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por Orlando Milesi
25
Noviembre 2019
del
Sitio Web
IPSNoticias
Más
de 2 000 personas participaron en una Asamblea Popular
efectuada el domingo 24 de noviembre en un parque
público del municipio de Ñuñoa, de clase media, en
Santiago de Chile para insistir en las demandas que
provocaron la explosión social en este país
sudamericano, que estalló el 18 de octubre y ha
despertado un enérgico activismo ciudadano.
El
entierro de la Constitución heredada de la dictadura de
Augusto Pinochet (1973-1990) ha sido uno de los logros
de la protesta que no cesa.
Crédito: Orlando Milesi/IPS
SANTIAGO
Cinco semanas de protesta
con más de cuatro millones de indignados en las calles han desnudado
las
carencias del modelo neoliberal de Chile tras una explosión
social con más de 23 muertos, 220 tuertos por balines policiales,
miles de heridos, detenidos, procesados y millones de dólares en
daños.
La movilización social aparentemente no cesará hasta que aumenten
los salarios y las pensiones, mejoren los planes de salud, baje el
precio de los medicamentos y se ponga una lápida a la Constitución
de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que ha
representado y representa una rémora para la democracia del país.
Están abiertas varias interrogantes sobre el futuro político,
económico y social que no se dirimirían hasta que este país de unos
19 millones de habitantes cuente con una nueva carta fundamental,
según coinciden especialistas y actores de diferentes lados de la
crisis institucional abierta en octubre.
Un punto alto del estallido social se vivió con 1,2 millones de
personas protestando en el centro de Santiago el 25 de octubre.
Siguió con cientos de marchas y cabildos autoconvocados (asambleas
de debate) y manifestaciones pacíficas en todo el país.
En forma simultánea se producen, hasta ahora, actos de pillaje,
saqueos, vandalismo e incendios que afectan a grandes centros
comerciales, iglesias, cuarteles de policía, bancos y pequeños
comercios en ciudades del norte y sur.
Efectivos de Carabineros (policía) han sido sobrepasados,
coinciden alcaldes de todas las tendencias, quienes lamentan saqueos
y robos en sus comunas (municipios).
Las organizaciones sociales y algunos partidos de izquierda, como el
comunista, exigen cambios estructurales a un modelo neoliberal que
se aplicó hasta el exceso y que fue la espita de la explosión
social.
Anuncian que seguirán
movilizados...
Presionados por la multitudinaria movilización de la calle, el
derechista presidente Sebastián Piñera, partidos y
legisladores de izquierda, centro y derecha apuraron el paso y
tramitan varias de esas demandas, a fin de responder a la
movilización social, aunque, al menos por ahora, sin cambiar el
modelo que originó el estallido social.
Y hay una tercera línea más dura, de extrema derecha, que en las
redes sociales pide una represión mayor para mantener incólume el
modelo socioeconómico y volver al que llamaban oasis chileno previo
al 18 de octubre.
El tapón
social de la desigualdad
El Panorama Social de América Latina de 2019 de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indica que,
en Chile el uno
por ciento de los chilenos acumula 26,5 por ciento de la
riqueza, mientras 66,5 por ciento posee solo 2,1
por ciento del capital,
...una brecha que lleva a
la mayoría de la población a vivir con bajos salarios, muy
endeudados, sin derechos a una salud y educación de calidad y con
pocas posibilidades de ascenso social.
Pese a que sus cifras macroeconómicas colocan a este país
sudamericano como un "modelo" de crecimiento, ese dato se contrapone
a que Chile sigue anclado entre los 10 países más desiguales
de mundo, según mediciones del Banco Mundial y de
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Chile se caracteriza además por una escasa movilidad social y un
clasismo donde el lugar donde se nace o se estudia, el municipio o
el barrio donde se vive e incluso el apellido que se tiene
estratifican las posibilidades y generan "tapones" de ascenso para
quienes no pertenecen a la clase privilegiada .
Una realidad que quedó patente durante el cambio del gabinete
ministerial por el presidente Sebastián Piñera, el 28 de octubre,
una de las demandas de los manifestantes.
Entonces, Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, una
privilegiada comuna de Santiago, y dirigente de un partido
derechista, pidió públicamente que los designados provinieran esta
vez de colegios públicos y no de los tres particulares y dos
universidades como es habitual, admitiendo así el clasismo del
poder.
Entre las novedades del nuevo gabinete está el ministro de Hacienda
a Ignacio Briones, el primero doctorado en una universidad
francesa y no en la estadounidense Universidad de Chicago,
catedral del neoliberalismo.
Pero igualmente es
egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, uno de los
centros de educación superior donde se educa la elite del país.
Carolina Espinoza, portavoz de la Mesa de Unidad Social,
que reúne a más de 200 organizaciones populares (sindicales,
poblacionales, medioambientales, feministas y estudiantiles), contó
a IPS que en estas semanas avanzó la reconstrucción del tejido
social y político chileno para reparar el déficit de democracia que
persiste casi 30 años después de acabarse la dictadura.
Un grupo de análisis de esa Mesa, que coordina la movilización
social, ya recibió más de 1150 actas de cabildos realizados en 180
comunas (de un total de 346) en los que unas 20000 personas
debatieron una nueva constitución.
La Mesa impulsa una
Asamblea Constituyente paritaria, multiétnica y plenamente elegida
por los chilenos.
La opción de una nueva Constitución y el mecanismo para elaborarla
se definirán en un referendo en abril del 2020, si se concreta un
acuerdo logrado por parlamentarios y líderes políticos de todos los
sectores, con excepción del izquierdista Frente Amplio y del Partido
Comunista.
