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por Jorge Enrique Robledo Bogotá, TR ediciones 2007 del Sitio Web Cronicon
1. EL MUNDO DE LA
GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL
Que algunas de las advertencias sean en cierto
sentido elementales no les quita su importancia, porque quien las comprenda
y las emplee en sus análisis ganará capacidad de discernimiento frente a las
falacias expresas o tácitas con las que suelen defenderse las concepciones y
las medidas neoliberales.(1)
Pero como también pueden no cumplir con los dos requisitos señalados, dichos negocios y acuerdos igualmente pueden ser negativos para alguno de los signatarios, caso en el que no deben suscribirse, y más por parte del país que va a ser sacrificado.
La confusión que pueda existir entre algunos que piensan que todo acuerdo económico internacional es siempre positivo por el simple hecho de acordarse o que por lo menos los que vinculan a Estados Unidos sí lo son en todos los casos se explica por las ignorancias verdaderas o fingidas corrientes en Colombia.
Pero demostrar que los intereses nacionales y los extranjeros pueden ser diferentes, e incluso antagónicos, no ofrece dificultades, como puede constatarlo cualquiera que desee hacerlo.
Si se menciona el punto es porque, con sus
astucias retóricas y las complicidades de que gozan para evadir los debates
a fondo sobre estos asuntos, los neoliberales intentan pasar de contrabando
una absoluta identidad que de ninguna manera existe entre lo propio y lo
foráneo.
En Colombia, en el Título XVII, Capítulo Primero del Código Penal, se trata "De los delitos de traición a la patria", delitos que para este caso se tipifican así:
Que un negocio nacional o internacional, grande o pequeño, pueda ser negativo para una de las partes se explica por la propia naturaleza del capitalismo, que no es un sistema constituido sobre la relación solidaria entre los individuos y las naciones, sino en todo lo contrario.
En efecto, y como puede constatarlo cualquiera que haga el menor estudio al respecto, el capitalismo se fundamenta en el criterio zoológico de la competencia entre las personas y entre los países, competencia que tiene como objetivo supremo la ganancia y que es tan dura que considera económicamente válido y moralmente lícito hasta la ruina del competidor, sin importar que medien daños individuales, sociales o nacionales de enormes proporciones.
Luego en el capitalismo las relaciones de beneficio recíproco entre las partes no solo no son las naturales sino que ocurren por excepción, cuando las partes equiparan sus fuerzas, realidad que entre los países solo aparece en la medida en que se esgrima la soberanía para decir No cada vez que el interés nacional vaya a ser vulnerado.
Estas verdades son las que explican por qué
todas las naciones constituidas conformaron Estados que definieron límites
jurisdiccionales sobre los cuales ejercer sus derechos soberanos, condición
sine qua non para evitar ser sometidas a tratos arbitrarios por otras.
Que unos actúen así porque se lucran de la dominación y que otros lo hagan por pusilánimes no modifica en nada esta realidad.
Y que tales verdades sean de muy mal recibo
entre los grandes poderes, hasta el punto de haber logrado casi excluir el
uso de los calificativos imperialismo e imperialista, no implica que este y
sus conductas no hayan existido y existan, sino que su poder se ha
incrementado tanto que ni siquiera debe mencionarse, salvo que se esté
dispuesto a pagar costosos peajes económicos, sociales y políticos.
Que este imperio y los demás que existen en el mundo nieguen su naturaleza mediante constantes invocaciones a la democracia y al empleo de instituciones financieras que se presentan tras el eufemismo de ser de la "comunidad internacional", pero que en realidad controlan con puño de hierro, no modifica la contundencia de los hechos.
A la vista está el subdesarrollo de América Latina, región del mundo sometida desde hace décadas a los ucases de Estados Unidos - o del FMI o del BM o del BID o de la AID o de la OMC - todos los cuales aparecen como unas "ayudas" que en realidad no existen.
Y las políticas neoliberales o de "libre
comercio" o como quieran llamarse son una evolución de las medidas de
dominación de los imperios, que cada vez chocan con mayores dificultades
para mantenerse en funcionamiento sin aumentar su expoliación al resto del
mundo, como bien lo expresan las crisis que los sacuden con notoria
periodicidad.
Y se conoce también que su aplicación nació de una extorsión del Banco Mundial, según lo explicó en El Tiempo del 27 de febrero de 1990 el ex ministro de Hacienda Abdón Espinosa Valderrama:
Comprender el capitalismo y el "libre comercio" exige tener en cuenta, por lo menos, las siguientes consideraciones de tan autorizados analistas.
Según Milton Friedman, uno de los principales ideólogos de la globalización neoliberal,
De acuerdo con el lince de las finanzas George Soros,
En palabras de Colin Powell, Secretario de Estado de Estados Unidos,
Y a Henry Kissinger no le tembló la voz para afirmar que,
Pero ni siquiera de las peores verdades sobre la política exterior de los países capitalistas e imperialistas, incluida la de Estados Unidos, se concluye que Colombia deba aislarse del mundo o que al menos deba negarse a tener relaciones económicas y diplomáticas con esa nación.
De ninguna manera.
Lo que sí se deduce es que hay que repudiar la tesis ingenua o tramposa de que los colombianos seremos felices si, primero, hacemos felices a las trasnacionales estadounidenses de todos los órdenes, de donde sacan que la política exterior colombiana debe ser una extensión de la de la Casa Blanca, que en el territorio nacional solo debe producirse lo que le convenga a la superpotencia y que es de signo positivo entregarles a los inversionistas gringos y extranjeros la propiedad de la parte principal del aparato económico que se le permita mantener a Colombia, todo en medio de la miseria y la pobreza generalizadas que son inherentes a este tipo de relaciones internacionales.
Y en especial se concluye que no existe ni la
menor posibilidad de proteger el interés nacional en cualquier trato con el
extranjero si quien tiene la representación legal de dicho interés, es
decir, el jefe del Estado, en realidad representa las conveniencias
foráneas.
...entre otras, en tanto que ni siquiera aparecen los términos utilidades, lucro, ganancias, enriquecimiento y aún menos se dice que su primer objetivo, y el que supedita a cualquier otro, es asegurarles altas rentabilidades a los monopolistas estadounidenses, de manera que se estimule su codicia que, como se sabe, es lo único que los moviliza.
¡A tanto llega el propósito de ocultar la
verdad, que en forma ejemplar se cumple el adagio de que esta brilla por su
ausencia!
2. VERDADES Y
FALACIAS DEL "LIBRE COMERCIO"
Si se compara la relación entre las exportaciones y el Producto Interno Bruto (PIB), que es como se miden estas cosas, se encuentra que en 2004 esta proporción era de 9,55 por ciento en Estados Unidos, de 11,84 por ciento en Japón, de 20,84 por ciento en Colombia, de 70,55 por ciento en Angola y de 84 por ciento en el Congo.
Y a nadie se le ocurriría decir que Colombia
posee un mayor desarrollo que Estados Unidos y Japón o que los países
africanos citados son los más avanzados del grupo.
¿Para qué se exporta? Para generar actividad económica pero, en especial, para conseguir dólares, divisas, que permitan importar y contratar deuda externa.
Y si las importaciones son de bienes de capital y de otras mercancías que no se producen en Colombia y son claves para su desarrollo, nadie objeta la ecuación.
Pero si se exporta para importar lo que se produce, ¿no resulta mejor exportar menos y no hacerle un daño enorme a la economía nacional?
Además, las importaciones de bienes suntuarios para satisfacer los gustos de unos cuantos,
En contraste con lo anterior, puede demostrarse que el auténtico progreso de países con condiciones de extensión y habitantes similares a las de Colombia descansa en el desarrollo y fortaleza de su mercado interno, es decir, en su capacidad para generar economía en torno a las compras y las ventas entre los colombianos, pues estas sustentan el 80 por ciento de la actividad del aparato económico, porcentaje incluso mayor en países como Estados Unidos y Japón.
Y se cae de su peso que el principal propósito
de los imperios al someter a otras naciones es apoderarse de sus mercados
internos, lo que por esa misma razón estimula a sus pajes en Colombia a
tirar cortinas de humo sobre su importancia, calificando el propio de
"mercadito".
En 2005, de los 900 mil millones de dólares de IED que se hizo en el mundo, el 69 por ciento fue a países desarrollados y apenas 68 mil millones a América Latina y el Caribe.
Y en ese mismo año, el de mayor IED en Colombia
en los últimos siete - y con una participación notable en la minería, en la
cual invierten haya o no políticas neoliberales - esta alcanzó alrededor del
5 por ciento del total de la inversión en el país, cifra que representa un
porcentaje inferior al uno por ciento del total de la realizada en el mundo.
Ya se señaló que las relaciones económicas internacionales pueden ser provechosas y esa afirmación hace referencia, como es obvio, a vender y comprar y a invertir o recibir inversión, pero, eso sí, dependiendo de lo que le convenga al interés nacional y no al de los extranjeros, porque de saber instrumentar esas relaciones, entre otras cosas, depende si se logra el progreso o si este se anquilosa o retrocede.
El detalle de cómo deben ser dichas relaciones supera el propósito de este texto, pero sí cabe dejar sentado que sus misterios ya fueron revelados precisamente por los países que han tenido éxito en el desarrollo del capitalismo, los cuales, en la conocida imagen del que patea la escalera por la que subió para que otros no puedan seguirlo, les imponen a sus satélites exactamente lo contrario de lo que ellos hicieron para construir su progreso, empezando por crear unos mercados internos enormes.
Faltan a la verdad quienes, por ingenuos o por vivos, afirman que el "libre comercio" que se impone en el mundo fue la teoría y la práctica que usaron Estados Unidos, Francia y Japón, por ejemplo, para alcanzar la situación económica que hoy ostentan.
Si algo debe repudiarse de los imperialistas de todos los tiempos y pelambres es una de las máximas que orientan sus relaciones internacionales:
¿Cómo no recordar las historias en las cuales,
cuando no procedieron a sangre y fuego, los colonialistas españoles les
entregaron a los aborígenes americanos espejitos a cambio de sus objetos de
oro?
Es indiscutible que el avance de la economía en función principal de la fortaleza del mercado interno implica que hay que sacar de la miseria y la pobreza al mayor número de ciudadanos, porque de su capacidad de compra depende qué tanto puede crecer el aparato productivo y, con él, la propia riqueza de diferentes sectores de la burguesía.
Por el contrario, el crecimiento económico basado en lo que se logre exportar tiene como uno de sus fines enriquecer a algunos, pero manteniendo en la pobreza y la miseria a porcentajes de poblaciones mayores que las "normales" en los países capitalistas avanzados. Porque quienes les compran a los exportadores no son sus compatriotas, sino los habitantes con mayores ingresos de las potencias o las pequeñas capas con capacidad de compra de los demás países subdesarrollados.
La política de enriquecer a reventar a unos pocos en medio de la pobreza general, hasta el punto de poder equipararlos con los monopolistas de las naciones desarrolladas, como ocurre en el caso del mexicano Carlos Slim, no es nueva en América Latina, pero sí se profundiza con el neoliberalismo.
¿O no fueron las exportaciones de café de
Colombia o las de estaño de Bolivia o las de cobre de Chile estrategias de
desarrollo por exportaciones que no sacaron del atraso a los países, pero sí
enriquecieron a un puñado?
El secreto de tantas iniquidades latinoamericanas - que explican a la región como la de mayor desigualdad social del mundo y a Colombia como la undécima en la lista - reside en una razón última que se ha agravado en los últimos tres lustros pero que se remonta a los inicios del siglo XX:
Si algo puede demostrarse en Colombia es que a
todo lo largo del siglo XX nunca se ensayó un modelo económico que tuviera
como fin elevar en serio la capacidad de compra de la población, concepción
retardataria como la que más que los neoliberales pretenden llevar hasta el
extremo.
En el caso de Colombia, y de acuerdo con lo ya mencionado, ha sido la orientación de los cuatro últimos gobiernos, a partir de 1990 con el de César Gaviria Trujillo, período en el cual la economía nacional sufrió la peor crisis de su historia, con pérdidas irreparables para la industria y el agro y con el consecuente retroceso, también sin antecedentes, de todos los indicadores sociales.
