26 Octubre 2017
del Sitio Web
SputniknNews
© AFP 2017/ Saul Loeb
Un sistema de espionaje masivo con participación de
la
CIA operó durante al menos 30 años en
Uruguay.
El diputado Gerardo
Núñez, presidente de la comisión parlamentaria que investiga
esta trama, explicó a Sputnik los detalles de cómo se dieron estas
infiltraciones sistemáticas.
La reforma del sistema de inteligencia centra la discusión
parlamentaria en Uruguay, luego de que un inmenso archivo con tres
millones de fojas demostrara el poderío de las Fuerzas Armadas en
Uruguay desde 1985 y al menos hasta 2004.
La información obtenida
por agentes secretos e informantes remunerados dejó al descubierto
un sistema de espionaje en partidos políticos, sindicatos y
movimientos sociales.
El parlamentario Gerardo Núñez, presidente de la Comisión
Investigadora sobre el Espionaje Militar en Democracia de la Cámara
de Diputados de Uruguay, explicó a Sputnik los mecanismos en los
que se dieron estas infiltraciones irregulares, que demuestran la
influencia de las Fuerzas Armadas en el sistema político, incluso
finalizada la dictadura que encabezaron de 1973 a 1985.
Una serie de documentos incluidos en los archivos bajo el título 'El
funcionamiento de la CIA en Uruguay' sugiere que además de agentes
directos, muchos eran remunerados no solo con pagos en dinero,
"sino también con
viajes al exterior, vacaciones para el informante y su familia o
compra de casas", entre otros incentivos, dijo Núñez al programa
Telescopio.
La agencia estadounidense
habría pagado, de acuerdo con los documentos hallados en el archivo,
al menos 37 sobres con dinero en efectivo para obtener informaciones
desde el Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores en
Uruguay.
No obstante, a pesar de
constar los mecanismos que utilizaba Washington, no se conocen los
datos así obtenidos.
La Comisión Investigadora encabezada por Núñez envió a la
Cancillería uruguaya un informe para evaluar la pertinencia de citar
a la embajadora de EE.UU., Kelly Keiderling, para pedir
explicaciones sobre el tema.
Los 3 millones de fojas fueron encontrados a partir de 2005, con la
llegada del Gobierno del
Frente Amplio, el partido al mando
del país desde entonces.
Parte fue hallado en
instalaciones del Ministerio de Defensa - el llamado 'Archivo
Berrutti', por la entonces titular de la cartera,
Azucena Berrutti - mientras que
otros documentos fueron obtenidos de un allanamiento de la casa de
Elmar Castiglioni, coronel del Ejército.
"La documentación que
existe es muchísima pero no conocemos por qué se obtuvo.
Conocemos la
metodología con la que se llevaron adelante esas prácticas, pero
nos gustaría conocer los fundamentos sólidos que motivaron que
se desplegara un trabajo tan sistematizado, planificado y
organizado", dijo Núñez, diputado por el Partido Comunista.
Los agentes e informantes
muchas veces eran militares que infiltraban las organizaciones
sociales, mientras que otros ya pertenecían a ellas.
Según Núñez, algunos no
solo buscaban pasar información sino que tenían el objetivo de
"destruir" desde adentro a los colectivos. Por ejemplo, causando
disturbios en manifestaciones.
En los documentos consta también la realización de allanamientos
ilegales, por ejemplo, de personas que se hacían pasar por
funcionarios de la empresa de aguas para entrar a casas de
exponentes partidarios o de organizaciones con el fin de buscar
averías.
"Hacían una especie
de recuento de lo que existía en esa casa: los cuadros, los
libros, las banderas. Hacían un perfil ideológico de esa
familia.
En ese caso decían
que eran marxistas-leninistas y frenteamplistas", explicó el
diputado.
Otras veces entraban para
hacer un relevamiento edilicio,
"seguramente para
hacer más adelante otras operaciones de contrainteligencia".
Las investigaciones de la
Comisión están previstas al menos hasta diciembre de 2017, pero dado
el enorme volumen de documentos, es posible que se extienda por un
plazo mayor, dijo Núñez a Telescopio.
"Si bien tenemos
elementos contundentes tenemos que delimitar las
responsabilidades para realizar un pasaje a la Justicia con
todos los elementos y las pruebas que dan cuenta a las claras de
acciones violatorias de la Constitución, las leyes y los
derechos y libertades de cualquier uruguayo", concluyó.
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