por Gonzalo Becerra
28 Diciembre 2021

del Sitio Web SputnikNews





Xiomara Castro,

candidata presidencial de Honduras

Sputnik Mundo, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Yoseph Amaya

Las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021 establecieron dos hitos en Honduras:

• la elección de Xiomara Castro como la primera mujer presidenta en casi dos siglos de historia

• la ruptura del dominio político ejercido por los dos partidos tradicionales, Nacional y Liberal

El triunfo de la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) fue apuntalado además por el mayor número de votos obtenido por un aspirante presidencial, más de 1,7 millones, y con una participación récord en las urnas, del 68,55%.

Así acabaron 12 años del Partido Nacional (derecha) en el poder, salpicados por acusaciones de fraude en los comicios de 2013 y 2017, más supuestos vínculos del presidente Juan Orlando Hernández con el narcotráfico internacional, señalados por cortes estadounidenses:

• el desgaste del oficialismo tras más de una década al timón de los destinos del país

• escándalos de corrupción

• el mal manejo de la pandemia

• la creciente inseguridad

• la continuidad de las caravanas de migrantes irregulares rumbo a Estados Unidos,

...allanaron la victoria electoral del partido liderado por el ex-presidente Manuel Zelaya (2006-2009).

Elecciones

El 25 de mayo, el Consejo Nacional Electoral convocó a los comicios generales para el último domingo de noviembre, tras aprobar in extremis la nueva Ley Electoral.

Al cierre de campaña resultó decisiva la alianza de Libre con el Partido Salvador de Honduras (PSH - centroderecha), así como otras fuerzas afines, para alcanzar el contundente triunfo, verificado por unos 400 observadores y acompañantes internacionales.

Como colofón de una jornada caracterizada por la tranquilidad, luego de una cruenta campaña, los principales adversarios de Castro reconocieron su victoria:

el liberal Yani Rosenthal lo hizo público al día siguiente de los comicios, mientras el oficialista Nasry Asfura esperó hasta el martes 30 para felicitar a la próxima jefa de Estado de Honduras.

Joh sobre un polvorín

El último año de Juan Orlando Hernández - JOH para los hondureños - en Casa Presidencial estuvo marcado por las reiteradas menciones de su nombre en procesos judiciales que la corte del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos, este) realizó contra figuras prominentes del narcotráfico en Honduras.

Tal fue el caso del juicio a Geovanny Fuentes Ramírez, declarado culpable de narcotráfico el 23 de marzo, proceso del cual derivaron implicaciones por soborno para el mandatario hondureño.

Mientras el Ejecutivo y actores políticos afines emprendían una campaña mediática para lavar la imagen de JOH, el gobernante debió afrontar otro golpe moral, cuando siete días después, el 30, esa corte impuso cadena perpetua a su hermano Juan Antonio Tony Hernández.

La corte federal probó al ex-diputado hondureño los delitos de conspirar para transportar drogas a EE.UU., porte ilegal de armas, conspiración para usar armas y dispositivos destructivos y hacer declaraciones falsas.

Durante el proceso la Fiscalía implicó al presidente de Honduras y le adjudicó al país centroamericano la etiqueta de 'narco-estado'.
 

En el plano internacional destacó la firma, el 27 de octubre, de un Tratado Integracionista del Bicentenario con Nicaragua, que delimitó la frontera común en el Mar Caribe y en el Golfo de Fonseca, principal estuario centroamericano en el Pacífico, que comparten con El Salvador.

Antes del traspaso presidencial, el 27 de enero de 2022, el Congreso Nacional de mayoría oficialista quiere dejar atados los cabos que blinden la impunidad del mandatario saliente y otros altos funcionarios señalados por corrupción.

Por lo pronto, la presidenta electa anunció que solicitará las Naciones Unidas la instalación de una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad.

Caso Berta

El 2 de marzo se cumplieron cinco años del asesinato de Berta Cáceres, líder del pueblo indígena lenca y ambientalista de renombre mundial, merecedora en 2015 del Premio Goldman (considerado el Nobel de los defensores del medio ambiente).

Tras un dilatado proceso judicial, que sufrió docenas de interrupciones, el 5 de julio el Tribunal de Sentencia Nacional declaró a David Castillo como coautor del delito de asesinato.

Al momento del crimen, Castillo se desempeñaba como gerente de la empresa DESA, a cargo del proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca, contra el cual se enfrentó Cáceres por los daños ecológicos que ocasionaba al río Gualcarque, considerado vital para la supervivencia lenca.

La Fiscalía solicitó la pena máxima de 25 años de cárcel para el ex-militar graduado de la academia estadounidense de West Point, pero aún el tribunal no dicta sentencia.

Con la consigna "Faltan los Atala", el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por Cáceres en 1993, exige que los próximos en ser juzgados por el asesinato sean los integrantes del poderoso clan Atala Zablah...
 

A fin de cuentas, David Castillo era un simple empleado de los Atala Zablah, familia de origen palestino que es propietaria, accionista o representante de uno de los conglomerados con mayor caudal económico en Honduras.