Y esa crisis tuvo como causas principales el gran aumento de las importaciones agrícolas e industriales - las cuales lesionaron la producción interna y generaron desempleo y pobreza - las políticas de privatización que convirtieron en monopolios privados los monopolios públicos y que degeneraron en negocios lo que eran derechos ciudadanos, las medidas cambiarias y financieras que les otorgaron mayores garantías a los especuladores y la definitiva toma por parte del capital extranjero de áreas enteras de la economía en las que, o actuaba asociado con el Estado, o no estaba, o tenía presencias menores, tales como la minería, las finanzas, el comercio al por menor y toda el área de servicios públicos domiciliarios.
Luego la decisión de suscribir el TLC con
Estados Unidos, que tiene como propósito hacer irreversible y profundizar el
"libre comercio", ni siquiera cuenta a su favor con el subterfugio de poder
alegar que traerá grandes beneficios para las gentes o que al menos tendrá
consecuencias desconocidas, pues ya hay experiencia de sobra para anticipar
lo que ocurrirá.
Existen estudios de Planeación Nacional y del Banco de la República que explican, entre otras consecuencias negativas del TLC, que el porcentaje de crecimiento de las importaciones doblará el de las exportaciones, al igual que hay uno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del cual se hablará también, que anuncia las pérdidas que sufrirá Colombia en sus ventas a la Comunidad Andina (CAN), el principal mercado para sus bienes industriales de exportación.
Además, nada permite concluir que se vaya a modificar la tendencia a tener unas exportaciones centradas en las materias primas, especialmente en las mineras, característica que refleja el corte colonial de la economía colombiana y que el neoliberalismo profundiza pero no crea, porque es obvio que para poder vender carbón, café o petróleo en el exterior no se requiere destruir los sectores agropecuarios o manufactureros que se perderán con el TLC o privatizar el sector público de la economía.
Y es seguro que se fortalecerá también el
control por parte de las trasnacionales de las exportaciones que pueda hacer
Colombia, al igual que el de las principales empresas que se lucran de
vender en el mercado interno.
Como una muestra de las tremendas desigualdades entre las partes, que convierten la competencia dentro del TLC en una ficción, sirve saber que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos es 129 veces mayor que el de Colombia, por lo que poner a los colombianos a competir con los gringos es tanto como enfrentar a una persona corriente con un gigante que mide tanto como un edificio de 54 pisos.
Y también en tal aspecto el Tratado es peor que las normas de la OMC, porque estas, así sea con cláusulas mediocres que apenas si rozan el fondo del problema, establecen el trato especial y diferenciado entre los países, como una manera de reconocer las diferencias entre ellos.
¿Por qué si las concepciones democráticas exigen
que las legislaciones internas de los países reconozcan y regulen las
diferencias entre las partes - casos arrendador y arrendatario o empleado y
empleador - concediendo derechos distintos para medio proteger a los
débiles, el TLC crea una igualdad mentirosa, que solo se atreven a alegar
las mentalidades ventajistas para justificar el sometimiento de la parte
débil por la fuerte?
La primera, que en la etapa del "libre comercio" el porcentaje de crecimiento de la economía mexicana fue el peor de toda su historia y que sus indicadores sociales son tan malos como los colombianos, y eso que tienen la válvula de escape de los millones de personas que, acosadas por el desempleo y el hambre, han tenido que emigrar a Estados Unidos.
¿Qué ocurrirá en ese país si el gobierno estadounidense decide no dejar entrar más mexicanos, ni siquiera por "el hueco" y a trabajar en condiciones miserables, cambio al que pueden conducir medidas como la infame muralla de concreto que se decidió construir en la frontera común?
Y la segunda, que nadie puede soñar siquiera con
que Colombia podrá exportarle a Estados Unidos en cantidades similares a las
de México, por la simple e inmodificable razón de las distancias que separan
a los unos de los otros.
Así, en otros 17 capítulos, el interés colombiano también se verá negativamente afectado por lo que se define en propiedad intelectual, inversiones, solución de controversias, sector financiero, telecomunicaciones, negocios transfronterizos y medio ambiente, entre otros aspectos.
Y habrá un empeoramiento de las condiciones
laborales del país, así este no haya quedado pactado, porque sus cláusulas
empujan, en la práctica, en esa dirección, so pena de que Colombia pierda
competitividad a la hora de exportar, de defenderse de las importaciones o
de atraer inversionistas extranjeros.
De acuerdo con el empresario colombiano Emilio Sardi, la verdad de las cuentas del Atpdea es la siguiente:
Con respecto a las exportaciones de confecciones a Estados Unidos, de las que se habla tanto para defender que se mantengan a cualquier precio los aranceles otorgados por Atpdea, estas vienen disminuyendo, y seguramente van a caer más por causa de la muy dura competencia de los productores asiáticos, que actúan con salarios tan bajos que los hacen imbatibles.
De acuerdo con Proexport,
Otra manera de mostrar que la preservación de lo obtenido por aranceles en Atpdea no tiene fuerza suficiente para justificar el TLC es conocer que ese mecanismo, que con ligeras modificaciones antes se llamaba Atpa (Andean Trade Preferente Act), se remonta a 1991, al comienzo de la apertura iniciada en el gobierno de César Gaviria Trujillo.
Y luego de quince años de experiencia salta a la vista que esas rebajas arancelarias no producen un cambio de fondo en la capacidad exportadora del país y, mucho menos, en las condiciones de pobreza y miseria que avergüenzan a los colombianos ante el mundo.
Para lo que sí ha servido el Atpdea es para embellecer las imposiciones estadounidenses y para ser utilizado como instrumento de extorsión a favor del TLC, al crear un grupito de ruidosos exportadores que, como gana con los menores aranceles y el Tratado, afirma que su caso es el de toda la nación, teoría que repite sin cesar - ¡y sin demostrar! - la sumisa tecnocracia neoliberal.
Se está así, entonces, ante el conocido caso de la carnada que oculta el anzuelo, con la diferencia de que con el Atpdea la carnada se la comen unos cuantos, en tanto el arpón se clava en la garganta del resto de los colombianos.
Tampoco resiste análisis otro lugar común en defensa del TLC con Estados Unidos, necio como el que más, que dice que hay que firmarlo a toda costa por lo mucho que Colombia le compra y le vende a ese país.
Cuando bien analizadas las cosas la primera conclusión que debiera sacarse de ese dato es que constituye otra prueba de la deformación que padece la economía nacional, pues lo razonable sería tener mayores relaciones con los países fronterizos, como sucede en la Unión Europea que, con todo y sus aspectos censurables, sí sirve para mostrar la importancia de fortalecer los vínculos con los vecinos.
¿No enseñan los libros de texto de economía capitalista que esta avanza mejor en aquellos mercados cuyos costos de transporte tienden a cero, que es lo que en condiciones ideales ocurre en las áreas urbanas o a nivel de países que comparten fronteras?
De otra parte, desde que apareció el
campesinado, una clase milenaria, se estableció que no deben ponerse todos
los huevos en el mismo canasto, máxima aún más cierta en las economías
nacionales que en la individuales, porque así se protegen mejor en las
inevitables crisis que sacuden a unos u otros países y a unos u otros
sectores, de donde nuevamente se ratifica la conveniencia de distinguir
entre quienes hacen afirmaciones falsas porque ignoran y los que las
expresan de manera maliciosa a sabiendas de qué se trata y cómo van ellos en
el negocio.
Porque del hecho cierto de ser "el mayor del mundo" (11,8 billones de dólares) no se deduce que sea tan grande como piensan algunos y menos que pueda conquistarse en una proporción suficiente para superar los problemas económicos y sociales de Colombia, que es de lo que se supone se trata la discusión sobre si el Tratado le conviene o no al país.
Porque apenas el 8 por ciento del gasto estadounidense (1,48 billones de dólares) se destina a importaciones, dado que el resto se utiliza para adquirir bienes y servicios generados internamente. Además, 207 mil millones de dólares de importaciones son de combustibles, que se venden allí sin necesidad del TLC (Colombia vende el 1,8 por ciento).
580 mil millones de dólares se destinan a compras de vehículos y autopartes, bienes de capital y equipos, renglones de los que Colombia no vende un dólar ni lo venderá con el Tratado. Otros 200 mil millones de dólares se destinan a materias primas y elementos para la industria, y de ellos los colombianos aportan 130 millones de dólares, equivalente al 0,13 por ciento, suma que muy difícilmente podrá aumentar.
Y de los algo más de 400 mil millones de dólares restantes, 370 mil millones son bienes de consumo, pero de ellos Colombia no vende nada de sus principales renglones, tales como farmacéuticos, electrodomésticos, juguetes, joyería, motocicletas, instrumentos musicales y equipos de fotografía, y tampoco hay razones para pensar que con el TLC esta situación cambiará de manera importante, porque ese mercado, como lo muestran las anteriores cifras, ya está en lo fundamental copado por los poderosos competidores del resto del mundo, los cuales incluso han capturado buena del mercado interno colombiano.
Y es mentira, además, decir que si Colombia no firma el TLC con Estados Unidos dejará de vender en ese país o se aislará de la economía mundial.
Porque lo cierto es que, exceptuando a México y Canadá, todos los principales exportadores a Estados Unidos no tienen TLC firmados con Washington. Y en lo que respecta a facilitar aún más las importaciones de bienes estadounidenses que sean benéficas para los colombianos, pues solo a un necio se le puede ocurrir que para ello se requiere de un tratado de "libre comercio".
Lo máximo, entonces, que le sucedería a Colombia sin el TLC, en sus relaciones de exportación al Imperio, sería, como ya se dijo, el aumento de los precios de venta de algunos productos que hoy se benefician con el Atpdea, cifra que, hay que reiterar, es mucho menos importante para la suerte del país de lo que afirman los neoliberales y que en todo caso es en mucho inferior a los nuevos y enormes costos que, como se verá, cobrará Estados Unidos por mantenerla.
Al poner en su sitio el verdadero poder de las
exportaciones para desarrollar un país, y dentro de eso los auténticos
alcances del Atpdea, no es porque se niegue la conveniencia de exportar o
porque se desprecie la suerte de las exportaciones que hoy se benefician con
los menores aranceles a Estados Unidos, las cuales están en capacidad de
competir sin esas ventajas o podrían beneficiarse, a costos infinitamente
menores que los del TLC, de diversos tipos de respaldo por parte del Estado
colombiano.
Al convertirse en ley de la República sus 1.531 páginas (la Constitución tiene 108), dado su carácter de acuerdo internacional, adquirirá un nivel similar al de las normas constitucionales en el sentido de que nadie en Colombia, en ningún nivel u organismo del Estado, podrá aprobar algo que contradiga su texto.
En el capítulo de propiedad intelectual Colombia se compromete, además, a adherir a otros 4 acuerdos internacionales que fortalecerán aún más el poder monopólico de las trasnacionales estadounidenses en estos tópicos, imposición más humillante porque en el TLC no se contempla que Estados Unidos adhiera a los tratados sobre asuntos laborales y medio ambiente de los que sí hace parte Colombia.
Nada en el Tratado podrá modificarse, ni en una
coma, sin la autorización de Washington, cambio que, si se logra, habrá que
pagárselo con nuevas y onerosas concesiones en otro aspecto. Y su denuncia,
como se llama la manera de terminarlo por decisión de cualquiera de las
partes, deberá derrotar, como es obvio, las más duras presiones de la Casa
Blanca.
¿Qué garantiza, por último, que, con el correr
de los años, el Imperio no imponga otra tanda de condiciones aún más
leoninas que las de hoy, una vez su dominación sea casi absoluta porque se
hayan reducido a poco o a nada los sectores económicos colombianos que no
sean extensión del capital extranjero?
En efecto, en nada tuvo en cuenta las reiteradas posiciones de rechazo de las centrales obreras y de todas las organizaciones campesinas, indígenas y estudiantiles del país, ni atendió al voto casi unánime y en contra del tratado de las consultas indígena, arrocera y de cultivos de tierra fría y desoyó por completo la posición de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, agremiación que agrupa a fuerzas representativas del campesinado y el empresariado.
