por Álvaro Verzi Rangel
16 Abril 2013
del Sitio Web
AlaiNet
Álvaro Verzi Rangel
Sociólogo venezolano, investigador del Observatorio en Comunicación
y Democracia |
La prensa hegemónica mundial y latinoamericana insiste en un (imposible)
fraude electoral y un clima de guerra civil en Venezuela tras el
ajustadísimo triunfo del candidato chavista Nicolás Maduro, alentando una
violenta etapa de desestabilización lanzada por sectores opositores que
parecen un revival del
golpe del 2002.
Pero el contexto regional ha cambiado: los observadores internacionales
hablan de transparencia y limpieza electoral y todas las naciones de la
región felicitan al candidato triunfador.
Los estallidos de violencia
parecen ser mucho más mediáticos (o mediatizados) que preocupantes, aunque
los cacerolazos suelen retumbar en los valles de las grandes ciudades
venezolanas.
Nicolás Maduro en cierre de campaña.
Foto: AVN
Las escasas dos semanas de campaña electoral transcurrieron en un clima
tenso, pleno de alertas ante posibles sabotajes, intentos de desconocimiento
del triunfo de Maduro por parte de la oposición, y un plan desestabilizador
donde participaban mercenarios salvadoreños, paramilitares colombianos y
funcionarios estadounidenses.
Si en 2002 se denunció el golpe de Estado venezolano como el primer “golpe
mediático”, experiencia que se intentaría repetir sin éxito en Bolivia y
Ecuador, pero sí en Honduras y Paraguay.
Esta vez se puede hablar de un
intento de golpe mediático y cibernético, con hackeo de cuentas e
instigación a la violencia y la desestabilización a través de las llamadas
redes sociales, metodología que seguramente intentarán “exportar” a otros
países latinoamericanos…
Ya durante las últimas semanas se habían registrado una serie de la acciones
violentas llevadas a cabo por grupos de “estudiantes” opositores, las que
según fuentes de inteligencia, son pagadas directamente por funcionarios de
la embajada estadounidense al coordinador de esas actividades, Gabriel
“Gaby” Arellano, empleado de la estatal Universidad de Los Andes.
Las investigaciones apuntan a la funcionaria estadounidense Sharon Vanderbeele, oficial de la estación de la central norteamericana de
Inteligencia CIA en Caracas - bajo la fachada de la Oficina de Asuntos
Regionales (ORA), cargo que ejerce desde 2011.
Vanderbeele sustituyó a
Michel Roberts en la tarea de asesoramiento y financiamiento a la oposición
venezolana por parte de la CIA, que no es la única entidad estadounidense
que apoya económica y logísticamente al antichavismo.
Once años atrás, el analista Aram Aharonian escribía:
“Un periodista español
decía la semana pasada, tras el frustrado golpe de Estado contra el gobierno
constitucional de Hugo Chávez: '¡Qué olor a hamburguesa, jabugo (jamón
serrano) y petróleo!'
Obviamente, el hombre sabía de qué hablaba: de la
participación de funcionarios estadounidenses, españoles y salvadoreños en
la asonada encabezada por el líder empresarial
Pedro Carmona”.
Once años después, el libreto quiere ser repetido, aunque el contexto
latinoamericano-caribeño y mundial es diferente.
Pero, no es casual que los
de los dos países que reconocieron como presidente al golpista Carmona en
abril de 2002, el español de Aznar (hoy de su delfín, Mariano Rajoy) y el de
Estados Unidos de la doctrina Monroe (es lo mismo que el administrador de
turno sea
George Bush o
Barack Obama), hoy duden de los resultados
electorales en Venezuela.
El canciller español dijo que no reconocería los resultados, en un tono por
demás injerencista.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney agregó que su
país considera un paso "necesario" una auditoría de la elección presidencial
del domingo en Venezuela, y estimó que debía hacerse antes de que fuera
proclamado el candidato oficialista Nicolás Maduro. (Éste es presidente
proclamado oficialmente desde el lunes 15 y asume ante la Asamblea Nacional
el viernes 19).
A este coro se sumó - sorpresiva aunque no sorprendentemente - el secretario
general de la OEA, el chileno Insulza.
Sorpresivamente, porque la misión de
la OEA encabezada por el gobernador del estado estadounidense Bill
Richardson, avaló la transparencia de los comicios. Otra perla para Insulza,
quien no consultó a los representantes de los países, que ya habían
reconocido el triunfo de Nicolás Maduro.
