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por Mario Osava
29 Enero
2017
del Sitio Web
Contralinea
Versión en italiano
El año que recién
concluyó
será recordado sin nostalgia
por los brasileños,
incluso por la mayoría
triunfante
en el proceso de inhabilitación
de Dilma Roussef,
culminado con la destitución de
la ahora ex-presidente,
el 31 de Agosto (2016).
Rio de Janeiro (Brasil)
Poco tiempo tuvieron los nuevos gobernantes para festejar la
conquista del poder, desde el 12 de mayo, inicialmente en forma
interina y luego de manera plena, al culminar el juicio político en
el Senado contra la izquierdista Rousseff, la primera mujer
en gobernar este país, desde 2011.
El 23 de mayo, 11 días después de asumir como nuevo presidente, el
conservador Michel Temer perdía su brazo derecho, el senador
Romero Jucá, obligado a renunciar al Ministerio de
Planificación, al difundirse un diálogo con un colaborador de la
justicia en el escándalo de corrupción en Petrobras, la empresa
petrolera estatal.
"Hay que cambiar el
gobierno para detener esa sangría", planteó, refiriéndose a la
avalancha de denuncias y condenas, incluso a prisión, de decenas
de políticos y empresarios involucrados en la desviación de
dineros de los negocios petroleros.
Desde entonces
renunciaron otros seis colaboradores directos de Temer por
escándalos diversos.
El último, en noviembre,
fue Geddel Vieira Lima, también hombre clave del presidente
como su ministro de Gobernación.
Acusado de presionar a su colega de Cultura, Marcelo Calero,
para legalizar un edificio en construcción donde tenía interés
personal, como comprador de un departamento, Vieira renunció.
La obra había sido
embargada por denunciados daños al patrimonio histórico de Salvador,
capital del estado nordestino de Bahía.
Las previsiones son que tampoco el nuevo gobierno se sostendrá hasta
el último día de 2018, cuando termina su período. Su remanente
núcleo central, incluido el presidente, está involucrado en
denuncias de Odebrecht, que decidió
colaborar con las investigaciones judiciales sobre la ola de
corrupción, de la que es probable campeón.
El conglomerado empresarial, que comprende las mayores constructora
y petroquímica del país, además de ramificaciones en la industria
bélica y energética, promovió que 77 de sus directivos y
ex-directivos pasasen a colaborar con la justicia.
El primer testimonio trascendido apunta a 48 políticos, la mayoría
diputados y senadores, como receptores de los sobornos que pagó la
empresa para obtener contratos y prebendas en las leyes aprobadas en
el legislativo Congreso Nacional.
Entre los denunciados, el mismo Temer, que habría negociado cerca de
unos 3 millones de dólares para las campañas electorales del ahora
gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Además dos de sus hombres fuertes,
-
el ministro jefe
de la Casa Civil (secretaría de la presidencia), Eliseu
Padilha
-
el secretario del
Programa de Inversiones y Privatizaciones, Wellington
Moreira Franco,
...están involucrados en
los sobornos de Odebrecht, pagados con sobreprecios en los proyectos
obtenidos del Estado.
El Congreso, protagonista de la destitución de Rousseff, tiene a sus
principales líderes entre los acusados y soporta los peores índices
de rechazo popular de su historia.
Su presidente, el senador
Renán Calheiros, que ya responde a 12 procesos judiciales,
casi todos por corrupción, fue nuevamente citado por dirigentes de
Odebrecht.
Pero el juicio de miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo
difícilmente ocurrirá antes de que termine el mandato de la mayoría
a fines de 2018. Las autoridades de los tres poderes democráticos
sólo pueden ser juzgadas por el Supremo Tribunal Federal (STF),
cuya tradicional lentitud se acentuará por la catarata de casos.
El mismo sistema judicial, que ganó popularidad como campeón del
combate a los corruptos, también terminó 2016 con su reputación
resquebrajada, acusado de arbitrariedades en sus acciones y de
adueñarse de recursos públicos, brindando a sus miembros
"supersalarios" que sobrepasan los límites constitucionales
impuestos.