E incluso al final, cuando llegó la hora de
nona, Uribe les impuso su decisión a las principales agremiaciones de la
Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), las mismas que durante el
trámite había preferido como a las únicas dignas de tener en cuenta en el
sector agropecuario.
...y convertirá a Colombia en una especie de colonia estadounidense, hechos todos que configuran el delito de traición a la patria que tipifica el Artículo 455 del Código Penal.
Porque este es aplicable a quien "realice actos que tiendan" a someter a Colombia, "en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano", pues es obvio que la independencia y la soberanía política se pierden en cualquier país en el que los extranjeros se tomen la parte principal de la economía.
Y quedará en evidencia que Álvaro Uribe Vélez
también violó el Artículo 457 del mismo Código, que establece la "Traición
diplomática", en la cual incurre quien en un acuerdo o relación con otro
país "actúe en perjuicio de los intereses de la República".
(3) La oposición ciudadana ha impedido
que el Congreso de Costa Rica ratifique dicho tratado.
(4) 9 países le exportan a Estados
unidos el 72 por ciento de los lácteos que importa y 19, el 65 por ciento
del tabaco.
El libro editado por la Red Colombiana frente al
Libre Comercio y el Alca (Recalca), que cuenta el proceso y que con acierto
se titula De la indignidad a la indignación, constituye una excelente
denuncia de cómo ocurrió, paso a paso, uno de los pasajes más vergonzosos en
la historia de la diplomacia colombiana.
Y como era de esperarse, el Presidente de Colombia lo tomó, a pesar de que el mismo Zoellick y durante el proceso también Condolezza Rice, Secretaria de Estado del Imperio, machacaron que "libre comercio es libre comercio", afirmación nada sutil con la que le reiteraron que serían los estadounidenses los que dirían la última palabra, porque la Casa Blanca se había arrogado el derecho de establecer qué se entiende por "libre comercio".
Cuando empezaban los trámites de las "negociaciones" que a la postre llevarían al TLC, Rafael Mejía, Presidente de la SAC, le escribió a Álvaro Uribe Vélez:
Y para que no quedaran dudas se hizo vox pópuli que de lo que se trataba era de tramitar un acuerdo básicamente igual a los TLC suscritos por Estados Unidos con México, Centroamérica y Chile.
¿Podrá haber algo más arbitrario y regresivo que una política cuyo objetivo es imponerles a todos los países de América tratados que al suscribirse son fundamentalmente iguales entre sí y que al concluir el período de transición, de unos pocos años, se convierten en idénticos, a pesar de las enormes diferencias que existen entre los países?
¿No es monstruoso, por ejemplo, que la receta sea idéntica para Brasil y Haití?
El problema que se le creó con esta patraña es
que fracasó en ocultar que de lo que se trataba era de ponerse "el mismo
traje del TLC con Chile", como con desfachatez ironizó Juan Manuel Santos,
pero sí sirvió para mostrar, también por este medio, que no hubo asunto de
importancia que no se definiera de acuerdo con los intereses de Estados
Unidos.
Luis Guillermo Restrepo Vélez, miembro del equipo de propiedad intelectual de Colombia en materia de salud en el trámite del TLC y quien renunció a su cargo antes que alcahuetear la entrega que se preparaba, explicó:
Y explicó:
Incluso, clama al cielo que Álvaro Uribe, que se presume ducho en negocios pues desde joven se dedicó con éxito a acrecentar la fortuna que heredó de su padre, otro conocido negociante, hubiera cohibido a sus voceros a recurrir a expedientes usuales en el trámite de cualquier transacción, a pesar de que la utilización de los mismos por parte de Estados Unidos le concedía a Colombia toda la fuerza moral y política para hacerlo.
El primero de estos casos consistió en que Colombia puso en negociación absolutamente todos los intereses del país en todos sus sectores económicos, hasta el punto de que Estados Unidos quedó autorizado para hacer cualquier petición, por descabellada que fuera, contra el interés nacional.
Esto, en contraste con la posición del gobierno estadounidense que, antes de empezar las "negociaciones", se dotó de una extensa ley aprobada por su Congreso, la Ley de Comercio de 2002 (Trade Act of 2002 - que contiene Trade Promotion Authority - TPA - Trade Preferential Act y Atpdea), que le impuso precisos límites a sus potestades, bajo la advertencia de que si los funcionarios de la Casa Blanca se salían de esas condiciones el Tratado no sería ratificado por la Cámara de Representantes y el Senado.
Así, y como era de esperarse, desde el primer día de la negociación se convirtió en una especie de muletilla que los voceros gringos dijeran:
Y ante esta salvaguardia elemental por parte de un país que, como era obvio, no iba a poner en discusión sus intereses estratégicos, ¿qué hizo el gobierno de Colombia? ¿Imitó a su contraparte? Ni pensarlo.
Incluso, utilizó sus mayorías en el Congreso
colombiano para impedir que se aprobara la llamada "Ley espejo", cuyo nombre
obedeció a que proponía que se imitara la ley de comercio estadounidense y
con los mismos propósitos: darle instrumentos de negociación al Ejecutivo,
prohibiéndole sacrificar asuntos irrenunciables del interés nacional.
Al decir de George W. Bush,
¿Utilizó Colombia el mismo concepto de seguridad nacional que, para el efecto, se confunde con el de seguridad alimentaria, para proteger su agro, arguyendo que por las mismas razones que los estadounidenses no eliminaban sus subsidios, los colombianos no eliminarían sus aranceles agropecuarios?
Por supuesto que no.
Lo que sucedió fue inaudito: el ministro de Comercio Jorge Humberto Botero, el representante de Álvaro Uribe Vélez en la "negociación", corrió a publicar un artículo en el que anunció que el gobierno no esgrimiría el concepto de seguridad alimentaria para defender el agro del país (La República, 21 de abril de 2004), felonía que completó con otra que en un país diferente habría conducido a su destitución inmediata: el 16 de mayo de 2004, en el diario La Patria, afirmó:
El descaro de Álvaro Uribe en su actitud de sumisión ante Estados Unidos llegó a tanto, que no vaciló en hacer en público afirmaciones que nadie en la mitad de una negociación haría, y menos un negociante de su trayectoria, a no ser que tuviera decidido someterse al interés de la contraparte.
Tal el caso del día en que Uribe, en momentos en que se confirmó que Estados Unidos venía por la lana, por el telar y por la que teje, y subía el tono de las voces colombianas de repudio al TLC, no tuvo empacho en declarar que firmaría "rapidito" y así le llovieran "rayos y centellas", con lo que le garantizó a Washington que Colombia no se levantaría de la mesa sin importar cuán atrabiliaria fuera su conducta.
¿No es de la primera lección de "cómo negociar"
transmitir la idea de que se está dispuesto a romper si la negociación no
concluye en condiciones satisfactorias? ¿Qué posición puede defender quien
haga saber que firma porque firma?
Y también se les regaló a los gringos la ley de garantías a los inversionistas y la que castiga hasta con cárcel la copia de algunos productos, exigencias que los negociadores estadounidenses ya habían hecho en el trámite del Tratado.
Si se trataba de un negocio en el que "hay que dar para recibir", según explicó el uribismo, ¿por qué estas medidas se entregaron de forma unilateral y sin que mediara contraprestación alguna?
Tales preguntas mantienen toda su vigencia, aun
aceptando, en gracia de discusión, que dichas modificaciones fueran
positivas para el país (que no lo son), porque lo que se discute en esta
parte es por qué Colombia desechó instrumentos elementales de cualquier
negociación.
Como si fuera poco, George W. Bush, conocedor del alma de la contraparte, no inició el trámite del Tratado en el Congreso de Estados Unidos hasta tanto Álvaro Uribe Vélez no ordenó ceder en la autorización para importar carnes de reses gringas de más de treinta meses, luego de que durante semanas los ministros de Agricultura y Comercio hubieran dicho que esa exigencia era inaceptable porque aumentaba el riesgo de contagio con el mal de las vacas locas, enfermedad existente en Estados Unidos y no en Colombia.
Y que no resulte, como es muy probable, que en
el trámite en el Congreso gringo aparezcan nuevas exigencias contra el país,
porque quién puede poner en duda que esas también las aceptará el uribismo.
Si esas conductas las hubiera asumido el
gobierno norteamericano, ¿cuánto tiempo habría pasado antes de que la prensa
de ese país lo condenara, exigiéndole dignidad y equiparándolo con Quisling?
Se sabía, además, que el Imperio tiene para estos efectos una especie de texto pro-forma que cada país debe suscribir con ligerísimas modificaciones y que los cambios de un TLC a otro consistían en mejorarle alguna gabela a Estados Unidos.
Y nadie ocultaba que las "negociaciones" se
reducían a correr unos meses más o menos los procesos de eliminación de los
aranceles, tiempo en el que Washington procedía con cierta paciencia porque
sabía que era el mismo que usaban los "negociadores" de los gobiernos
vasallos para manipular a la opinión pública, creando la impresión de que
defendían los intereses nacionales.
La "negociación" sobre aranceles nunca puso en
duda si tenían que llegar a cero por ciento, sino que se limitó a establecer
en qué plazo se alcanzaría esa meta en cada sector, de manera que se le
diera un cierto orden a la ruina de los agredidos: cuáles productos se
arruinarán en el primer año de vigencia del Tratado (los de la llamada
"Canasta A"), cuáles en el quinto (“Canasta B"), cuáles en el décimo
(“Canasta C", y ahí ya va toda la industria) y cuáles un poco después
(“Canasta D", en la que quedó una porción menor del agro), de acuerdo con
algunos detalles que se comentarán más adelante.
Que nadie se haga ilusiones.
El establecimiento de esos plazos como los máximos para eliminar los aranceles y toda protección no tiene como propósito evitar el empobrecimiento y la ruina de muchos, y menos impedir que el país en su conjunto quede para siempre encadenado al atraso económico y a una aberrante pobreza y desigualdad social, pues es obvio que en ese lapso Estados Unidos mantendrá o aumentará sus ventajas.
Lo cierto es que el verdadero objetivo de los plazos de desgravación es permitirles a los monopolistas gringos adecuar su producción a las nuevas exportaciones que ellos van a ganar y dividir a los productores colombianos, al generar entre algunos de los damnificados la ilusión de que sí podrán competir en el TLC, con lo que se dificulta la constitución del gran frente de resistencia civil que debe organizarse.
Con esta misma racionalidad puede entenderse por
qué la aplicación del "libre comercio" en Colombia la definieron en dos
etapas: la que empezó en 1990 con César Gaviria y la de ahora, en la que
Uribe pretende concluir el proceso.
En "Efectos de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos", publicado por el Departamento Nacional de Planeación en 2003, se explica que las importaciones crecerán casi el doble que las exportaciones, 11,92 contra 6,44 por ciento, y que, en consecuencia, la producción colombiana se reducirá en ocho de los diez sectores en los que la dividieron para el análisis, por lo que aparecen como perdedores los cereales, otros productos agrícolas, minas y energía, cueros y maderas, alimentos, carne bovina y otras carnes, otras manufacturas y servicios y finca raíz.
Por su parte, el Banco de la República de
Colombia, en su estudio "El
impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la balanza de
pagos", también debió reconocer que el país perderá en su
comercio exterior, pues entre 2007 y 2010 las ventas colombianas a Estados
Unidos crecerán al 14 por ciento frente a unas compras que aumentarán en
35,6 por ciento, nueva realidad que "aumentará la dependencia" de Colombia y
convertirá en desfavorable la balanza comercial que hoy favorece al país.
Y también explican las pérdidas que vienen con
el TLC otros dos hechos conocidos desde antes de iniciarse la "negociación":
el descomunal poder del aparato productivo de Estados Unidos y los enormes
subsidios que el gobierno les concede a todos los productores, y no solo a
los del sector agropecuario.
¿Su pretexto? Que el tema solo lo debatirá en la OMC, lo que no lo avergüenza para exigirles a los vasallos que califica o se autocalifican de "socios" que ellos sí tienen que eliminar sus aranceles de protección, aun cuando su existencia la autoriza dicha organización.
