Apéndice IV
ACUSACIÓN PUBLICA DE JOHN LEAR Y
WILLIAM COOPER AL GOBIERNO DE USA
Texto del documento enviado el 12 de enero de 1989 al Presidente
George Bush
El Gobierno de los Estados Unidos de América, que ha sido formado
bajo la autoridad de la Constitución y elegido legalmente por el
pueblo bajo los términos de la misma, ha violado la confianza que
este pueblo ha depositado en él, y ha violado los términos, las
condiciones y la ley de este país tal como se contienen y consagran
en la Constitución de los Estados Unidos de América.
A saber:
-
El Gobierno ha aprobado y hecho un trato secreto con una nación
extranjera (extraterrestre) con-tra los términos de la Constitución
y sin el conocimiento ni el consentimiento del pueblo ni del
Congreso.
-
El Gobierno, mediante este tratado, le ha dado a una nación
extranjera tierras y bases dentro de las fronteras de los Estados
Unidos de América.
-
El Gobierno, mediante este tratado, ha intercambiado propiedades
y vidas humanas —como si fuesen tierra o ganado— por tecnología y
les ha denegado a los ciudadanos de este país la protección a que
tienen derecho por ley bajo la Constitución.
-
Esta nación extraña ha demostrado ser el mortal enemigo de
nuestro pueblo y de la humanidad entera, mediante sus actos contra
las propiedades y las vidas de muchos ciudadanos de este país y
mediante la comisión de muchos otros actos abominables y crueles.
-
Al aprobar y participar en los crímenes señala dos en los
párrafos 1, 2, 3 y 4, el Gobierno está violando el artículo II,
sección 2, el artículo III, sección 3 y otros artículos de la
Constitución y, por tanto, es culpable y reo de crimen y traición
contra el pueblo y la Constitución de los Estados Unidos de América.
-
En el proceso de ayudar y asistir a esta nación extraña en la
comisión de estos crímenes contra el pueblo, la nación y la
humanidad entera, teniendo un total conocimiento de los hechos, el
Gobierno ha asesinado, encarcelado, trasladado a la fuerza, drogado,
hostigado e interferido ilegalmente de muchas maneras en las vidas
de ciudadanos patriotas que han tratado de dar a conocer este crimen
y traición.
-
Todos los miembros del Gobierno, presentes y pasados, que son
responsables de estos actos criminales y de traición a la justicia,
a saber, el presidente, vicepresidente, el director de la CIA, el
director de Agencia Nacional de Seguridad, ciertos miembros del
Gabinete del Presidente, los miembros del MAJI (Agencia «Majestic»
de Inteligencia Conjunta), los miembros del MJ-12 el actual y todos
los anteriores consejeros de la Seguridad Nacional, al igual que
todos los que han tomado parte en esta conspiración extranjera, son
acusados de crimen y traición.
-
Por el interés de preservar la Constitución y el Gobierno de
estos Estados Unidos de América y para salvar y proteger a la raza
humana, y no por otras razones, nosotros hacemos estas acusaciones
con la autoridad que nos da la Constitución de estos Estados Unidos
de América y en nombre del pueblo de los Estados Unidos de América,
contra todos aquellos que teniendo pleno conocimiento de ello han
participado voluntariamente en las violaciones del articulo II,
sección 2, articulo III. sección 3 y otros artículos de la
Constitución, al igual que contra el Gobierno y todos los individuos
nombrados en el párrafo 7.
-
Por el interés de preservar la Constitución y el Gobierno de los
Estados Unidos de América, nosotros solicitamos una total inmunidad
para declarar acerca de todos estos hechos. Le pedimos a la Rama
Judicial del Gobierno que haga extensiva esta inmunidad a todos
aquellos miembros culpables del Gobierno que declaren lo que saben
antes del 28 de marzo de 1989. Le pedimos a la Rama Judicial que sea
estricta con todos aquellos culpables que persistan en ocultar este
crimen y traición.
-
Por tanto, nosotros, en nombre de la Constitución y del pueblo
le exigimos al Gobierno de los Estados Unidos de América que rompa
este convenio ilegal y traicionero. Le exigimos que cese de ayudar,
de sostener y de ocultar a estos extraños que se han instalado
dentro de nuestras fronteras. Le exigimos al Gobierno que ponga fin
a todas las operaciones, proyectos, grupos y todo tipo de tratos con
esta nación extraña. Le exigimos al Gobierno que ordene a estos
extranjeros que abandonen nuestra nación y el planeta Tierra
inmediatamente y para siempre, en la fecha del 1 de junio de 1989 y
lo hacemos responsable del cumplimiento de esta orden.
