
	
	por Álvaro Verzi Rangel 
	
	16 Abril 2013
	
	del Sitio Web
	AlaiNet
	
 
	
	 
	
		
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			Álvaro Verzi RangelSociólogo venezolano, investigador del Observatorio en Comunicación 
			y Democracia
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							La prensa hegemónica mundial y latinoamericana insiste en un (imposible) 
	fraude electoral y un clima de guerra civil en Venezuela tras el 
	ajustadísimo triunfo del candidato chavista Nicolás Maduro, alentando una 
	violenta etapa de desestabilización lanzada por sectores opositores que 
	parecen un revival del 
							
							golpe del 2002.
 
						
					
				
			
		
	
	
	
	
	Pero el contexto regional ha cambiado: los observadores internacionales 
	hablan de transparencia y limpieza electoral y todas las naciones de la 
	región felicitan al candidato triunfador.
	
	 
	
	Los estallidos de violencia 
	parecen ser mucho más mediáticos (o mediatizados) que preocupantes, aunque 
	los cacerolazos suelen retumbar en los valles de las grandes ciudades 
	venezolanas.
	
	 
	
	
	
	
	Nicolás Maduro en cierre de campaña. 
	
	
	Foto: AVN 
	 
	
	
	
	Las escasas dos semanas de campaña electoral transcurrieron en un clima 
	tenso, pleno de alertas ante posibles sabotajes, intentos de desconocimiento 
	del triunfo de Maduro por parte de la oposición, y un plan desestabilizador 
	donde participaban mercenarios salvadoreños, paramilitares colombianos y 
	funcionarios estadounidenses.
	
	Si en 2002 se denunció el golpe de Estado venezolano como el primer “golpe 
	mediático”, experiencia que se intentaría repetir sin éxito en Bolivia y 
	Ecuador, pero sí en Honduras y Paraguay. 
	
	 
	
	Esta vez se puede hablar de un 
	intento de golpe mediático y cibernético, con hackeo de cuentas e 
	instigación a la violencia y la desestabilización a través de las llamadas 
	redes sociales, metodología que seguramente intentarán “exportar” a otros 
	países latinoamericanos…
	
	Ya durante las últimas semanas se habían registrado una serie de la acciones 
	violentas llevadas a cabo por grupos de “estudiantes” opositores, las que 
	según fuentes de inteligencia, son pagadas directamente por funcionarios de 
	la embajada estadounidense al coordinador de esas actividades, Gabriel 
	“Gaby” Arellano, empleado de la estatal Universidad de Los Andes.
	
	Las investigaciones apuntan a la funcionaria estadounidense Sharon Vanderbeele, oficial de la estación de la central norteamericana de 
	Inteligencia CIA en Caracas - bajo la fachada de la Oficina de Asuntos 
	Regionales (ORA), cargo que ejerce desde 2011. 
	
	 
	
	Vanderbeele sustituyó a 
	Michel Roberts en la tarea de asesoramiento y financiamiento a la oposición 
	venezolana por parte de la CIA, que no es la única entidad estadounidense 
	que apoya económica y logísticamente al antichavismo.
	
	Once años atrás, el analista Aram Aharonian escribía: 
	
		
		“Un periodista español 
	decía la semana pasada, tras el frustrado golpe de Estado contra el gobierno 
	constitucional de Hugo Chávez: '¡Qué olor a hamburguesa, jabugo (jamón 
	serrano) y petróleo!' 
		 
		
		Obviamente, el hombre sabía de qué hablaba: de la 
	participación de funcionarios estadounidenses, españoles y salvadoreños en 
	la asonada encabezada por el líder empresarial 
		
		Pedro Carmona”.
	
	
	Once años después, el libreto quiere ser repetido, aunque el contexto 
	latinoamericano-caribeño y mundial es diferente. 
	
	 
	
	Pero, no es casual que los 
	de los dos países que reconocieron como presidente al golpista Carmona en 
	abril de 2002, el español de Aznar (hoy de su delfín, Mariano Rajoy) y el de 
	Estados Unidos de la doctrina Monroe (es lo mismo que el administrador de 
	turno sea 
	George Bush o 
	Barack Obama), hoy duden de los resultados 
	electorales en Venezuela.
	
	El canciller español dijo que no reconocería los resultados, en un tono por 
	demás injerencista. 
	
	 
	
	El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney agregó que su 
	país considera un paso "necesario" una auditoría de la elección presidencial 
	del domingo en Venezuela, y estimó que debía hacerse antes de que fuera 
	proclamado el candidato oficialista Nicolás Maduro. (Éste es presidente 
	proclamado oficialmente desde el lunes 15 y asume ante la Asamblea Nacional 
	el viernes 19).
	
	A este coro se sumó - sorpresiva aunque no sorprendentemente - el secretario 
	general de la OEA, el chileno Insulza. 
	
	 
	
	Sorpresivamente, porque la misión de 
	la OEA encabezada por el gobernador del estado estadounidense Bill 
	Richardson, avaló la transparencia de los comicios. Otra perla para Insulza, 
	quien no consultó a los representantes de los países, que ya habían 
	reconocido el triunfo de Nicolás Maduro.
	
