennato progetto "Los Micos Beach & Resort".
La parte orientale del parco è delimitata dalla grande Laguna de los Micos, anch'essa luogo di sosta di numerosissime specie di uccelli migratori e che prende il nome proprio dalle scimmie che la popolano. Aree protette ma dal fragilissimo equilibrio ecologico, per la cui difesa è stato versato un tributo di sangue innocente.
Nel 1995, Jeanette Kawas,
direttrice statunitense della Fundación Prolansate che gestisce l'area
protetta di Punta Sal, fu assassinata per essersi opposta ai potenti
interessi economici che puntavano alla privatizzazione delle coste a fini di
turismo di élite, al taglio illegale di legname e alla coltivazione in
grande scale della palma africana. In memoria di quel martirio, il Parco
Nazionale Marino di Punta Sal, ha assunto il nome di "Parco Jeanette Kawas".
Il ruolo di protagonista nella campagna a difesa del patrimonio ecologico è stato assunto invece dai leader delle associazioni comunitarie locali.
Le popolazioni locali temono particolarmente la disgregazione e i violenti impatti sociali che deriveranno dall'esecuzione del progetto.
È fortissimo il rischio che con il "Micos Beach & Golf Resort" siano definitivamente spazzate via le comunità che animano i limitrofi villaggi di San Juán, Tornabé e Miami. Queste località sono abitate principalmente dalla popolazione afrodiscendente dei garífuna, importante minoranza etnica e linguistica presente nelle coste caraibiche di Honduras, Guatemala, Belize e Nicaragua.
I garífuna difendono orgogliosamente la loro storia di libertà e le loro tradizioni religiose e culturali. Affrancatisi dalla schiavitù, nel 1797 la popolazione nera dell'isola di Saint Vincent (già in mano ai francesi) si ribellò ai governatori del protettorato delle Antille britanniche. Sedata la rivolta, i britannici decisero la deportazione di oltre 5.000 afrodiscendenti verso l'isola di Roatlán, di fronte alla costa caraibica honduregna.
I deportati riuscirono però ad impossessarsi del controllo delle imbarcazioni in cui viaggiavano e dopo un'odissea per il Mar dei Caraibi, sbarcarono sulle coste dell'America centrale dove si insediarono, vivendo principalmente di pesca e coltivazioni tropicali.
Un forte spirito di indipendenza ed autonomia ha continuato a caratterizzare la vita dei garífuna: quando nel 1939, sotto la dittatura di Tiburcio Carías, furono aboliti i privilegi politici tradizionali del gruppo afrodiscendente, buona parte degli uomini garífuna optò per la resistenza armata.
Gli abitanti di San Juán, uno
dei tre villaggi della Bahía de Tela, appoggiarono lo sbarco dei leader
liberali esiliati; arrestati dai militari, tutti gli uomini del villaggio
furono fucilati e sepolti nella spiaggia in fosse comuni. (6)
La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), ha emesso un articolato comunicato che denuncia l'"insostenibilità socioambientale" e le "distorsioni e falsità" contenute nello studio di impatto ambientale presentato dalla municipalità di Tela.
In realtà dietro il Fundo Hondureño de Inversión Turística FHIT, azionista privato del progetto di Bahía de Tela, operano i più influenti imprenditori che controllano l'economia e le finanze del paese:
Ma è il maggior azionista e presidente del Fundo de Inversión Turística FHIT, il personaggio più inquietante di tutta la vicenda: il multimilionario José Remigio Lamas Bezos detto "Joséito", di origine cubana, fuggito a Miami dopo la rivoluzione di Fidel Castro.
Con interessi che spaziano dal settore bancario a quello finanziario, turistico, petrolifero e infrastrutturale, José Lamas è amico di vecchia data del presidente uscente Ricardo Maduro e dell'ex presidente Rafael Leonardo Callejas, sotto il cui governo Lamas costruì buona parte del suo impero. Il cuore degli affari di Lamas si nasconde però nello sfruttamento illegale dei boschi honduregni e nella vendita di legname pregiato ai mobilifici della Florida (Stati Uniti).
Secondo quanto denunciato in un recentissimo rapporto presentato a Washington dall'Agenzia di Investigazione dell'Ambiente EIA e dal Centro per le Politiche Internazionali CIP, due organismi indipendenti nordamericani, José Lamas è il maggiore responsabile del devastante processo di deforestazione in Honduras a fini commerciali.
Nonostante le prove raccolte sui
gravi reati ambientali commessi dalle societá del gruppo Lamas, il suo
potere corruttivo e le altolocate amicizie in tutte le sfere dello Stato,
gli hanno assicurato sino ad oggi la totale impunità. (7)
La concessione per 15 anni è stata assegnata alla compagnia Aeropuertos Honduras di Lamas & soci, a danno di importanti società di Canada, USA, Spagna, Germania e dell'immancabile Astaldi, che pure si erano offerte a rilevare gli aeroporti honduregni a migliori condizioni. (8)
Per la cronaca, il 10 per cento di Aeropuertos Honduras risulta essere in mano all'impresa canadese Vancouver Airports Services, poi contrattata da Lamas & soci come operatrice aeroportuale.
La Vancouver Airports partecipa
al consorzio a guida Impregilo che a fine anni '90 ha ottenuto la
concessione per la gestione ventennale delle infrastrutture aeroportuali
della Repubblica Dominicana.
Risale all'agosto 2000 la concessione trentennale, rinnovabile, per la depurazione e distribuzione di acqua potabile e la raccolta di quelle reflue della città industriale di San Pedro Sula al consorzio denominato "Aguas de San Pedro", composto dall'ACEA ed AMA di Roma, AGAC di Reggio Emilia, Astaldi, Ghella Sogene C.A., Carlo Lotti & Associati Società di Ingegneria S.p.A. e Terra Representaciones Y Servicios S.A. de C.V..