-
En caso de que el Gobierno y la Rama Judicial ignoren este
requerimiento, juramos sobre la Constitución que no descansaremos
hasta que estos crímenes sean traídos a la luz pública y conocidos por el
pueblo. Juramos por la Constitución que todos los culpables serán
traídos ante la justicia. Juramos que lucharemos hasta la muerte
hasta que logremos estos propósitos en nombre de la humanidad
entera, en nombre de la Constitución y en nombre de todos los
patriotas que nos han precedido en el mismo empeño.
-
Firmemente creemos, sabemos y tenemos evidencia de que todos
estos crímenes y acusaciones son verdaderas y han sucedido y están
sucediendo en la actualidad; y de que han sido perpetrados,
fomentados y ayudados por aquellos a los que hemos acusado. Esto lo
juramos.
-
Estando en nuestro juicio cabal, teniendo pleno conocimiento de
las implicaciones y consecuencias de estas acusaciones, y teniendo
sólo en mente la defensa de la humanidad, la preservación de la
Constitución de los Estados Unidos de América y de su buen gobierno,
y como buenos patriotas que hemos jurado preservar y proteger la
Constitución de nuestra patria, ponemos nuestra firma al pie de este
documento para atestiguar nuestra dedicación y fidelidad al
juramento hecho.
(Firmado)
William Cooper
John Lear
COMENTARIOS A ESTE DOCUMENTO
Cuando escribo estas líneas han pasado cuatro meses desde que este
documento fue entregado a las autoridades norteamericanas y a la
Rama Judicial.
La respuesta, como era de esperar, ha sido el más absoluto silencio,
tal como había sucedido anteriormente con el documento del grupo JMP
presentado a Ronald Reagan.
Por parte de los líderes políticos, este silencio no tiene nada de
extraño; porque, aparte de ser ellos los principales culpables, las
chusmerías politiqueras en que están ordinariamente envueltos para
mantenerse en el poder, no les dejan tiempo para ocuparse de los
problemas que realmente interesan y preocupan al pueblo.
En concreto el señor
Bush, ex director de la mafia «legal», llamada
CIA, tiene mucho que perder en caso de que todos los hechos que Lear
y Cooper denuncian llegasen a ser de conocimiento público.
Lo que es más de extrañar es que la prensa haya guardado el mismo
silencio y no haya tenido ni un comentario para estas tremendas y
gravísimas acusaciones. Al igual que tampoco lo tuvo para el
documento del JMP, ni para el documental televisado «El
encubrimiento de los ovnis» (The UFO coverup) de hace varios meses,
ni cuando hace unos años se transmitió en Inglaterra el inquietante
reportaje titulado «Alternativa 3» (que, dicho sea de paso, nunca
fue permitido en los Estados Unidos).
Esto es una clara señal de hasta qué punto la gran prensa (que es
únicamente libre hasta que no ve peligrar sus finanzas) está
amordazada por los grandes poderes fácticos.
Aunque no creyesen en las acusaciones, dada la conocida personalidad
de ambos acusadores y, sobre todo, la importancia de los acusados y
la gravedad de los cargos, deberían haber hecho por lo menos algún
comentario. Y estamos seguros de que por su instinto periodístico lo
hubiesen hecho, de no haber mediado alguna mano siniestra que impuso
un obligado silencio.
A lo que hay que estar ahora muy atentos es a las vidas de los
acusadores. Si mueren en algún accidente, por muy casual que éste
parezca, habrá todas las probabilidades de que éste haya sido
intencionado y causado por los mismos que han perpetrado desde las
sombras muchos otros accidentes «casuales».
Y si la cosa no llegase a tanto y se limitasen a «retirarse» de sus
actividades investigativas y denunciadoras —tal como últimamente han
hecho unos cuantos famosos investigadores del fenómeno ovni—, habría
que achacárselo a presiones de muchos tipos, incluidas serias
amenazas de muerte.
A los nombres de Lear y Cooper habría que añadir los de Moore,
Bennewitz, Shandera, Stanton Friedman, Timothy Good, Stringfield,
Clark, Steinman, Stevens y unos cuantos más, que en estos últimos
meses han acentuado su hostigamiento al Gobierno de los Estados
Unidos para que haga pública la información que posee.
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