Por ello la Casa Blanca solo aceptó desmontar en el Tratado la parte de los subsidios a las exportaciones que se refieren al Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, lo que significa que, además de las "ayudas internas" por 54.639 millones de dólares, se mantendrán los créditos, garantías de crédito y seguros que subsidian directamente las exportaciones estadounidenses.
Luego el ministro Jorge Humberto Botero engaña al Congreso cuando le dice que en lo acordado en el TLC,
Fue por este tipo de posiciones abusivas de la
Casa Blanca, entre otros asuntos, por lo que Brasil, Argentina y Venezuela
se negaron a continuar con la conformación del Área de Libre Comercio de las
Américas (Alca), posición en la que no solo no los acompañó Álvaro Uribe
Vélez, faltando a su deber de representante legal del interés nacional, sino
que utilizó para suplicarle a Washington suscribir a cambio el TLC, pacto
que, dado su carácter bilateral, le dio más poderes a Estados Unidos que los
que de hecho tendría en el trámite de un tratado multilateral como el Alca.
Para mencionar solo un instrumento de
financiación gratuita del Estado a la industria estadounidense, son de
origen público el 40 por ciento de los 320 mil millones de dólares que ese
país gasta en Investigación y Desarrollo (I&D)(8).
Incluso, con descaro el gobierno gringo advirtió que no habría consideraciones de índole política en la "negociación", porque como daba plata para el Plan Colombia (9) ni siquiera toleraba que ese aspecto se pusiera sobre la mesa de "negociaciones".
Los colombianos que, por ingenuos, se
ilusionaron con que habría condiciones preferenciales para el país como
premio a la sumisión de Uribe Vélez ante la política exterior de Estados
Unidos, tienen que aceptar que ese sueño tuvo origen en sus propias
especulaciones o en las mañas de la cúpula uribista y no en ninguna
afirmación o insinuación estadounidense.
Para este propósito, ¡cómo le han servido los tres o cuatro gatos gordos que ganarán más a pesar de la mayor desgracia de los colombianos, empezando por los altos ejecutivos criollos de las empresas gringas que operan en Colombia!
Pero cuando se los apura en el debate y les toca hablar con franqueza del alto impacto negativo para el país, presentan como un logro suficiente para justificar el Tratado convertir en permanentes los menores aranceles a las exportaciones colombianas consagrados en el Atpdea, más alguna otra posibilidad de menor cuantía en relación con una nueva exportación.
Aunque parezca mentira, dicen que el gran "triunfo" para Colombia reside en mantener casi las mismas posibilidades de exportación que se tienen desde hace más de quince años y cuya limitación para resolver los problemas del país es manifiesta, mientras callan sobre los nuevos e inmensos costos que aceptaron pagar para mantener algo muy parecido al statu quo en las exportaciones.
Y agregan que la otra ganancia vendrá de la
estabilidad en las reglas del juego que tendrán los inversionistas de
Estados Unidos, como si se desconociera que a estos lo que les interesa es
centrarse en la minería de exportación y en la toma de los monopolios ya
existentes, sean públicos o privados, que venden bienes y servicios para el
mercado interno colombiano, negocios que, además, se hacen con la condición
de facilitarles el envío al exterior de las utilidades que consigan.
Estos, además de confirmar con cifras las pérdidas que sufrirá el país, demuestran que lo acordado por Colombia fue bastante peor que lo firmado por los países centroamericanos en el Cafta, lo que ya es mucho decir, porque a estos también les fue muy mal.
Según Garay y sus compañeros de estudio, mientras a aquellos les permitieron exceptuar algunos productos, a Colombia no; al tiempo que ellos pudieron mantener requisitos de desempeño (compra de la cosecha nacional a cambio de poder importar), Colombia no; en tanto que a Centroamérica no se le exigió una cláusula de preferencia no recíproca (que se explicará luego), a Colombia sí; mientras el 4,9 por ciento de los productos colombianos quedaron con desgravación a más de 10 años, así quedaron el 32,2 por ciento de los de Costa Rica, el 27,1 por ciento de los de Nicaragua, el 25,8 por ciento de los de Honduras, el 20,6 por ciento de los de El Salvador y el 18,7 por ciento de los de Guatemala.
Y mientras el valor de las importaciones a Colombia con desgravación inmediata ascendió al 94,5 por ciento del total, las de los centroamericanos ascendieron a 69,4 por ciento. Además, a diferencia del TLC entre Estados Unidos y Chile, Colombia se comprometió a no utilizar el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) desde el inicio del Tratado.
En contraste con el acuerdo de "libre comercio" entre Washington y Marruecos, Colombia no logró salvaguardas con vigencias superiores al período de desgravación ni logró excluir ningún producto.
Y para confirmar que el TLC que tiene decidido suscribir Álvaro Uribe Vélez es el peor de América, el país,
¿Cómo juzgar a los avezados hombres de negocios que gobiernan a Colombia, quienes olvidan lo que saben de su oficio cuando de lo que se trata no es de defender el interés personal sino el nacional?
Y todavía no se han visto las otras enormes
gabelas que se les otorgaron a las transnacionales gringas, diferentes de
las que en general lograron en la relación exportaciones-importaciones.
(9) Mediante el Plan Colombia (2000),
la Casa Blanca, además de imponer la política antinarcóticos, determinó el
rumbo de la economía colombiana de acuerdo con los postulados del "libre
comercio". Con el nombre de Plan Colombia se han gastado 3.700 millones de
dólares aportados por Estados Unidos y 6.900 millones de dólares puestos por
Colombia.
Pero sí debe recordarse que con ella las importaciones agrícolas se multiplicaron por más de diez, se perdieron alrededor de un millón de hectáreas de cultivos transitorios y el empobrecimiento rural llegó a niveles inauditos.
Y es clave saber que si las pérdidas no fueron
mayores, ello obedeció a que la desprotección no fue absoluta, gracias al
Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) y a otras medidas que se
implantaron y que permitieron mantener altos niveles de protección en
ciertos sectores seleccionados. Luego no hay que ser muy perspicaz para
comprender que lo que viene con la desprotección absoluta del agro que
traerá consigo el TLC es rematar a los productos agonizantes y liquidar,
golpear o reducir a poco a nuevos sectores.
Además, la carne de res ha tenido aranceles del
orden del 80 por ciento y han existido otros mecanismos de protección, como
las licencias previas o condicionar la importación a comprar la cosecha
nacional del producto que se desee importar.
Entonces, en la práctica, las importaciones
serán mayores que el contingente libre de arancel y los precios de los
bienes producidos en Colombia deberán bajar desde el principio, porque las
importaciones más baratas podrán - o deberán, mejor - presionar a la baja
los precios de venta del producto nacional, aun cuando todavía exista
protección.
Por ejemplo, de maíz blanco, que quedó con un
contingente de libre acceso de 136.500 toneladas y arancel de 20 por ciento
para la parte restante que se desee importar, podrían entrar a Colombia 273
mil toneladas, el doble, con un costo efectivo arancelario de 10 por ciento.
Porque para muchos productores la quiebra puede venir si en el momento de sacar su producción lo precios caen, así hayan sido remunerativos en otras ocasiones. Y este riesgo es, por supuesto, mayor en productos de ciclos semestrales o en el negocio de la carne de pollo, donde el capital se pone en riesgo cada seis meses o cada 40 días.
Es por estas realidades y por la certeza de que
el desorden en el comercio desordena la producción por lo que en los países
desarrollados la norma son las políticas públicas que les dan garantías de
costos y de precios a las gentes del agro.
En la llamada "renegociación", además, Estados Unidos impuso que, exceptuando arroz y azúcar, los plazos de desgravación de los demás productos no empezarán a contarse a partir de la legalización del Tratado, según lo acordado inicialmente, sino desde el 27 de febrero de 2006, la fecha del anunciado cierre del acuerdo. De esta manera Estados Unidos adelantó en por lo menos un año la desprotección de Colombia.
¿Cuánto le costará al país este otro acto de
sumisión de Álvaro Uribe?
Y al justificar dicha pérdida suelen afirmar que el trigo y la cebada - que quedaron en canasta A, es decir, en cero protección desde el primer día de vigencia del Tratado - ya casi desaparecieron de la geografía nacional, a la par que ocultan que podrían reaparecer si se quisiera y que su agonía no es un castigo del cielo sino el efecto de las decisiones que se tomaron desde 1990, incluidas las de la administración Uribe Vélez.
Las teorías con que arguyen que es positivo comprar en el exterior el trigo y la cebada que Colombia podría producir con grandes beneficios para el país constituyen mediocridades.
La primera es que resulta mejor sembrar flores en la Sabana de Bogotá que trigo o cebada, inventándose una contradicción por tierra que no existe, pues hasta un colegial sabe que en el altiplano cundiboyacense, en Nariño y en otras zonas de clima frío hay tierras de sobra para aumentar el área en invernaderos para flores - si hubiera más mercado, que tampoco lo hay - y para cultivar de manera extensa cualquier otro bien que se quiera.
Y alegan también que en el trópico, por razones del menor asoleamiento, no pueden ser productivos estos cereales, afirmación insostenible que es el colmo que se esgrima justo cuando se está descifrando el genoma y que silencia que el país fue autosuficiente en cebada hasta 1990, año en el que todavía era un importante productor de trigo, a pesar de que desde 1956 empezó la política de Estados Unidos de imponerle a Colombia la compra de los llamados "excedentes" agrícolas.
Y si el problema es lo tropical, ¿cómo explican
que Washington también haya decidido usar el TLC para acabar con el trigo en
Chile, país de zona templada?
Y el sorgo desaparecerá de inmediato, dado el
tamaño del contingente de libre importación (21 mil toneladas) y lo bajo del
arancel que le fijaron a la parte restante (25 por ciento).
Pero estas cláusulas, que no se explican por la generosidad del Imperio ni por la conducta de los "negociadores", sino por la resistencia del sector encabezada por la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, no impedirán su crisis, incluso antes de lo que aceptan los panegiristas del "libre comercio".
Esto porque, como ya se mencionó y lo confirma
la experiencia de años anteriores, las importaciones agropecuarias, así sean
relativamente menores, presionan a la baja los precios de compra en el
mercado nacional, al dotar de un mayor poder a los intermediarios.
Si hoy algo de este se cultiva es porque el gobierno, no obstante los incumplimientos de sus promesas a los algodoneros, los subsidia mediante un precio de sustentación, defensa que tendría que mantenerse con el TLC, donde le determinaron cero arancel desde el primer día, lo que pone en duda su supervivencia.
Y la pone en duda porque será muy difícil o
imposible mantener vivo el cultivo del algodón en Colombia sobre la base de
lograr que la Tesorería del gobierno colombiano enfrente a la de Estados
Unidos, y eso en el supuesto de que se intentara.
Así lo indica también la libre importación de fríjol y torta de soya desde el primer día de vigencia del Tratado y la eliminación del arancel de otros aceites en 5 años y del crudo de soya en 10 (pero con contingente de 30 mil toneladas), los cuales, además, quedaron con bajos aranceles de protección, del 23 y 24 por ciento.
Y las importaciones de soya deben sustituir lo
productos más costosos derivados de la palma africana que se consumen en
Colombia, tal y como era de esperarse y como lo explica Garay en su estudio,
en el que calcula que las ventas de los palmeros podrán reducirse hasta en
el 19 por ciento.
En el papel, el fríjol quedará protegido por 10
años, pero en la realidad será sacrificado mucho antes porque la mitad del
arancel con el que empieza su desgravación, de 60 por ciento, se eliminará
el primer año, con el agravante del adelanto ya mencionado de los plazos.
También puede arruinar al sector que después de cerrada la "negociación" el 27 de febrero de 2006, Estados Unidos impusiera cero arancel a los cuartos traseros troceados, a la carne deshuesada mecánicamente y a la sin pellejo, concesión inaudita que el gobierno colombiano ha ofrecido corregir pero sin que lo haya hecho.
