04 Octubre 2017

del Sitio Web SputnikNews





© REUTERS/ Susana Vera
 



El referéndum ilegal de autodeterminación celebrado en Cataluña y la posterior reacción torpe y desproporcionada del Estado han colocado ya a España en la peor crisis político-institucional de su Historia desde la celebración de las primeras elecciones democráticas celebradas en junio de 1977.

Ni siquiera el fracasado golpe de Estado militar, ocurrido en febrero de 1981, fue tan grave.

 

En esta ocasión, a diferencia de entonces, lo que se pone en duda es el futuro en convivencia de España dentro de las fronteras que actualmente conocemos.

 

Y no sólo eso. El contexto de crispación lo está emponzoñando todo.

Dos son los máximos responsables políticos de este alarmante panorama.

 

Por un lado, el peso recae sobre los hombros del presidente del Gobierno español.

 

  • Mariano Rajoy ha hecho gala de un tancredismo a ultranza, entendido el tancredismo como ese comportamiento en que se aguanta impertérrito un peligro. A propósito de Cataluña, el dirigente de origen gallego ha estado cinco años mirando para otro lado, más preocupado en sacar al país del agujero económico y financiero.

     

    Sin voluntad real de hallar soluciones, pensando que los problemas se solucionan sólo cuando se pudren, no quiso abordar la cuestión de fondo: la necesidad de reformar la Constitución de 1978.

    Es preciso cambiar las reglas del juego para mantener la integridad territorial y la cohesión social de España.

     

    El Estado de las Autonomías creado hace 40 años se ha quedado anticuado y urge una actualización. El federalismo es una vía factible pero no la única. En cualquier caso habrá que negociar las competencias y obligaciones, sobre todo en el plano fiscal.

     

    También debería discutirse la realización de un referéndum legal y pactado para los catalanes, algo que inevitablemente pasaría por una modificación del texto constitucional.

    Empeñado en aplicar la ley a rajatabla, Rajoy cometió el error monumental de autorizar las cargas policiales que tristemente nos recordaron a los tiempos del franquismo.

     

    Las imágenes de los antidisturbios dando palos para requisar urnas y papeletas exacerbaron en Cataluña los sentimientos de odio hacia lo español, provocando además las simpatías de la opinión pública internacional.

    El presidente del gobierno autonómico catalán también es culpable de la situación generada.

     

     

  • Carles Puigdemont ha favorecido un clima malsano de confrontación y victimismo. Su objetivo ha sido la secesión a cualquier precio. Por eso mismo no ha dudado en utilizar a niños y padres en su discurso soberanista.

     

    Por eso mismo no ha dudado en saltarse el propio Estatut catalán cuando el grupo que le apoya y tiene la mayoría absoluta en el Parlamento regional - una amalgama de partidos de derecha y de extrema izquierda - aprobó las dos leyes que abren el proceso de transición hacia la independencia.

     

    Puigdemont se ha convertido en un rehén de la política de la CUP, un movimiento antisistema independentista que ya controla el proceso en las calles.

    Ambos, Rajoy y Puigdemont, se han encargado de ampliar la fractura social que ya se sufre en Cataluña y de provocar comportamientos indeseables en otras partes de España.

Un buen ejemplo:

en Andalucía varias personas despedían con aplausos a una unidad de guardias civiles que iba destinada a reforzar la seguridad en Cataluña y les jaleaban "¡A por ellos!", fomentando la violencia.

En resumen se respira tristeza, miedo, incertidumbre, odio, desazón y pesimismo.

El ambiente es tan excepcional que el rey Felipe VI, en calidad de jefe del Estado, dirigió un mensaje televisado a todos los españoles. El monarca lanzó un durísimo ataque a las autoridades que propician la independencia, a quienes acusó de "deslealtad inadmisible", emplazando a los poderes del Estado a "asegurar el orden constitucional".

Para complicar aún más las cosas, los medios de comunicación españoles han tomado posiciones muy partidistas, como si todavía estuviéramos a mediados del siglo XIX.

 

Cierta prensa de derechas asentada en Madrid está apostando sin contemplaciones por las medidas de excepción.

 

Acusa a Rajoy de ser débil y cobarde. Utiliza términos belicosos que sólo fomentan el enfado entre los nacionalistas españoles y dan munición a los sectores más inmovilistas.

 

Estos periódicos no piden que entren los blindados por las calles de Barcelona, pero apoyan que el Ejecutivo aplique de inmediato el artículo 155 de la actual Constitución.

 

Ese artículo autoriza al Gobierno español a suspender temporalmente la autonomía catalana.

 

Aunque no está redactado en esos términos, se le permitiría al Ejecutivo de Rajoy,

"adoptar las medidas necesarias" en caso de una comunidad autónoma "no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España", previa aprobación por mayoría absoluta del Senado.

Además, la televisión pública española y su homóloga catalana han estado haciendo coberturas sesgadas y vergonzosas.

 

En otras palabras, falta mesura...

Lo ideal sería que Rajoy y Puigdemont tuvieran la valentía de dar un paso a un lado y dimitir, porque ya son parte del problema.

 

Y que se abriera un proceso de negociación, sin condiciones, al que ya se han ofrecido varios colectivos civiles (abogados, universitarios) como mediadores.

 

Un buen primer comienzo sería que,

  • el primero retirara de Cataluña a los refuerzos de la Guardia Civil y la Policía Nacional

     

  • el segundo se comprometiera a no dar más pasos unilaterales y provocadores

El objetivo sería calmar los ánimos ya de por sí muy alterados.

Vista la indiscutible ilegalidad del referéndum y la ausencia de garantías de su transparencia, no hay justificación alguna para que el Parlamento catalán haga una declaración unilateral de independencia.

 

Proclamarla sería como lanzar una bomba atómica, porque activaría la aplicación del artículo 155, lo que podría desatar una revuelta civil con graves alteraciones del orden público y enfrentamientos violentos.

 

Los efectos serían catastróficos. Para todos...

 

La cuestión catalana se convertiría en una pesadilla para los dirigentes de la Unión Europea. Y dejaría a España al borde del abismo...