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por Mario Osava
08 Enero
2019
del Sitio Web
IPS
"Luchamos por la demarcación de nuestro territorio",
dice una pancarta en una marcha de indígenas de las que llegan
hasta Río de Janeiro desde las comunidades de
los 305 pueblos originarios de Brasil, para reclamar los derechos
que les reconoce la Constitución y que el presidente ultradrechista
Jair Bolsonaro comenzó a desconocer nada más comenzar su mandato.
Crédito: Mario Osava/IPS
RÍO DE JANEIRO
"Ya fuimos diezmados,
tutelados y víctimas de la política integracionista de gobiernos
y el Estado Nacional", recordaron líderes indígenas, para
rechazar las propuestas y medidas del nuevo gobierno de Brasil
sobre los pueblos originarios.
En carta abierta al
presidente Jair Bolsonaro, líderes de los pueblos aruak,
baniwa y
apurinã, que viven en las cuencas
de los ríos Negro y Purus, en el noroeste amazónico de Brasil,
protestaron contra el decreto que somete desde ahora las tierras
indígenas al Ministerio de Agricultura, gestor de intereses
contrarios a los de pobladores originarios.
Los indígenas representarán probablemente la resistencia más
inflamable a la ofensiva del nuevo gobierno de extrema derecha en
Brasil, que tomó posesión el 1 de enero y cuyas primeras medidas
tienden a desmantelar avances durante las tres últimas décadas a
favor de los 305 pueblos originarios registrados en este país.
Para eso cuentan con el artículo 231 de la Constitución brasileña,
vigente desde 1988, que les asegura,
"derechos originarios
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan", además de
reconocerles "su organización social, costumbres, lenguas,
creencias y tradiciones".
A eso se suman reglas
internacionales ratificadas por el país, como el
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales de la Organización Internacional del
Trabajo, que defiende derechos indígenas y condiciona proyectos que
los afectan a consulta previa, libre e informada a las comunidades
amenazadas.
Fue indígena la más aguerrida resistencia a la construcción de
centrales hidroeléctricas que represan grandes ríos amazónicos,
especialmente la de Belo Monte, construida sobre el río Xingu
entre 2011 y 2016 y cuyas turbinas está previsto que terminen de
instalarse este año.
Quitar a la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI)
la competencia de identificar y demarcar legalmente las llamadas
Tierras Indígenas, transfiriéndola al Ministerio de Agricultura,
significa que se estancará la definición de nuevas áreas y se pondrá
en peligro a las ya establecidas.
Habrá una revisión de las demarcaciones de tierras indígenas hechas
en los 10 últimos años, anunció el flamante secretario de Asuntos de
Tierras de ese ministerio, Luiz Nabhan García, que ahora es
el responsable del tema.
García es el líder de la Unión Democrática Ruralista, un
colectivo de terratenientes, especialmente ganaderos, protagonista
de frecuentes y violentos conflictos por la tierra.
El mismo Bolsonaro ya anunció la intención de revisar el área de
Raposa Serra do Sol, tierra indígena homologada en 2005, en medio de
batallas jurídicas que terminaron en 2009 con un fallo del Supremo
Tribunal Federal, que reconoció la validez de la demarcación.
El guaraní Hamilton Lopes y su hija, frente a su choza,
donde
su familia vive muy precariamente en tierras sin demarcar
y con
amenazas de expulsión, en la frontera de Brasil con Paraguay.
Los
terratenientes se apropiaron de las tierras
del
segundo pueblo más numeroso del país,
provocando el un gran número
de
asesinatos y suicidios de indígenas.
Crédito: Mario Osava/IPS
Ese territorio indígena abarca 17.474 kilómetros cuadrados y cerca
de 20.000 pobladores de cinco etnias distintas, en el norteño estado
de Roraima, fronterizo con Guyana y Venezuela.
En Brasil existen actualmente 486 Tierras Indígenas homologadas, es
decir, con el proceso de demarcación concluido totalmente, y 235
unidades aún por demarcar, de las que 118 están en fase de
identificación, 43 ya identificadas y 74 declaradas.
"Los gobernantes
hablan, pero revisar exigiría cambios constitucionales o la
comprobación de fraudes y vicios en el proceso que no parecen
usuales", matizó Adriana Ramos, directiva del Instituto
Socio-ambiental, organización no gubernamental con una amplia y
respetada actuación indigenista y ambiental.
"Ya hubo retrocesos en las primeras decisiones del gobierno, con
la mengua del órgano indigenista y separación de sus funciones.
También el Ministerio
de Salud anunció modificaciones en la política hacia la
población indígena, sin presentar propuestas, amenazando
empeorar lo que ya es malo", acotó a IPS desde Brasilia.
"La tendencia es paralizar el proceso de demarcación de tierras,
que ya venía muy lento en los gobiernos anteriores" y lo peor es
que las declaraciones contra derechos "operan como gatillo para
violaciones que agravan conflictos, generando inseguridad entre
los pueblos indígenas", advirtió Ramos.