Hace once años, los embajadores de Estados Unidos y España, Charles Shapiro
(quien antes manejó el escritorio Cuba en el Departamento de Estado), y
Manuel Viturro, se reunieron con el presidente de facto Pedro Carmona,
después de que éste disolviera la Asamblea y las principales instituciones.
Esta vez funcionarios de la embajada estadounidense (recordar que los
embajadores fueron retirados) y de la “cooperación” española estuvieron
detrás del asesoramiento y financiamiento del candidato opositor y de la
desestabilización del país.
Una de las consecuencias del golpe de 2002 era la desnacionalización del
petróleo:
privatización de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y la venta
CITGO, de la filial de ésta en EE.UU., en la cual están interesados tanto las
trasnacionales estadounidenses como la Repsol española, para poner fin de la
reserva del Estado venezolano sobre el subsuelo y la decisión soberana del
Estado sobre los recursos naturales del país.
En el 2002 se contó con la activa participación en el golpe y en el
financiamiento del mismo, del empresario Isaac Pérez Recao, del cual Carmona
era empleado en la petrolera Venoco.
Una alta fuente militar amplió a la agencia France Press que Pérez Recao
ordenaba a un pequeño grupo,
“extremista de derecha, que estaba fuertemente
armado, incluso con fusiles lanzagranadas, [...] bajo la conducción
operacional del contralmirante Carlos Molina Tamayo”, uno de los oficiales
que ya se había rebelado públicamente contra Chávez en febrero pasado, y que
ya estaba a cargo de la Casa Militar de Carmona, que “pertenecía a una
empresa de seguridad, propiedad de ex agentes del Mossad”.
En 2013, el gobierno venezolano expulsó a dos agregados aeronáuticos de la
embajada de EE.UU. (David del Mónaco y Debling Costal), acusados de presionar
a oficiales en actividad para satisfacer las pretensiones de la estrategia
opositora.
De todas formas, el candidato opositor
Henrique Capriles Radonski
admitió públicamente que algunos militares en actividad que lo respaldaban
estaban presos, acusados de delitos electorales.
Similar a lo ocurrido en 2002, la estrategia de la oposición en 2013, apunta
a ir creando un imaginario de que las filas chavistas se iban desintegrando,
con la deserción - por goteo - de algunos oficiales en actividad (cada uno
cargaría una mochila de denuncias que los medios difundirían nacional y
mundialmente) y, por qué no, de algunos funcionarios chavistas.
Para recordar:
-
En 2002 James Rodger, adscrito a la agregaduría militar de la
embajada en Caracas, secundó con su presencia la sublevación, instalado en
el quinto piso de la Comandancia del Ejército, desde donde asesoró a los
generales sublevados.
-
En abril de 2002 llamó la atención el caso de dos salvadoreños detenidos,
que formarían parte de un escuadrón de la muerte entrenado para realizar
atentados en diversos países latinoamericanos (antes en Cuba y Panamá, luego
en Venezuela).
-
Nuevamente en 2013 el ministro del Interior, Néstor Reverol, denunció el
ingreso al país de dos grupos de mercenarios salvadoreños, que intentarían
asesinar dirigentes chavistas.
El primero, liderado por un ex-coronel de la Fuerza Armada de El Salvador,
David Koch Arana, quien actúa como jefe operativo bajo la dirección del
diputado ultraderechista Roberto D’Aubuisson, y el segundo dirigido por
Guillermo Cader Acuña - quien ya había enviado en 2010 a Venezuela al
terrorista Francisco Chávez Abarca, detenido en 2010 - y el ex-contralmirante
Marco Antonio Palacios Luna.
Posteriormente se dictó orden de captura contra
otro supuesto mercenario salvadoreño, Julio Alberto Cornejo Quintanilla.
Reverol también dio a conocer dos audios sobre conversaciones entre Koch
Arana y D'aubuisson suministrados a los órganos de inteligencia del Estado,
grabados el 23 y 25 de marzo, en los que hablan sobre las operaciones
diseñadas para desestabilizar el país.
En aquellos días de abril de 2002, 11 años atrás, el pueblo rescató a su
presidente constitucional y lo repuso en el poder, terminando con las 47
horas de dictadura de Carmona “el breve”.
Hoy Venezuela ha avanzando con su
revolución bolivariana, cuenta con soberanía comunicacional y con la
solidaridad de los pueblos (y gobiernos) de la región.