	Hace once años, los embajadores de Estados Unidos y España, Charles Shapiro 
	(quien antes manejó el escritorio Cuba en el Departamento de Estado), y 
	Manuel Viturro, se reunieron con el presidente de facto Pedro Carmona, 
	después de que éste disolviera la Asamblea y las principales instituciones. 
	
	
	 
	
	Esta vez funcionarios de la embajada estadounidense (recordar que los 
	embajadores fueron retirados) y de la “cooperación” española estuvieron 
	detrás del asesoramiento y financiamiento del candidato opositor y de la 
	desestabilización del país.
	
	Una de las consecuencias del golpe de 2002 era la desnacionalización del 
	petróleo: 
	
		
		privatización de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y la venta 
	CITGO, de la filial de ésta en EE.UU., en la cual están interesados tanto las 
	trasnacionales estadounidenses como la Repsol española, para poner fin de la 
	reserva del Estado venezolano sobre el subsuelo y la decisión soberana del 
	Estado sobre los recursos naturales del país.
	
	
	En el 2002 se contó con la activa participación en el golpe y en el 
	financiamiento del mismo, del empresario Isaac Pérez Recao, del cual Carmona 
	era empleado en la petrolera Venoco.
	
	Una alta fuente militar amplió a la agencia France Press que Pérez Recao 
	ordenaba a un pequeño grupo,
	
		
		“extremista de derecha, que estaba fuertemente 
	armado, incluso con fusiles lanzagranadas, [...] bajo la conducción 
	operacional del contralmirante Carlos Molina Tamayo”, uno de los oficiales 
	que ya se había rebelado públicamente contra Chávez en febrero pasado, y que 
	ya estaba a cargo de la Casa Militar de Carmona, que “pertenecía a una 
	empresa de seguridad, propiedad de ex agentes del Mossad”.
	
	
	En 2013, el gobierno venezolano expulsó a dos agregados aeronáuticos de la 
	embajada de EE.UU. (David del Mónaco y Debling Costal), acusados de presionar 
	a oficiales en actividad para satisfacer las pretensiones de la estrategia 
	opositora. 
	
	 
	
	De todas formas, el candidato opositor 
	
	Henrique Capriles Radonski 
	admitió públicamente que algunos militares en actividad que lo respaldaban 
	estaban presos, acusados de delitos electorales.
	
	Similar a lo ocurrido en 2002, la estrategia de la oposición en 2013, apunta 
	a ir creando un imaginario de que las filas chavistas se iban desintegrando, 
	con la deserción - por goteo - de algunos oficiales en actividad (cada uno 
	cargaría una mochila de denuncias que los medios difundirían nacional y 
	mundialmente) y, por qué no, de algunos funcionarios chavistas.
	
	Para recordar: 
	
		
			- 
			
			En 2002 James Rodger, adscrito a la agregaduría militar de la 
	embajada en Caracas, secundó con su presencia la sublevación, instalado en 
	el quinto piso de la Comandancia del Ejército, desde donde asesoró a los 
	generales sublevados.
 
 
- 
			
			En abril de 2002 llamó la atención el caso de dos salvadoreños detenidos, 
	que formarían parte de un escuadrón de la muerte entrenado para realizar 
	atentados en diversos países latinoamericanos (antes en Cuba y Panamá, luego 
	en Venezuela).
 
 
- 
			
			Nuevamente en 2013 el ministro del Interior, Néstor Reverol, denunció el 
	ingreso al país de dos grupos de mercenarios salvadoreños, que intentarían 
	asesinar dirigentes chavistas.
	El primero, liderado por un ex-coronel de la Fuerza Armada de El Salvador, 
			David Koch Arana, quien actúa como jefe operativo bajo la dirección del 
	diputado ultraderechista Roberto D’Aubuisson, y el segundo dirigido por 
			Guillermo Cader Acuña - quien ya había enviado en 2010 a Venezuela al 
	terrorista Francisco Chávez Abarca, detenido en 2010 - y el ex-contralmirante 
	Marco Antonio Palacios Luna. 
	
	Posteriormente se dictó orden de captura contra 
	otro supuesto mercenario salvadoreño, Julio Alberto Cornejo Quintanilla.
	
	Reverol también dio a conocer dos audios sobre conversaciones entre Koch 
	Arana y D'aubuisson suministrados a los órganos de inteligencia del Estado, 
	grabados el 23 y 25 de marzo, en los que hablan sobre las operaciones 
	diseñadas para desestabilizar el país.
	
	En aquellos días de abril de 2002, 11 años atrás, el pueblo rescató a su 
	presidente constitucional y lo repuso en el poder, terminando con las 47 
	horas de dictadura de Carmona “el breve”.
	
	 
	
	Hoy Venezuela ha avanzando con su 
	revolución bolivariana, cuenta con soberanía comunicacional y con la 
	solidaridad de los pueblos (y gobiernos) de la región.