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por Javier Lorca del Sitio Web ElPais
durante una protesta convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Social (UTEP) en Buenos Aires (Argentina).
JUAN IGNACIO
RONCORONI (EFE)
La Casa Rosada los acusa de coacciones en el manejo de la ayuda social. Los Movimientos Sociales son "un sistema de esclavitud moderno". Las organizaciones exigen que se reactive la entrega de alimentos para los comedores populares...
El jefe de Gabinete de ministros, Nicolás
Posse, aseguró este miércoles que montaron "un sistema de
esclavitud moderno", "tremendamente autoritario", y las acusó de
diversas irregularidades vinculadas con los programas de ayuda
social financiados por el Estado.
Las organizaciones conocidas como "piqueteras" - por sus métodos de protesta, principalmente cortes de calles o carreteras - sostienen que,
La Justicia investiga supuestas extorsiones de dirigentes a beneficiarios de programas sociales para que asistieran a marchas y protestas y para que participaran en la venta de alimentos destinados a los comedores.
De acuerdo con la imputación, la coacción consistía en que, si las víctimas no aceptaban, eran amenazadas con la pérdida del beneficio social.
Hasta el gobierno anterior, encabezado por el peronista Alberto Fernández, las organizaciones sociales participaban de las unidades de gestión de los programas de ayuda estatal, un universo de 1,3 millón de beneficiarios que hasta diciembre percibía 78 mil pesos mensuales (unos 78 dólares, al cambio actual).
Incluso, varios referentes de las organizaciones ocupaban cargos en el Ministerio de Desarrollo Social.
La denuncia contra 28 dirigentes fue presentada por el Ministerio de Seguridad, después de la primera protesta contra el Gobierno de Milei, en diciembre pasado.
Según informó la cartera, la presentación se basó en los hechos descriptos en llamados anónimos a la línea telefónica 134, una vía de comunicación abierta por la ministra Patricia Bullrich para, justamente, recolectar acusaciones contra referentes sociales y sindicales.
En el marco de la pesquisa judicial, este lunes se realizaron 27 allanamientos en comedores populares y domicilios de las personas denunciadas, cuyos bienes fueron inhibidos en las últimas horas.
A la denuncia del Ministerio de Seguridad se sumó otra de la cartera de Capital Humano, que aseguró ante la Justicia haber constatado que casi la mitad de los comedores dependientes de las entidades sociales eran inexistentes o ya no funcionaban en los lugares indicados.
Todos desestimaron que existan prácticas generalizadas de amenazas y extorsiones.
Según las organizaciones, las denuncias buscan impacto en los medios de comunicación y, cuando se investigue, "no va a quedar nada".
El enfrentamiento entre las organizaciones y el Gobierno está planteado desde que asumió Milei.
Además de las consecuencias generalizadas de la devaluación, la inflación y la baja de salarios y jubilaciones, el principal foco de conflicto se centra en el recorte de los fondos que el Estado les destinaba a los comedores populares de las entidades sociales.
A las manifestaciones de protesta contra esa medida, el Gobierno ha respondido con operativos policiales que dejaron heridos y detenidos.
Se refería al recurso de amparo que solicitaron para que el Estado cumpla con los planes nacionales vigentes de seguridad alimentaria y lucha contra el hambre, y también a una denuncia contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por incumplimiento de sus deberes como funcionaria.
Caropresi dijo que,
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