La socióloga Lucía Dammert, de la pública Universidad de
Santiago, elogió la realización de cabildos,
"en un país cuyo
debate político había sido invisibilizado. Se había
despolitizado la conversación cotidiana, la mitad de la gente
votaba y muchos eran escépticos de la política, pero escépticos
sin acción".
Los cabildos,
"tienen que seguir
avanzando, pero no solamente en términos de proveer propuestas,
sino también en el entendimiento de lo que significa esta toma
de decisiones", dijo a IPS.
"Un gran desafío es que estos cabildos no repliquen los niveles
de segregación socioterritorial de Chile.
Porque, finalmente,
los cabildos terminan siendo conversaciones entre gente muy
similar y homogénea y eso puede perder la riqueza del debate",
advirtió, en un país signado no solo por la desigualdad sino por
el clasismo.
Espinoza subrayó que la
Mesa seguirá bregando por una Asamblea Constituyente y por otras
demandas económicas y sociales, entre las cuales un salario mínimo
equivalente a 625 dólares y no a solo 430 como propone Piñera.
"Eso significa seguir
en la calle, realizar actividades culturales y usar todas las
herramientas que la historia de la humanidad entrega para
alcanzar justicia social.
Por supuesto hay que
racionalizar y focalizar porque no podemos vivir todos los días
marchando y tocando cacerolas, pero la calle no la vamos
abandonar", declaró.
Espinoza advirtió que es
crucial,
"la investigación,
justicia y reparación a las graves violaciones a los derechos
humanos" ocurridas en estas semanas.
Según el autónomo
Instituto Nacional de Derechos Humanos,
durante las protestas al menos cinco personas murieron a manos de
las fuerzas de seguridad (del total de 23 víctimas) y más de 2300
resultaron heridas, de las cuales más de 1400 por disparos de armas
de fuego y 220 con trauma ocular severo y pérdida de visión.
En el mismo lapso, la Fiscalía registró más de 1100 denuncias por
tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de
70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos.
La movilización social deberá, empero, superar la violencia desatada
en todas las regiones por grupos de delincuentes o vinculados a
barras bravas, otros ligados al narcotráfico, anarquistas y otros
que saquearon, destruyeron y quemaron supermercados, plazas
públicas, señaléticas, centro comerciales y hasta pequeños negocios.
Hay más de 17000 detenidos y formalizados por esos saqueos y delitos
violentos.
Katy Barriga, alcaldesa de la poblada comuna de Maipú, al
oeste de Santiago, denunció que allí las protestas son pacíficas
hasta las nueve de la noche, pero entonces aparecen grupos violentos
que saquean y roban porque escasea la vigilancia policial.
La también dirigente de Unión Democrática Independiente, parte de la
alianza gobernante, acusó al Estado de fracasar en proveer
seguridad, al igual que el alcalde de la ciudad de Valparaíso,
Jorge Sharp, del izquierdista Frente Amplio, en denuncias que se
repiten por las comunas afectadas por las acciones de los violentos.
Según Espinoza, para frenar la crisis se requiere un tercer eje de
acción:
"un paquete de
medidas sociales, urgentes, respecto del cual no tenemos ningún
acercamiento".
Criticó el plan social
con el que Piñera busca dar respuesta a la calle:
que incluye además de
los 430 dólares de salario mínimo, congelar las tarifas de
electricidad y transportes e incrementar en 20 por ciento las
pensiones más bajas.
"Las medidas
planteadas por el Presidente Piñera significan migajas,
absolutamente insuficientes", aseveró la vocera de la Mesa.
"Son todas a
cargo de impuestos generales, sin tocar el poder económico,
sin cambiar el modelo y claramente un engaño. No se ha
detenido la agenda legislativa para seguir profundizando un
modelo económico neoliberal fracasado", aseveró.
La socióloga Dammert, por
su parte, cree que para salir de la crisis los caminos serán de
largo plazo y,
"jamás mirando al
retrovisor, a lo que fue la normalidad anterior. El gran desafío
es la construcción de una nueva normalidad, un nuevo margen
político, social e incluso económico", aseveró.
"El tema constitucional va a abrir un espacio de discusión y
reflexión respecto a los temas más profundos de la distribución
del poder en el país, pero también se va a requerir una agenda
social que debería demostrar una forma distinta del desarrollo
económico y social", sostuvo.
Se necesita también una
agenda de seguridad y justicia para discutir,
"los temas de policía
y violación de derechos humanos", dijo.
"Eso no quiere decir que vamos a estar en un proceso constante
de miles de movilizaciones y actos de violencia. Pero, no hay
que pensar que porque no hay movilización dos días o una semana
eso significa que salimos de la crisis", subrayó.
Según Benjamín Sáez,
investigador de la
Fundación SOL, el estallido social
se produjo porque se acumularon y profundizaron tensiones debido a
una creciente desigualdad.
"Explotó en la cara a
la clase política y a la elite económica porque hay una
indolencia e insensibilidad absoluta sobre las consecuencias de
un orden social y económico que permitió que el uno por ciento
más rico en la actualidad acumule 33 por ciento de los
ingresos", afirmó a IPS.
"Los 1800 súper-millonarios que hoy ganan salarios por sobre 576
millones de pesos mensuales (unos 720 000 dólares), son el grupo
que construyó un orden social, una forma de entregar derechos y
servicios que contribuye a una tremenda desigualdad y
acumulación en manos de pocas personas", precisó.
"La distancia entre el cinco por ciento más rico y el cinco por
ciento más pobre que en los 90 era de 103 veces en la actualidad
ha superado las 250 veces", aseveró.
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