El juez Sergio Moro, que conduce la
Operación Lava Jato (lavado de
automóviles) que investiga la corrupción en Petrobras, se convirtió
en un héroe nacional, así como los fiscales del Ministerio Público
que integran un especial grupo de tarea investigativo.
Pero algunas de sus decisiones, como obligar al ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) a ser interrogado bajo
"coerción" y difundir diálogos de Rousseff cuando aún era
presidenta, obtenidos mediante ilegales escuchas telefónicas,
dividieron el mundo jurídico.
También reforzaron la campaña del ahora opositor Partido de los
Trabajadores (PT) de que Rousseff fue víctima de un
"derrocamiento" mediante un "golpe parlamentario".
Además, la iniciativa de los fiscales de proponer una ley con "10
medidas contra la corrupción", respaldada por más de 2 millones de
firmas, generó un conflicto con el Poder Legislativo.
La Cámara de Diputados modificó algunas de las propuestas centrales
del proyecto y lo volvió un bumerang contra sus promotores, al
incluir castigos para jueces y fiscales que cometan "abusos de
autoridad".
El propósito sería frenar
la agresividad de las investigaciones sobre corrupción.
Por si fuera poco, el mismo STF también concluye 2016 sumergido en
controversias y divisiones internas que debilitan su autoridad como
guardián de la Constitución.
Decisiones cautelares de algunos de sus "ministros" (magistrados),
como la suspensión del presidente del Senado, no acatada por esta
cámara y rechazada dos días después por la plenaria del STF, fueron
duramente criticadas por otros de sus 11 miembros.
La economía también tuvo un pésimo año, con una caída del producto
interno bruto estimada en 3.5 por ciento, muy similar a 2015, cuando
se derrumbó en 3.8 por ciento.
Con más de 12 millones de personas desempleadas, a los que se suman
los millones de quienes ya desistieron de buscar trabajo, la
situación en este país latinoamericano de 204 millones de habitantes
puede derivar en convulsiones sociales, al agravarse por la quiebra
de algunos gobiernos estatales.
Los funcionarios públicos del estado de Río de Janeiro, a excepción
de profesores y policías, reciben sus sueldos con más de 2 meses de
atraso y en entregas parciales. En al menos tres de los 26 estados
brasileños se declaró la "calamidad financiera" para buscar
soluciones.
Pese al contexto adverso, la baja popularidad del gobierno nacional
y la ofensiva anticorrupción que llevó a prisión incluso al poderoso
ex-presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el
parlamento operó con diligencia este año, en los temas económicos y
en la destitución de Rousseff.
La alianza de una amplia mayoría con el gobierno de Temer permitió
la rápida aprobación de la enmienda constitucional que congela el
gasto público en los próximos 20 años, con presupuestos que solo
podrán incrementarse en el porcentaje de subida de la tasa de
inflación del año anterior.
Es la pieza clave del ajuste fiscal impulsado por el controversial
ministro de Hacienda, Henrique Meirelles.
Pero será más difícil que el próximo año se apruebe la planteada
reforma del sistema de previsión social para reducir su déficit,
alargando la edad de jubilación, reduciendo las remuneraciones e
incrementando las contribuciones. También requiere una enmienda
constitucional, con al menos 60 por ciento de los votos de diputados
y senadores.
Al afectar más visiblemente la vida y los derechos de toda la
población, las resistencias y protestas populares contra la medida
ya comenzaron.
El avión boliviano que cayó el 28 de noviembre en la ciudad
colombiana de Medellín y ocasionó la muerte de 71 personas, de ellas
19 futbolistas del Chapecoense, un modesto equipo del sur de
Brasil, selló 2016 como un año trágico para Brasil.
La excepción feliz fueron los Juegos Olímpicos, disputados en Río de
Janeiro en agosto, alabados por su organización y el buen desempeño
de los atletas brasileños, en especial en los Juegos Paralímpicos
del mes siguiente.
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