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por Isabelle Arradon
6 Marzo
2019
del
Sitio Web
CrisisGroup
traducción de
IPS
del
Sitio Web
IPS
Versión original en ingles
Activistas chilenas por los derechos de las mujeres,
durante
una manifestación contra la violencia de género.
Crédito: Crisis Group
A principios de enero de 2019, hombres armados no identificados
asesinaron a Maritza Isabel Quiroz Leiva, una activista
colombiana por el derecho a la tierra de 60 años, en una pequeña
granja cerca de la ciudad caribeña de Santa Marta.
Su asesinato fue un duro recordatorio de que hablar sobre temas
sociales y políticos en Colombia, ya sea sobre disputas por la
tierra, derechos de las mujeres o sobre la violencia política que
persiste pese al acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la
guerrilla de las FARC, es algo muy peligroso.
La muerte de Maritza no es un incidente aislado:
en los últimos tres
años, las guerrillas (remanentes de las FARC y otros),
agrupaciones criminales y otros grupos delictivos no
identificados han asesinado a más de 300 activistas (hombres y
mujeres) como ella.
Colombia no es el único
país de esta región donde la violencia contra los defensores de
derechos humanos está poniendo a destacadas mujeres activistas en
riesgo de ataques físicos y otros abusos.
En 2018, nuestro boletín de alertas tempranas sobre conflictos
globales CrisisWatch, registró varios asesinatos de este tipo
en otras partes de América Latina, incluyendo el de la activista
indígena guatemalteca Juana Raymundo en julio o el de la
activista colombiana por los derechos de las mujeres María
Caicedo Muñoz en octubre.
Aquellas mujeres que están bajo el escrutinio público cuando
desafían las normas establecidas y confrontan poderosos intereses,
desde gobiernos a insurgencias y a grupos criminales, son blancos
más notables.
Y las lideresas que
representan a los grupos marginados, como personas en condición de
pobreza, minorías étnicas o sexuales, personas desplazadas o
migrantes, se convierten también en objetivos de ataques.
Isabelle Arradon,
directora de Investigación
y
asesora especial de género de Crisis Group.
Crédito: Crisis Group
El asesinato en marzo de ese año de la brasileña Marielle Franco,
concejal de la ciudad de Rio de Janeiro, es muestra de ello.
Además de hacer campaña
en contra de la corrupción y la brutalidad policial, Franco era una
poderosa defensora de las mujeres negras, la comunidad LGBTI y la
juventud.
La investigación avanza
lentamente...
Desde una perspectiva global, el relator especial de la ONU sobre
los Defensores de Derechos Humanos, Michael Frost resaltó en
un informe de 2019 que en el actual clima político, donde ha habido
un retroceso contra los derechos humanos en todo el mundo y un
aumento en la retórica misógina entre los líderes políticos, las
defensoras de derechos humanos,
"han estado
afrontando una represión y violencia creciente alrededor del
mundo".
El informe sugiere que
estas mujeres son algunas veces señaladas por las causas que
promueven, y otras veces simplemente porque son mujeres que se
reafirman públicamente.
Además del riesgo de ataques que enfrentan todos los activistas, las
activistas son vulnerables al abuso específico de género, que puede
incluir estigmatización, ser avergonzadas públicamente (como una
forma de dañar su "honor"), amenazas de violencia sexual,
ciber-acoso y asesinatos.
En abril de 2018, individuos que buscaban socavar e intimidar a la
periodista investigativa hindú Rana Ayyub la amenazaron con
violencia sexual en redes sociales y utilizaron un video
pornográfico falso para manchar su reputación.
En junio, desconocidos saquearon el hogar de la periodista y
activista Marvi Sirmed, quien ha hecho mucho para resaltar el
rol central de los derechos de las mujeres y el Estado de derecho en
la transición política de Pakistán.
En julio, un sujeto desconocido atacó con ácido sulfúrico a la
activista anticorrupción Kateryna Handzyuk en Jersón,
Ucrania; con quemaduras en más del 30 por ciento de su cuerpo, murió
debido a sus heridas en noviembre.
Y en septiembre, agresores enmascarados abrieron fuego contra
Soad Al Ali, una destacada activista de derechos humanos y madre
de cuatro hijos de unos cuarenta años, a plena luz del día en la
ciudad de Basora al sur de Irak.
Durante el mismo periodo, otras tres influyentes mujeres iraquíes,
incluida la lideresa de redes sociales Tara Fares, fueron
asesinadas, o encontradas muertas bajo circunstancias sospechosas,
en otros lugares.
Una de las preocupaciones en torno a las amenazas o ataques a
mujeres activistas es que no solo afecta su seguridad, sino que
frena su participación en la vida pública, donde las mujeres ya
están sub-representadas.
Globalmente, solo un cuarto de los parlamentarios son mujeres y casi
todos los jefes de estado o líderes gubernamentales son hombres.
Esto no quiere decir que
abordar los riesgos de violencia política por sí solo aumentará la
representación de las mujeres en la política, ya que hay muchas
razones posibles para la baja participación política de las mujeres
en todo el mundo.
Tampoco el progreso en este sentido se correlaciona necesariamente
con un peligro menor para las mujeres.
(América Latina, que
tiene algunas de las más altas tasas de
violencia contra defensores de derechos humanos en el mundo,
cuenta con un vibrante movimiento de derechos de las mujeres, y
muchos de sus parlamentos tienen niveles relativamente altos de
representación femenina).
Hacer que la participación en la actividad pública sea más segura
para las mujeres es algo que realmente puede ayudar.
Los estados y sus líderes
deberían usar las herramientas a su alcance, desde leyes justas
hasta castigos severos para asegurar que las fuerzas de seguridad
estén en sintonía con las necesidades de protección de las mujeres,
y así combatir la violencia contra las activistas.
Proteger el espacio de las mujeres en la política es especialmente
importante en el área de resolución de conflictos.
Pese al rol histórico de
las mujeres en resolución informal de disputas, su práctica ausencia
de los diálogos de paz y procesos y mecanismos internacionales de
seguridad similares, como en Yemen o Afganistán, requiere una
atención particular.
Dejar de lado a las mujeres afectadas por el conflicto, o a las
mujeres que representan a aquellas percibidas como de bajo estatus
en la sociedad debido a su condición socioeconómica, edad,
educación, etnia o religión, no es la forma de construir una
estructura inclusiva y duradera para la paz.
En esta celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo,
los líderes mundiales deben pronunciarse de manera más vehemente
sobre la crucial importancia de la participación de las mujeres en
la vida política.
Deben tomar más medidas para prevenir y condenar los ataques
verbales y físicos contra las defensoras de derechos humanos o
lideresas políticas y sus familias.
También deben forjar
espacios más amplios y seguros para la sociedad civil, incluidos los
grupos de mujeres, a modo de garantizar su participación en las
políticas gubernamentales que afectan sus vidas.
Las implicaciones de la violencia utilizada contra las mujeres
activistas y políticas son muy grandes, no solo para sus familias,
sino también para el bienestar de la sociedad en general.
No proteger a mujeres como Maritza Quiroz Leiva y Marielle Franco
envía una terrible señal para las mujeres y niñas que quieren alzar
sus voces en la plaza pública.
Frenar su participación
en la vida pública sería una tragedia no solo para las mujeres cuyo
potencial está siendo desperdiciado sino para las comunidades en las
que viven...
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