Un consorzio eterogeneo, dove accanto al secondo colosso privato italiano delle costruzioni (Astaldi), compaiono tre aziende municipali a partecipazione pubblica (ACEA, AMA e AGAC):
La concessione dei sistemi di erogazione idrica ad "Aguas de San Pedro" è uno degli esempi peggio riusciti di privatizzazione dell'acqua in America latina.
Sino alla delibera da parte dell'amministrazione di San Pedro Sula dell'alcalde Roberto Larios Silva, il servizio era stato realizzato dalla División Municipal de Agua ("DIMA"), un'agenzia municipale dotata di autonomia nominale e sotto il controllo diretto del sindaco.
Nonostante l'eccessiva burocratizzazione interna, DIMA aveva garantito un servizio accettabile e a basso costo assicurando un costante flusso di denaro alle casse municipali. La gestione in mano al consorzio privato si è dimostrata, invece, disastrosa.
Comitati di cittadini, politici e gli organi di stampa nazionali denunciano il pessimo funzionamento del servizio, gli insostenibili rincari delle tariffe, la fisiologica carenza di acqua potabile nei quartieri marginali.
Il neoeletto sindaco liberale di San Pedro Sula, Harry Panting Zelaya, anche se favorevole al principio della concessione ai privati del servizio, ha criticato la,
Ha aggiunto Panting Zelaya:
Il contratto prevedeva in
proposito interventi per il miglioramento delle infrastrutture idriche e
fognarie per circa 45 milioni di dollari nei primi cinque anni.
Luis Cuello Ardón di ‘VICA TV':
Carlos Martínez di ‘Canal Seis':
Salomón Salguero di ‘HR':
René Velásquez Amador direttore di ‘Mi País':
Da parte loro, i manager del consorzio hanno fatto sapere che nel caso in cui il Congresso Nazionale dovesse intervenire per rimettere in discussione l'accordo, Aguas de San Pedro agirebbe in sede legale chiedendo 5 milioni di dollari per danni.
Nessuna risposta invece relativamente agli investimenti infrastrutturali promessi, nonostante tre anni fa il BID-Banco de Desarrollo abbia approvato a favore del consorzio un prestito di 13 milioni e 700mila dollari a copertura del 25% circa di questi investimenti. Il contributo finanziario del BID rientrava in un piano più articolato teso ad incoraggiare l'investimento dei privati nel settore dei servizi chiave in Honduras (acqua, luce, telefoni, ecc.).
Lo stesso BID ha assicurato crediti per 36 milioni di dollari ad una serie di programmi di privatizzazione e "sviluppo" municipale a San Pedro Sula.
Le linee guida della privatizzazione dei sistemi idrici in tutta Honduras sono state definite dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale quale condizione perché il paese possa avere accesso a nuovi crediti finanziari.
Nel 2000, la World Bank ha approvato un piano di aggiustamento strutturale sotto la condizione che in Honduras si approvasse un disegno di legge per la concessione alle imprese private dei sistemi di approvvigionamento idrico.
Qualche mese dopo l'amministrazione di San Pedro Sula firmava l'infausto contratto con il consorzio Astaldi-ACEA-AMA & Soci e tre anni più tardi, ancora una volta sotto la presidenza di Ricardo Maduro, il Congresso honduregno approvava la nuova legge quadro sull'acqua che legittimava l'avvio dei processi di privatizzazione del settore e la svendita della risorsa al capitale transnazionale.
Sfortunatamente anche l'Unione europea ha deciso di intervenire direttamente per facilitare la transizione al "libero mercato" dell'acqua grazie ai propri programmi regionali di "aiuto alla ricostruzione" del dopo l'uragano Mitch.
Qui l'Astaldi, in partnership con la società boliviana ICE Ingenieros, avrebbe dovuto realizzare un mega tunnel idrico di 19 chilometri per il collegamento alla diga e alla centrale idroelettrica del Río Misicuni che alimenta la città di Cochabamba.
Incautamente si decise di scaricare gli ingentissimi costi dell'infrastruttura sulle tariffe dell'acqua erogata alla popolazione, previa concessione del servizio al consorzio privato "Aguas del Tunari" (vedi informe sopra).
L'epilogo della vicenda è noto a livello mondiale: per lunghi mesi del 1999 la città fu al centro di violenti scontri e manifestazioni di piazza, fino a quando, uno dopo l'altro, fuggirono gli "investitori" stranieri.
Astaldi fu la prima ad abbandonare il progetto per "insormontabili" difficoltà esecutive dei lavori di scavo in galleria. Poi fu la volta di IWL - International Water Limited, l'azienda con sede a Londra detentrice del pacchetto di maggioranza del capitale di Aguas del Tunari, accanto ad ICE Ingenieros (partner Astaldi nel Progetto Misicuni).
Azionisti di IWL, rispettivamente con una quota del 50%, il complesso industriale-militare e delle costruzioni Bechtel (Stati Uniti) e la italiana Edison S.p.A., nata dalle ceneri di Montedison ed oggi in mano alla famiglia Agnelli, Tassara, Banca di Roma, Banca Intesa, IMI-San Paolo e alla compagnia elettrica francese Edf.
Il mondo è proprio piccolo:
Dietro la Edison, invece, alcuni degli
azionisti di riferimento e le maggiori banche creditrici di Impregilo General Contractor del Ponte sullo Stretto. La Banca di Roma, oggi in
Capitalia, detiene infine il 4,6% delle azioni del Gruppo Astaldi.
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In its aftermath, Cochabamba's water revolt became an international symbol,
a modern day victory of a humble David against a giant corporate Goliath.