En los primeros días del
año, y del gobierno de Bolsonaro, taladores de madera ya
invadieron la tierra indígena del pueblo arara, cerca de Belo Monte,
con el riesgo de confrontaciones armadas, señaló.
Los indígenas del pueblo
guaraní, el segundo grupo indígena
más numeroso del país - detrás del
tikuna, que residen en el norte -
son los más vulnerables a la situación, especialmente sus
comunidades establecidas en el centro-oriental estado de Mato Grosso
do Sul.
Batallan por la demarcación de varias tierras y la ampliación de las
ya demarcadas en áreas insuficientes, y en esa lucha ya sufrieron el
asesinato de decenas de líderes, mientras soportan condiciones de
sobrevivencia cada vez más precarias.
Indígenas karioca cupobos,
pintados y armados para el combate,
antes de participar en una manifestación
por los derechos indígenas en
Río de Janeiro, en Brasil.
Crédito: Mario Osava/IPS
"La grave situación
se hace peor con el nuevo gobierno.
Nos ahorcan al
dividir la FUNAI y atribuir la demarcación al Ministerio de
Agricultura, dirigido por ruralistas, enemigos número uno de los
indígenas", resumió Inaye Gomes Lopes, una joven profesora
indígena que vive en la Aldea Ñanderu Marangatu, en Mato Grosso
do Sul, cerca de la frontera con Paraguay.
La FUNAI mantiene sus
funciones asistenciales y de defensa de derechos pero pasa a estar
subordinada al nuevo Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos
Humanos, comandad por Damares Alves, una abogada y
pastora evangélica de polémicas opiniones.
"Solo tenemos ocho
tierras demarcadas en el estado y una fue anulada (en
diciembre).
Lo que tenemos se
debe a muchos que murieron, sin que sus asesinos fuesen
encarcelados", sostuvo Lopes, quien imparte clases en una
escuela que homenajea en lengua indígena a Marçal de Souza,
líder guaraní asesinado en 1982.
"Buscamos formas de
resistir y 'apoyadores', incluso internacionales.
Estoy preocupada, no
duermo de noche", confesó a IPS en diálogo desde su aldea, en
relación al nuevo gobierno, cuyas manifestaciones en relación a
los indígenas considera "una injusticia con nosotros".
Bolsonaro aboga por la
"integración" de los indígenas, con lo que se refiere a la
asimilación con la sociedad blanca, una vieja y sobrepasada
pretensión de la élite blanca.
Condenó que los indígenas sigan viviendo,
"como en zoológicos",
ocupando "15 por ciento del territorio nacional",
...cuando suman, según
sus datos, menos de un millón de personas, en un país de 109
millones de habitantes.
"No somos nosotros
que tenemos gran parte del territorio brasileño, pero si los
grandes latifundistas, los ruralistas, el agronegocio y otros
que poseen más de 60 por ciento del territorio nacional",
contrarrestó la carta pública de los pueblos baniwa y apurinã.
En realidad las tierras
indígenas suman 13 por ciento de Brasil y 90 por ciento se ubican en
la Amazonía, corrigieron los firmantes del manifiesto.
"No somos manipulados
por ONG (organizaciones no gubernamentales)", respondieron a
otra acusación "fruto de prejuicios" del presidente.
La paranoia de algunos
jerarcas militares, como el ministro del Gabinete de Seguridad
Institucional, el general retirado Augusto Heleno Pereira, es
que los pobladores de Tierras Indígenas bajo influencia de ONG
declaren la independencia de sus territorios, apartándose de Brasil.
El temor obedece principalmente, se aduce, a áreas fronterizas y,
peor, a aquellas ocupadas por pueblos que viven en los dos lados de
la frontera, como los
yanomamis, que reparte su población
entre Brasil y Venezuela.
Pero a juicio de Ramos, no son los grupos de ascendencia militar que
comparten el poder en el gobierno de Bolsonaro, como los generales
que ocupan cinco ministerios, la vicepresidencia y otras funciones
importantes, los que más amenazan los derechos indígenas.
Muchos militares activos tienen indígenas en sus tropas y reconocen
un papel relevante de los nativos en la defensa de las fronteras,
arguyó.
Son los ruralistas, que codician tierras de indígenas,
y los dirigentes de iglesias evangélicas, con sus
prédicas agresivas, quienes constituyen las amenazas más violentas,
dictaminó.
Para otros sectores, como los quilombolas (comunidades
afrodescendientes), los campesinos sin tierra y las ONG, también
comenzaron tiempos adversos.
Bolsonaro anunció que su gobierno no entregará "un centímetro de
tierra" tanto a indígenas como quilombolas y tratará como
terroristas a los que invaden haciendas u otras propiedades.
A las ONG, el gobierno las amenaza con "supervisión y monitoreo".
Pero,
"las leyes son claras
sobre sus derechos de organización", así como la autonomía de
las que no reciben aportes financieros estatales, recordó Ramos.
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