Y la carne de las gallinas ponedoras de huevos que terminaron su vida útil, considerada también de desecho, podrá importarse pagando un arancel de apenas el 45 por ciento.
Fenavi acierta cuando en aviso en la prensa denunció:
En cuanto a la carne y los despojos de cerdo, quedarán desprotegidos en apenas un lustro contado a partir del 27 de febrero de 2006, plazo que augura que habrá una crisis antes de esa fecha, según han dicho sus dirigentes, pues además no quedó ninguna limitación al volumen que puede importarse y sus aranceles de protección empezarán en los muy bajos niveles de 30 y 20 por ciento, respectivamente.
Razón tiene, entonces, Fredy Velásquez,
presidente de la Asociación Nacional de Porcicultores, cuando explica que
"fuimos sacrificados por conveniencias políticas con Estados Unidos",
sacrificio que puede costarles la ruina a muchos de los 80 mil productores,
pues apenas alrededor de tres mil son tecnificados.
Entrarán con cero arancel 4.621 tonelada de vísceras (el 12 por ciento del mercado nacional), cuota que tendrá un crecimiento del 5 por ciento anual, pero con la advertencia de que llegarán más porque por ser desecho en Estados Unidos se comercializa a precios bajísimos, en tanto que el arancel de protección, que se irá reduciendo hasta desaparecer, empezará en apenas el 50 por ciento real. Igual puede decirse de la carne de calidad estándar, con cuota de 2.100 toneladas, pero con el mismo bajo arancel para la parte por fuera de la cuota.
Y con lo impuesto por la Casa Blanca sobre importaciones de carnes de reses de más de treinta meses, a pesar del riesgo del mal de las vacas locas, se le abrieron las puertas a la carne del ganado lechero ya desechado en ese país.
Tan contrario a lo propuesto por la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) terminó siendo lo acordado en carne y leche, que José Félix Lafaurie, presidente de esta agremiación y quien fuera viceministro de Agricultura de César Gaviria, tuvo que evadir el balance apelando a un retruécano:
En el análisis de las pérdidas que tendrán los productores de carnes de cerdo y res debe considerarse que estas también sufrirán por efecto de su sustitución por pollo importado, fenómeno suficientemente documentado en este y en casos como el de los derivados de la soya en reemplazo de los de la palma africana y que en Colombia ha ocurrido en la misma medida del "libre comercio" y del empobrecimiento nacional:
Luis Jorge Garay calculó además,
empleando en parte estudios de Fedegan, que en el escenario de una caída del
precio del pollo de 30 por ciento, la demanda de carne de bovino en Colombia
debe verse reducida en 6 por ciento y la de cerdo en 24 por ciento.
Además, el arancel de protección contra la leche
en polvo por fuera de cuota quedó en el bajo nivel del 33 por ciento y los
lactosueros - el desecho que queda de la producción de quesos - se dejaron
en desprotección inmediata, producto al que Fedegan había pedido clasificar
igual que a la leche en polvo, como de "extrema sensibilidad", y concesión
que los lecheros pidieron no hacer porque sería el "acabose" del sector
(Portafolio, 6 de febrero 2006).
Viene al caso recordar que al inicio de las
negociaciones del TLC la secretaria del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos expresó que esperaban aumentar las exportaciones de
hortalizas, entre otros sectores.
Como la producción azucarera de Estados Unidos es de las más costosas del mundo, el azúcar colombiano (o el centroamericano) tiene tantas condiciones para tomarse ese mercado que en la "negociación" Colombia pidió una cuota de libre acceso inmediato de 500 mil toneladas anuales, más un fuerte incremento año por año.
Pero como Imperio es Imperio y vasallo es vasallo, la Casa Blanca escogió al azúcar como el único producto excluido del Tratado, pues solo en este caso el arancel jamás llegará a cero por ciento. Colombia, que produce 2,7 millones de toneladas, solo consiguió una cuota de exportación de escasas 50 mil toneladas, con un crecimiento anual del ínfimo uno y medio por ciento.
Para empeorar las cosas, el país se desprotegerá frente a las importaciones de jarabe de maíz gringo en 9 años, endulzante que desplazará en proporciones importantes las ventas de azúcar nacional en el mercado interno y que terminará por golpear, de carambola, a los paneleros.
Y el uribismo, como si fuera poco, aceptó
desgravar los confites y chocolates gringos de manera inmediata, en tanto en
la cuota de azúcar que Estados Unidos otorgó se incluyen los productos con
alto contenido de ese producto (confites y chocolates), bienes que tampoco
se desgravarán.
¿Y qué pasó?
Que las salvaguardas que ofrecieron con una vigencia indefinida y para casi todos los productos quedaron, a la hora de la verdad, convertidas en unos paliativos que desaparecerán una vez concluya el período de desgravación y solo cubrirán el arroz, el fríjol y el pollo.
Su diseño, además, es de una mediocridad tal que
no tiene ninguna capacidad para impedir las pérdidas que sufrirán dichos
productos.
En el colmo de los colmos, el uribismo también aceptó un contingente de importación de cafés de África y Asia transformados en Estados Unidos, cupo que no por pequeño carece de significado porque tiene la gravedad de haber abierto una puerta que nunca debió abrirse.
Y la Casa Blanca también le impuso a Colombia
"trabajar juntas hacia un acuerdo en la OMC" sobre empresas comerciales del
Estado, acuerdo que podría arrebatarle al Fondo Nacional de Café su
capacidad para intervenir en las exportaciones y en las compras internas, un
viejo sueño de los intermediarios estadounidenses.
Porque la cuota de exportación de carne de res de Colombia que aparece en los informes oficiales y que fue mañosamente atada a una cuota de OMC que nunca se ha podido cumplir, lo dicen los propios "negociadores", no tiene ni la más remota posibilidad de concretarse en el corto plazo, y porque, como se verá, las ventas de biocombustibles, de nuevas frutas y de hortalizas son inciertas.
Si se hacen las cuentas del área bajo cultivo y los empleos que sufrirán los embates del TLC solo en arroz, maíz, fríjol, papa, cebada y trigo se llega a un millón y medio de hectáreas y a unos 460 mil empleos. Si se suman palma africana y caña panelera y de azúcar hay que agregar 570 mil hectáreas y otros 430 mil empleos.
Y entre pollo y cerdo están en juego 250 mil
empleos y 80 mil productores.
En el artículo 16.9 del Tratado se dice que si un país signatario no permite patentar plantas "a la fecha de entrada en vigor de este acuerdo (el caso de los andinos, porque sus normas lo prohíben), realizará todos los esfuerzos razonables para permitir dicha protección mediante patentes", norma que golpeará a los fitomejoradores y a los agricultores colombianos, pues fortalecerá el monopolio de semillas de las trasnacionales, que incluso podrán perseguir legalmente a quienes las resiembren sin pagar los derechos que se definan. (10)
El TLC encarecerá los agroquímicos y la droga veterinaria, porque con el capítulo de propiedad intelectual se prolongará de veinte a treinta años el monopolio de las trasnacionales estadounidenses sobre muchos de estos.
Es conocida también la política que busca cobrar, y cada vez más cara, el agua que se utiliza en el agro, paso previo a la privatización de los distritos de riego y del propio líquido, aberración esta última que permite el Tratado.
El sistemático incremento de los precios de los
combustibles, y de los agroquímicos que los utilizan, no tiene como única
explicación el aumento de la cotización del petróleo, porque también cuentan
los altos impuestos que los gravan (38 por ciento en la gasolina) y que
contrastan con los menores que se cobran a las trasnacionales para atraerlas
al país, así como con las modificaciones legales para que al sector de
hidrocarburos se lo tomen las trasnacionales, asuntos todos relacionados con
las adecuaciones al "libre comercio".
Y citas del mismo tenor pueden transcribirse de los restantes dirigentes de la SAC, exceptuando a los de los sectores exportadores, con la diferencia de que el común de aquellas se expresaron antes de concluir la "negociación", mientras que las de Hernández son posteriores.
Pero si algunos cambiaron la tonada no es porque
a sus sectores les haya ido bien, con logros siquiera remotamente cercanos a
las tímidas propuestas que hicieron sus dirigentes, sino porque decidieron
acomodarse frente al poder y la chequera del Mesías que desquicia y manipula
a Colombia, luego de haberse decidido a dar unas volteretas que, presumiendo
el pudor, no podrán relatarles a sus nietos con orgullo.
Y ante la pregunta de cómo modificarían las normas sanitarias y fitosanitarias de Estados Unidos, conocidas por constituir barreras de protección mayores que las mismas arancelarias, juraron cambiarlas en la "negociación".
A este punto le dieron tal importancia una vez ya nadie quiso insistir en el ridículo de que la producción nacional no iba a ser sacrificada por los productos estadounidenses, que José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, alcanzó a afirmar que,
Pues bien, aunque dicho Tratado no hubiera sido
defensable en Colombia ni siquiera con unas mejores posibilidades para
vender productos del agro en el mercado estadounidense, la verdad es que
dicho acceso no se logró, así algunos afirmen lo contrario.
Y el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, afirmó que,
Mentiras. Porque si algo se impuso fue el
mantenimiento de las talanqueras con las que la Casa Blanca, con estas
razones, protege el agro estadounidense.
Además dijo que,
¿Y qué se acordó?
Artículo 6.2 del TLC:
A lo anterior le añadieron, para engañar a los desconocedores del tema, un Comité Permanente que en nada cambia las cosas, porque en él Colombia no tiene ningún poder decisorio y porque su primer propósito es "impulsar la implementación por cada una de las partes del Acuerdo MS y F" de la OMC (artículo 6.3).
Más claro no canta un gallo, así sea gringo.
Y para acabar de desnudar a los ministros de Álvaro Uribe en sus falacias, sirve también la explicación dada por Juan Lucas Restrepo, jefe de los "negociadores" de Colombia en la mesa de asuntos sanitarios, quien, en sus propias palabras, dice que el poder de decisión quedó en manos de los estadounidenses:
Luego si el día de mañana Colombia logra
exportarle algún producto agropecuario nuevo a Estados Unidos, ello no
sucederá porque el TLC le haya otorgado ese derecho, sino porque a
Washington - de manera unilateral, y según sus conveniencias, como es obvio
- se le dio la gana de dar esa posibilidad, la cual, es seguro, le cobrará
al país de alguna manera.
En flores lo que se consigue es lo que se tiene con el Atpdea, que representa unos 26 millones de dólares al año en menores aranceles, suma que si se perdiera no sería el fin de ese sector, que bien podría funcionar avanzando en competitividad, con menores utilidades para sus empresarios o con subsidios del Estado colombiano iguales a la suma perdida. (12)
Y lo logrado en exportaciones de tabaco también
es mediocre, porque los gringos impusieron un contingente con libre acceso
inmediato de apenas cuatro mil toneladas y desgravación a 15 años, a partir
de un arancel prohibitivo del 350 por ciento, ¡el más alto del TLC!
Ya se dijo que las barreras sanitarias son un obstáculo cierto y hasta ahora infranqueable para exportarle a Estados Unidos varios de estos bienes, a lo que hay que agregarle que el país tampoco tiene oferta exportable, caso que es evidente en el sector hortifrutícola e incluye hasta la ganadería, según ha explicado la propia Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan).
En efecto, esta ha dicho que conseguir la
capacidad nacional exportadora será obra de 20 ó 30 años cuanto menos de
incrementos en el hato y de un lapso similar para cambiar el tipo de ganado
que se produce en Colombia por el que les gusta a los consumidores
gringos(13). Tan escasas son las posibilidades en este sentido, que el
programa exportador de Fedegán no se refiere a un país exportador, ni a una
región exportadora, sino a "Fincas para la exportación".
Que no resulte que Colombia termine por tener problemas con el alcohol carburante importado, posibilidad que autoriza la legislación nacional y el TLC.
Sobre la exportación de biodiesel producido a partir de aceite de palma africana hay menos certeza aún y caben iguales o mayores dudas que sobre el alcohol, porque los subsidios para su consumo en Colombia tendrían que ser mayores y porque ni siquiera existe en el país una empresa que haga esa transformación a escala industrial.
Incluso, ¿no llama la atención que al momento de
terminar este texto, y con la venia del uribismo, se haya hundido en el
Congreso el proyecto de ley que ordenaba mezclarle el 5 por ciento de
biodiesel al ACPM que se emplea en Colombia?
¿Hasta cuándo insistirán en meterle gato por
liebre al país, legitimando las políticas regresivas por la vía de exceptuar
a unos cuantos de las consecuencias de las decisiones que les hacen daño a
casi todos?
Allí se consignó (Apéndice uno del capítulo dos), ¡desafuero casi increíble pero cierto!, que si en el futuro Colombia suscribe un tratado con otra nación a la que le dé mejores condiciones agrarias que las otorgadas a Estados Unidos, deberá trasladárselas al Imperio; pero que si es este el que pacta con un tercero cláusulas superiores a las que le otorgó a Colombia, no tendrá que concedérselas a los colombianos.
¿Y no se supone que la reciprocidad en los
términos de los tratados internacionales debe ser uno de sus presupuestos
mínimos o que si hay cláusulas discriminatorias, estas deben favorecer a la
parte débil? ¡Cuánto debe agradecer Álvaro Uribe Vélez que una indignidad
como esta la ignore casi toda la nación!
Es falso, entonces, que el caso de las vacas locas hubiera sido un asunto "paralelo" al Tratado, como dijo el Ministerio de Comercio.
Porque en lo que firmaron Arias y Botero al
respecto ni siquiera dejaron establecido que solo podría importarse carne de
reses de menos treinta meses, límite de edad que, como se vio, terminó por
eliminar el Imperio en otro pasaje en el que a lo desventajoso para Colombia
se le sumó la indignidad del sometimiento.
Al respecto basta con leer las astutas pero
irresponsables afirmaciones sobre las supuestas exportaciones agropecuarias
colombianas conseguidas con el TLC, en las que son comunes los "podría",
"posiblemente", "es de esperarse", "en el futuro", "si", etc., etc., que
bien ilustran que los que así peroran no van a ser arruinados con el Tratado
y que poco les importa el interés nacional.
¿O es que cada lote de tierra sirve para sembrar cualquier cosa y, entonces, basta con decidir cambiar un cultivo por otro para hacer dicha sustitución? A quien se arruina en el maíz, por ejemplo, ¿cómo le sirve que otro colombiano - en otra parte del país, además - gane cultivando uchuvas? ¿Y qué pasará en las poblaciones que perderán la producción de las zonas rurales de las que viven?
Claro que para los neoliberales nativos, para
quienes la economía que no sea la del capital extranjero se reduce a meros
números que no representan personas, poco o nada importan las consecuencias
sociales de las decisiones.
El plan, llamado "Agro, ingreso seguro", cuyo nombre doloso les desnuda el alma a sus autores, le ofrece al sector unos recursos por completo insuficientes para impedir la crisis, pero sí suficientes para facilitarles más instrumentos clientelistas a los parlamentarios uribistas que deberán aprobar el Tratado.
Y esos pesos también servirán, como ya se está viendo, para dejar al descubierto el lamentable espectáculo de unos representantes gremiales engarzados en disputárselos, a pesar de ser notorio el objetivo del gobierno de dividirlos y comprarles su respaldo a un acuerdo que empobrece a los productores que los contrataron para defenderlos.
Otra vez la astucia de separar la suerte de los dirigentes de la de los dirigidos y la personal de la de la nación. Ojalá nadie informado incurra en la estupidez de decir en público que esa suma, de 500 mil millones de pesos anuales durante unos seis años, servirá para neutralizar los conocidos y enormes subsidios que Estados Unidos les regala y les regalará cada año a sus productores agropecuarios.
Un papel parecido, de manipulación de incautos y creación de clientelas dentro y fuera del Congreso, tendrá la llamada "agenda interna" que según afirman aportará los programas y la plata para la infraestructura que hará competitiva a Colombia frente a Estados Unidos.
Porque quien lo desee puede confirmar que el
gobierno no tiene de dónde sacar nuevos e importantes recursos para ese fin,
por lo que esta tendrá la misma y escasa plata de siempre, pero estrenando
nombre.
La propuesta, parte de las imposiciones del Plan Colombia,(14) no puede ser más leonina.
Porque con ella Estados Unidos "renuncia" a sembrar los tropicales que el clima le impide cosechar, mientras que Colombia sí se condena a no producir bienes que la naturaleza le permite sembrar.
Y en estos negocios los colombianos serán perdedores de otra manera, incluso en el supuesto caso de que pudieran aumentarse las ventas de bienes propios del trópico, pues es bien sabido que con la parte fundamental de las ganancias se quedan las trasnacionales del comercio internacional de alimentos y los monopolios que en las metrópolis venden al final de la cadena, como bien lo muestra la suerte de los cafeteros, a quienes por su grano no les llega ni el 10 por ciento del precio que paga el consumidor final.
¿Carecerá de relación el probable aumento de las
exportaciones de tabaco colombiano con las ganancias de las trasnacionales y
la condición paupérrima de los campesinos de este cultivo?
Y tiene que ver con la importancia fundamental de tener a la mano los alimentos, a partir de reconocer que la comida es un bien que hay que distinguir de los demás, por el hecho evidente de que si se pierde el acceso a ella no solo se padece de una carencia sino que se deja de existir. Y la disponibilidad de que se habla en este caso no es de la económica, la de poseer dinero con qué adquirir los alimentos, pues estos podrían no estar disponibles aunque se dispusiera con qué comprarlos, sino de la relación física y en todo momento, la cual puede desaparecer por diversas circunstancias.
La historia de la humanidad abunda en casos de
hambrunas que muestran bien de qué trata la seguridad alimentaria, concepto
que, como es obvio, debe definirse en relación con lo nacional y no con lo
global (como dicen los neoliberales), pues son muchas las situaciones que
pueden interrumpir los flujos del comercio internacional, como se ha visto a
lo largo de la historia.
Que estas no son cosas del pasado puede demostrarse hasta la saciedad, como bien se encargó de recordarlo un alto funcionario del gobierno estadounidense, quien explicó que, como mecanismo de presión, las exportaciones de alimentos a un país podrían ser suspendidas. (15)
¿No constituye una severa advertencia que la ONU
y la FAO, el Fondo Mundial de Diversidad de Cultivos, once importantes
instituciones agrícolas y setenta países hayan decidido construir en Noruega
unos silos subterráneos y blindados para depositar en ellos tres millones de
semillas de diversas especies para precaver a la humanidad en caso de
"guerra nuclear, impacto de asteroides, atentado terrorista masivo,
pandemia, catástrofes naturales o cambio climático acelerado"?
Por tanto, hay que calificar como un atentado
contra Colombia y la propia especie la imposición neoliberal de concentrar
en unos cuantos países la producción de comida del mundo, política
monstruosa que es más indignante cuando se sabe que ella tiene como único
sustento la decisión miserable de unos cuantos monopolistas de embolsillarse
unos miserables dólares.
El campesinado, por tanto, al igual que los
empresarios y los obreros agrícolas, debe defender el mercado urbano del
país como el principal objetivo de sus esfuerzos.
Porque los propietarios rurales llegan a 3.733.513 y el 87 por ciento de los predios ocupa entre 0 y 20 hectáreas, a la par que apenas 2.431 tienen más de 500 hectáreas. Este predominio numérico de los pequeños y medianos propietarios es cierto hasta en la ganadería, donde están las mayores propiedades rurales pero en la que también hay 236 mil fincas, alrededor de la mitad del sector, que sostienen menos de 10 reses cada una, con un promedio de 5.
Y es fácil entender que los que más sufrirán con
el TLC serán los productores más débiles, campesinos e indígenas, que
carecen hasta de los más elementales recursos, como bien lo expresa que más
del 90 por ciento de los habitantes de las zonas rurales se halle por debajo
de la línea de pobreza, horrible realidad de la que también son responsables
tres lustros de "libre comercio".
¿No llama la atención que a los campeones del neoliberalismo colombiano les molesten tanto algunos de los ricos del agro de aquí, mientras favorecen, y de qué manera, a ciertos magnates nativos y a todos los de Estados Unidos?
¿Por qué silencian que las supuestas
exportaciones de biocombustibles, con las que generan esperanzas, solo
podrán darse, si es que ocurren, manteniéndoles grandes subsidios oficiales
a algunos colombianos que se cuentan entre los más adinerados del país?
Es obvio que los ideólogos de un mundo en el que la gente es solo consumidora, y que de ahí deriva su único interés, pertenecen al sector cada vez menor de personas que tienen asegurada su ocupación y su ingreso y que, por tanto, solo se preocupan por cuánto les cuestan los bienes.
Que les pregunten a los desempleados y
subempleados qué prefieren: si bienes nacionales caros y empleo o bienes
norteamericanos baratos y desempleo, sin perder de vista que por la Colombia
que hay que luchar es por una en la que el empleo, los buenos salarios y los
costos menores no sean mutuamente excluyentes.
Pero lo que no dicen es que esa suma, que
también dejaría de ingresarle al fisco, la tendría que recuperar el gobierno
con un aumento igual de los impuestos, y que el incremento de estos - por la
concepción del "libre comercio", que así lo exige para supuestamente atraer
inversión extranjera - castigaría al pueblo mediante el aumento del IVA y
los mayores tributos a los salarios.
Que esto puede ser así lo explican los propios estudios del Ministerio de Agricultura de Colombia que analizaron lo ocurrido con las importaciones más baratas de la apertura, las cuales arruinaron a muchos colombianos pero no se convirtieron en alimentos más baratos para las gentes.
En efecto, de acuerdo con lo que el mismo ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, debió reconocer ante la Comisión Quinta del Senado el 11 de octubre de 2005,
Además de las razones expuestas, también se configura como proditoria la decisión de Álvaro Uribe Vélez de firmar el TLC porque este viola, de manera por lo demás flagrante, el Artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, que dice:
(15) Roddick, Jacqueline, El negocio de
la deuda externa, El Áncora Editores, p. 80, Bogotá, 1990.
(16) El estudio citado, de Luis Jorge
Garay y otros, se titula La Agricultura colombiana frente al Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos, Ministerio de Agricultura, Bogotá, 2005.
En efecto, entre 1991 y 2005 la participación del agro en la economía nacional cayó 2,9 por ciento (de 16,3 a 13,4 por ciento) y la de la industria se redujo 3,6 por ciento (del 17,7 al 14,1 por ciento), cifras que se refuerzan con otras: el crecimiento promedio del sector agropecuario colombiano entre 1993 y 1999 fue muy bajo, de 7,35 por ciento, pero el de la industria fue negativo en 5,9 por ciento, en buena medida porque en 1999 cayó en el enorme porcentaje de 14 por ciento.
Y si la crisis industrial no llegó a más se debió a que las trasnacionales instaladas en Colombia, como era de esperarse, resistieron mejor a las mayores importaciones y a que - con todo cálculo, como también ocurrió con ciertos productos del agro - la merma de los aranceles se hizo de forma tal que algunos sectores padecieran menos.
Para poner un solo ejemplo, los menores
aranceles a las importaciones de automóviles se calcularon de manera que las
ensambladoras extranjeras que operan en el país soportaran las pérdidas.
Y si se dice que acaba con la CAN en los hechos
es para enfatizar que ello ocurrirá, así Venezuela u otro país miembro no se
retiren de ese acuerdo subregional, porque, en la práctica también, al
otorgársele aranceles de cero por ciento a Estados Unidos, desaparecen en
una proporción notable los efectos prácticos del Arancel Externo Común, el
eje de la integración andina.
El BID detalló que el TLC pone en riesgo alto el
40,8 por ciento de los negocios intraCAN, en riesgo mediano el 23,2 por
ciento y en riesgo bajo el 19,9 por ciento, para un total amenazado del 84
por ciento, situación en la que el que más perderá será Colombia, porque de
los nueve mil millones de dólares que cuestan las exportaciones dentro de la
subregión el país aporta casi la mitad, 4.200 millones.
Y existe también el listado de los renglones que
quedarán amenazados en el caso de las ventas de los demás países de la
región.
Lo sobresaliente de este porcentaje contrasta
con que el 83 por ciento de lo que Colombia exporta a Estados Unidos son
materias primas agrícolas y mineras, proporción indeseable porque lo que
saca a los países del atraso es la transformación de los bienes que brinda
la naturaleza, y que representa la misma cifra que se padecía en 1990,
situación que confirma que el "libre comercio" apresa a Colombia en unas
exportaciones de tipo colonial con las que no se integra al mundo con bienes
que contengan una mayor transformación.
Además, el pésimo manejo que el gobierno de Álvaro Uribe les dio a las relaciones con Venezuela - donde Colombia vende la mitad de lo que exporta en la zona andina - país al que intentó someter dentro de la CAN a una mayoría automática con Perú y Ecuador para derogar las normas que molestaran al Imperio, facilitó otro cambio en las relaciones económicas regionales que también debe costarles sufrimientos a los colombianos. (17)
Se trata de la decisión del gobierno venezolano de integrarse definitivamente con Mercosur - cosa que sucedió luego de que Colombia y Perú cerraran la negociación del TLC, que destruía en la práctica la CAN - porque por este lado también debe darse un fuerte aumento de importaciones, a través de Venezuela, de bienes argentinos y brasileños, salvo que Colombia estuviera dispuesta a pagar el precio de cerrar la frontera venezolana.
En el clásico sándwich entre Estados Unidos y Mercosur tiende a quedar el país, con las pérdidas que eso podrá infligirle tanto en sus ventas a sus vecinos como en el mercado interno.
E ilustra lo que está en juego en Venezuela en
relación con la amenaza de Mercosur que hacia allá van el 80 por ciento de
las exportaciones de carnes y el 91 por ciento de las de lácteos
colombianas, además de la ya mencionada importancia de las ventas de
productos industriales.
Pero, además, por otra causa que también han
callado los que debieran ser los primeros en pregonarla: globalizar
significa crear un mercado de envergadura global para que actúen mejor que
nadie los capitales de iguales proporciones, que van a vender incluso en
nichos donde antes no podían, porque precisamente por su tamaño no les
convenía cubrir mercados relativamente menores, que eran los
tradicionalmente atendidos por los pequeños y medianos empresarios de todos
los países. Incluso las industrias maquiladoras, que les elaboran parte de
los procesos a las trasnacionales en unas condiciones de expoliación que
escandalizarían a los colombianos si las conocieran, exigirán cada vez
inversiones mayores.
Las cuentas que muestran los daños que provocará el TLC son simples y estos tendrán como consecuencia contraer el gasto público de varios departamentos. Porque se acordó desgravación total a 10 años y hoy los aguardientes colombianos entran sin arancel a Estados Unidos y los rones pagan uno del 8 por ciento, en tanto los licores gringos tienen arancel de 20 por ciento para entrar a Colombia.
Pero pudo ser peor, pues se requirió de la
protesta de las industrias licoreras asociadas en Acil para que los
"negociadores" no dejaran el sector en Canasta A, es decir, con desgravación
inmediata.
Además de este cambio de naturaleza, el silencio de los voceros de la Andi y de la Acopi sobre las severas pérdidas industriales que sufrirá Colombia encierra otras dos explicaciones: el viejo poder del capital extranjero en la Asociación Nacional de Industriales (Andi) se acrecentó con las mayores pérdidas que les causó la apertura a las factorías del capitalismo nacional, hasta el punto de ser los intereses del capital extranjero los que hoy definen el rumbo de la organización, como bien lo prueba su actitud de ponerse al lado de Afidro y en contra de Asinfar en el conflicto entre las agremiaciones del capitalismo extranjero y las del nacional en torno a la producción de medicamentos genéricos.
No es casual tampoco que la Andi haya decidido mantener su sigla pero cambiándole el tradicional significado por el de Asociación Nacional de Empresarios, pues así refleja mejor, como también lo muestra el caso de Afidro, el aumento del peso en la organización de quienes producen poco o nada en Colombia pero sí son fuertes importadoras de artículos de sus casas matrices.
Y el caso de la Acopi, cuyo presidente fue capaz de caer en el ridículo de afirmar que las enclenques pymes colombianas serán "ganadoras netas" en el TLC, se explica porque, como no es lo mismo vivir de la industria que de los industriales, prefirió atar sus intereses a los del poder oficial, seguramente más decisivo a la hora de continuar cómodamente sentado en su sillón.
Dos casos más en los que quienes deciden
separaron su suerte personal de la de la casi totalidad de los colombianos.
Tal el caso de los colombianos que remanufacturan bienes industriales usados, pues muchos de estos perderán toda protección de manera inmediata y el resto en diez años, plazo por completo insuficiente para defenderse de la muy poderosa producción estadounidense de este tipo, los cuales fueron definidos de una manera en la que, según un dirigente gremial de la industria colombiana,
Fue tal el control de Estados Unidos en la "negociación", que ni siquiera la ropa y los zapatos usados quedaron de prohibida importación, pues los dejaron en un listado de licencia previa que anuncia que cualquier día podrán importarse sin ningún obstáculo, luego de modificar una simple resolución.
¡Y en la misma condición quedaron los residuos tóxicos y peligrosos!
Cómo se nota el propósito de Washington de
llenar a Colombia con sus desechos: vísceras de reses, trozos de pollos,
lactosueros y gallinas y vacas viejas. ¡Triste condición la de los países
que terminan convertidos en la caneca donde los imperios tiran sus residuos!
Porque en la medida en que el Tratado mejora la competitividad de las trasnacionales por la vía de alargarles los monopolios que se derivan del sistema de patentes, también por este lado se volverá más difícil o imposible imitarles sus avances científicos, los cuales gozarán también con la ventaja de poderse vender tan baratos como les convenga a las trasnacionales en su propósito de impedir que les surjan competidores.
Prohibir que existan aranceles que protejan el desarrollo de la producción interna y alargar el plazo del momento en el que pueda imitarse la tecnología compleja de las trasnacionales son dos caras de la misma moneda de la recolonización imperialista de Colombia.
Porque es sabido que si bien en unos casos a los
imperios les interesa instalar en otros países parte de su producción, en
otros no, siempre dependiendo de las conveniencias, y cuando lo hacen es a
través de sus propias trasnacionales y pugnando por mantener el monopolio
científico y tecnológico.
Y porque, en últimas, el nivel de los salarios y de la vida de la población que de estos se deriva depende de si se labora o no con la fuerza de los desarrollos tecnológicos y las transformaciones que estos posibilitan, pues de ninguna manera dicho nivel de vida puede evadir en general el grado de productividad del trabajo.
Desde esta perspectiva, la maquila, cuya característica tecnológica es el ensamblaje y los procesos de baja tecnología, a su vez inherentes a los bajos precios de la mano de obra, constituye también una estrategia reaccionaria en el campo de la producción industrial y de las condiciones sociales del país.
Y como la industria maquiladora neoliberal
desintegra los aparatos productivos nacionales y es un apéndice de las
necesidades de importación y exportación intrafirmas trasnacionales, todo
resulta peor.
Que lo anterior es cierto lo demuestra la
experiencia de Estados Unidos y los restantes países desarrollados, e
incluso de China, India y Corea del Sur, así los neoliberales criollos
recurran a la falacia de afirmar que es el "libre comercio", como lo definen
en Washington, el que explica sus desarrollos fabriles.
Y si esto es cierto en general con el TLC, peor
resulta con el capítulo de propiedad intelectual, cuyo único propósito es
establecer monopolios por la vía de prohibir, con todas las formalidades
legales del caso, la competencia, con lo que ello significa como sistema
para elevar los precios de las mercancías e impedir, al mismo tiempo, el
desarrollo de industrias competidoras.
Determina también la suerte de todas las industrias, tales como las de la química, electrónica, telecomunicaciones, aeronáutica, genética, nanotecnología, nuevos materiales, etc.
Que Colombia sufra con tan escaso desarrollo industrial y que quienes se dicen voceros del sector sean tan sumisos a las políticas del Imperio, por lo que sobre el tema poco se habla, no controvierte que el TLC busca encadenar el país a un mayor atraso científico y tecnológico, así como a la pobreza que le es inherente.
Es tan importante para cualquier nación el
avance de la ciencia y la tecnología, que algunos analistas incluso afirman
que el principal objetivo de Estados Unidos con los TLC reside en acrecentar
su poder incrementando el monopolio de la producción compleja.
Y ya dos décadas de monopolio constituyen un lapso excesivo que no tiene nada de "natural", calificativo que tanto en política como en economía ha justificado más de un desafuero. Porque, en efecto, el monopolio por patentes y los años que lo protegen fueron fijados, a su antojo, en las legislaciones internas de los países a los que así les convenía y solo mucho después estos empezaron a imponerlos en los tratados internacionales. Y está demostrado que la inversión en investigación y desarrollo se recupera en los dos o tres primeros años de comercialización del producto patentado.
Por tanto, cuánta razón abrigan quienes proponen cada vez con mayor energía que los países y la humanidad toda creen maneras de financiar la investigación mediante mecanismos diferentes a concederles monopolios a las trasnacionales, sistema que resulta indeseable por muchas razones.
¿Cómo defender que se estimule la invención otorgando monopolios, monopolios que, a su vez, entraban la invención? ¿Cómo estar de acuerdo con financiar la investigación en medicamentos otorgando monopolios, cuando estos, al elevar los precios, impiden que los supuestos beneficiados por la investigación puedan pagar por los fármacos que impiden su enfermedad y su muerte?
Tiempos llegarán en que estas prácticas
abusivas, como la esclavitud, aparezcan como hechos exóticos de la
prehistoria del género humano.
Con razón los TLC impuestos por la Casa Blanca suelen denominarse OMC-plus y, para efectos de los derechos de propiedad intelectual, ADPIC plus. Y con razón también se explica que el plus tiene que ver, como ya se mencionó, con que las trasnacionales de Estados Unidos y de los demás países industrializados no lograron imponer en la OMC todas y cada una de las medidas que querían, aunque lograron muchísimo, pues allí tropezaron con la fuerza unida de muchos de los países débiles del mundo.
¿No constituye deslealtad con Colombia que
Álvaro Uribe la haya separado de los países americanos que se negaron a
someterse al Alca cuando este intentó imponerlo la Casa Blanca y que,
además, también la haya apartado del resto del mundo en relación con las
normas de la OMC, todo para facilitarle la dominación, mediante el TLC, a
Estados Unidos?
Los nuevos a los que Colombia tendrá que sumarse son los siguientes:
Para comentar solo uno, el último de la lista
les concede a las trasnacionales la ventaja de no tener que patentar país
por país, pues, con una sola solicitud, consiguen el monopolio en más de
cuarenta países, mecanismo que, al decir de los conocedores, viola la
Constitución colombiana y las normas andinas.
Porque es obvio que el monopolio tecnológico les
significa a las trasnacionales mayores ganancias y a Estados Unidos mayor
progreso científico y tecnológico, en tanto que a los colombianos y al país
dicho monopolio les representa mayores precios de los medicamentos y más
atraso y estancamiento científico y tecnológico. Otro buen ejemplo de cómo
la misma medida produce resultados diferentes dependiendo del tipo de país.
Es en el último nivel en el que se ubica Colombia, quizá con la excepción de la industria productora de medicamentos genéricos, que hoy abastece el 67 por ciento del mercado nacional, en unidades, un caso típico de imitación industrial.
Entonces, y usen el pretexto que usen, lo que hacen los sistemas de patentes es entorpecer la imitación, con la gravedad que esto entraña, porque no puede llegarse a país innovador, el objetivo a alcanzar, si primero no se pasa por la escuela de la copia.
Esta es la experiencia de Estados Unidos, Alemania y Japón, por ejemplo, potencias industriales que hoy imponen las patentes como parte del derecho internacional, pero que se desarrollaron sin otorgar ese tipo de reconocimientos.
Otra vez el caso del que le da una patada a la
escalera por la que subió, para que nadie pueda seguirlo.
Y el aumento de los precios puede llegar a tanto, ¡a 940 millones de dólares anuales!, según la OMS-OPS (Organización Mundial de la Salud-Organización Panamericana de la Salud), que no solo sufrirán las personas sino que les creará graves problemas a las finanzas del sistema general de salud.
Esto, porque aunque el gobierno lo niegue, el
Tratado aumenta el monopolio derivado de las patentes y de otras prácticas
vinculadas con estas, haciendo más difícil la producción de medicamentos
genéricos.
La lucha ha sido tan enconada que los negociantes extranjeros no han vacilado en mentir, regando la especie de que los medicamentos genéricos son de mala calidad y no curan, cuando estos, de manera estricta, contienen las mismas moléculas, iguales componentes activos, que es justamente lo que cura, porque son copias de productos de las trasnacionales que perdieron la patente o que nunca la tuvieron. (18)
Y son conocidas, como se confirmará en este
texto, las bárbaras presiones de las trasnacionales de las medicinas
tendientes a impedir que el gobierno colombiano les controle los precios.
Con relación a las medicinas "de marca", los
genéricos cuestan solo una cuarta parte, en promedio, y hay casos en que
valen 35 veces menos. Su importancia en Colombia se explica porque, como ya
se dijo, gracias a su calidad y menores precios, responden, en volumen, por
el 67 por ciento del mercado nacional de medicamentos.
El poder patentar nuevos usos diferentes a los
concebidos originalmente les abre a las trasnacionales la posibilidad de
cubrir con monopolios productos que nunca tuvieron patente o que la
perdieron, lo que conduciría a la posibilidad de un patentamiento vitalicio,
porque cada patente confiere derechos de monopolio por veinte años.
Y como ya se dijo, el artículo 16.9.2 le ordena al gobierno de Colombia realizar todos los esfuerzos para otorgar patentes a las plantas, situación que atenta contra la biodiversidad, patrimonio natural de nuestra nación, y que "preocupa" al Ministerio de la Protección porque,
El TLC revive el contenido del Decreto 2085 de 2002, engendro que Álvaro Uribe expidió por exigencia de Estados Unidos a cambio del Atpdea y que el Tribunal Andino de Justicia declaró "inaplicable" por ser contrario a las normas de la CAN, normas que el gobierno colombiano terminó por hacer modificar, empujando el retiro de Venezuela de la comunidad regional.
En este aspecto, cero y van dos arrodilladas sucesivas por imponer una norma diseñada para alargar el monopolio de los medicamentos en cinco años y en agroquímicos en diez, con el agravante de que el Tratado la empeora.
Y hace peores las cosas porque el artículo 16.10.1.a protege también "productos similares", lo que, según el Ministerio de la Protección Social, "puede extender la protección a medicamentos con cambios pequeños", con el consabido alargamiento en el tiempo de los monopolios.
Además, establece una protección por "al menos cinco años" (artículo 16.10.1), nuevo acto de sumisión que según el mismo Ministerio "convierte el plazo de protección de cinco años en un piso que puede ser superado por presiones internacionales".
¡Y con la conocida sumisión de los gobiernos colombianos a los extranjeros! Lo acordado también es peor que el 2085, porque omite la excepción de falta de comercialización del producto protegido, que sí consagraba aquel si se desabastecía el mercado, puntualiza también Germán Holguín.
Pero en especial lo acordado es bastante más
grave porque el 2085 podía ser derogado o modificado por decisión unilateral
del gobierno de Colombia, en tanto que modificar el TLC exige pedirle
permiso a Estados Unidos.
Y es digno de mención que el artículo no cubre a Colombia porque fue tomado literalmente del TLC con Perú, y Estados Unidos no aceptó su modificación ni en una coma.
O sea que en el país se protegerán como "nuevos"
medicamentos "viejos", con el consiguiente impacto sobre los precios y la
posibilidad de las gentes de acceder a ellos.
Y con la condición todavía peor de que mientras
en Estados Unidos la extensión del término de la patente no puede pasar de 5
años, en Colombia, por virtud del TLC, será indefinida.
En parte porque dicen mentiras y en parte porque manipulan dos hechos. En el caso de los linkage, la cúpula uribista afirma que su efecto negativo quedó disminuido en una carta adjunta al TLC que estipula la llamada Excepción Bolar, la cual hace más rápido el ingreso de un competidor al mercado cuando expira la patente.
Pero lo que no dice es que, según los
especialistas, dicha carta quedó con una redacción confusa que no garantiza
la mencionada excepción.
Lo que se oculta es que esa "ayuda de memoria" no tiene la firma de ningún funcionario de Estados Unidos ni forma parte de los anexos del Tratado, luego carece de toda validez.
Y en el Tratado se establece, en el artículo
11.14, sobre definiciones, que las inversiones y el comercio transfronterizo
son cosas diferentes, pues por este se entiende un servicio que se produce
en un país para consumir en el otro - una llamada telefónica o educación a
través de Internet, por ejemplo - diferenciándolo de lo que ocurre con una
inversión de un ciudadano de un país en el territorio del otro.
Este podría ser el caso: en el capítulo diez se establece que los estadounidenses podrán invertir en Colombia en casi todos los sectores, entre los que está la educación, que son idénticos sus derechos como inversionistas a los del Estado colombiano (que para el efecto es un inversionista más) y que los gringos no podrán recibir un trato inferior al de los colombianos.
Entonces, el Estado de Colombia podría ser demandado por un norteamericano que invierta en una universidad privada en el país y que alegue que ella no está recibiendo el mismo trato de las instituciones públicas financiadas con los recursos oficiales.
Del pleito podría salir que los dineros
oficiales para la educación superior cuestionados tendrían que acabarse o
repartirse, con los mismos derechos, entre las universidades públicas y las
privadas de propiedad de estadounidenses. Y es evidente que la política de
créditos educativos que aplica el Icetex, fortalecida por el gobierno de
Álvaro Uribe con un crédito del Banco Mundial y que trata por igual a las
universidades privadas y a las públicas, podría entenderse como un anticipo
de la interpretación de "libre comercio" que se plantea en este párrafo.
Primero, porque al lesionar el avance económico se restringen los ingresos de las familias y los del Estado, con la inevitable consecuencia de reducir la capacidad de gasto de la sociedad en educación.
Segundo, porque las importaciones sin aranceles de los productos complejos arruinan la producción nacional que exista o pueda existir y condenan a Colombia a importarlos o a proveerse de las trasnacionales que queden operando en el país y cuyos avances en ciencia y tecnología realizan en los países donde se hallan sus casas matrices.
Tercero, porque el capítulo de propiedad intelectual crea nuevas posibilidades de patentar y alargar los períodos de monopolio de las transnacionales sobre las innovaciones científicas y tecnológicas, lo que hace aún más difícil para la industria nacional imitar para poder adentrarse en tales desarrollos.
Y cuarto, porque existe una relación inevitable entre el aparato productivo que tenga y quiera tener una nación con su aparato educativo, pues hasta absurdo resulta pensar en un agro y una industria de bajo perfil tecnológicos respaldadas por unas instituciones educativas de alto nivel y calidad.
Para una economía de pacotilla en Colombia, una
educación de pacotilla, es la consigna neoliberal.
Esto, para justificación y gloria de la
globalización neoliberal, de la dominación imperialista y de las andanzas de
las clases reaccionarias de Estados Unidos y de Colombia.
Y la razón por la cual dicha privatización
constituye por norma una educación mediocre se explica por el hecho
inexorable de que crear y transmitir conocimientos de alto nivel exige
elevados costos, los cuales solo pueden ser sufragados por el Estado o,
pensando con generosidad excesiva, por el minúsculo número de colombianos
que, condenado a la educación privada, logra evadir la "de garaje".
Mas esa teoría no soporta análisis incluso en los casos en los que no aparecen normas discriminatorias, como es bien claro con respecto a los derechos que se les otorgan a los inversionistas, otro de los capítulos que algunos conocedores señalan como el fundamental para Estados Unidos.
Y la supuesta igualdad no ocurre en los hechos, porque lo que hay es una tremenda desigualdad entre la verdadera capacidad de los inversionistas de cada país para invertir en el otro, de donde se deduce que de lo que se trata es de proteger a los inversionistas estadounidenses en Colombia, antes que a los colombianos en Estados Unidos, realidad más cierta si prosigue, como lo estimula el TLC, la toma de las principales empresas colombianas por parte del capital extranjero.
¿Cuántas trasnacionales tienen su casa matriz en Colombia y cuántas en Estados Unidos?
Luego este capítulo del TLC les entrega, realmente, el mercado colombiano a los monopolistas gringos para que instalen negocios de todo orden mientras que el Imperio, teóricamente, les concede allá el mismo trato a unos inversionistas nativos que existen por excepción y que suelen ser rentistas relativamente menores que invierten allá en el sector inmobiliario o en unas acciones, negocios que, si se miran bien, le suman a la riqueza estadounidense y le drenan a la acumulación nacional.
Estas enormes diferencias también explican por
qué para Estados Unidos puede no ser problemático suscribir normas que para
Colombia sí resulta muy grave aceptar, dado lo lesivas que son para su
desarrollo.
Y es sabido que las empresas intensivas en uso de capital (todas las de complejidad tecnológica) requieren para montarse de especiales respaldos estatales, además de protecciones de otro orden, que también impide el TLC. ¡O podría suceder que para que algún tipo de desarrollo se diera en Colombia hubiera que convertir en norma subsidiar a los inversionistas gringos!
Que se tenga en cuenta, por otra parte, que en
la medida en que el capital foráneo se toma la economía nacional, aun sin el
TLC, los subsidios estatales, como parte de los que hoy reciben las empresas
de flores que operan en Colombia, los pagan los nacionales y enriquecen a
los extranjeros.
En el TLC, por ejemplo (Artículo 10.9), se prohíben condiciones que le resultan convenientes a Colombia, como exigirles a las empresas estadounidenses, a las que se les entrega el territorio y el mercado nacional para que hagan sus negocios, que exporten una determinada parte de su producción, que incluyan en su negocio una participación de productos nacionales, que transfieran un determinado conocimiento o tecnología o que se asocien con alguna empresa del Estado, condición esta última que existía para el caso de Ecopetrol y las trasnacionales de los hidrocarburos hasta que el gobierno de Álvaro Uribe la desmontó cuando creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, anticipándose a lo que se acordaría en el TLC.
Y esta misma lógica tiene que ver con la
decisión de hace unos años de acabar con las sociedades entre el Estado
colombiano y el capital extranjero en los negocios del níquel y el carbón.
Aún más, en el TLC, para que no queden dudas a quién favorece, se especifica que este,
¿Qué tal esto?
¿No se supone que la primera condición que debe tener un contrato, como el TLC, es que sea preciso en sus términos al establecer derechos y obligaciones? ¿En cuál manigua de preceptos desconocidos se embrolla a Colombia con estas cláusulas?
Además, ¿qué si no los imperios y las
trasnacionales, de acuerdo con sus intereses, han definido las costumbres
del derecho internacional?
Y se habla del Estado colombiano y de los inversionistas estadounidenses, porque en este caso son todavía más palmarias que en otros las desigualdades entre las partes.
¿Cuántas empresas de colombianos podrán ser
susceptibles de una expropiación en el territorio de Estados Unidos?
Es tan leonina la norma que aunque en el texto se intente transmitir la idea contraria, lo cierto es que, en "circunstancias excepcionales", podrá aplicarse hasta a los actos del Estado "diseñados y aplicados para proteger intereses legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad y el medio ambiente", lista a la que, como si fuera poco, se le precisa que "no es exhaustiva", lo que significa que la "expropiación indirecta" puede caberles a las decisiones oficiales en cualquier sector.
Para ilustrar el abuso, sirve un ejemplo: si
ciertos cambios en la Ley 100 de salud o en la 142 de servicios públicos le
disminuyeran las ganancias a un inversionista de Estados Unidos, este podría
demandar a la Nación por "expropiación indirecta", indemnización que en este
caso alcanzaría niveles astronómicos, lo que podría inducir al gobierno a no
correr con el riego de tomar la medida.
Y cómo será de arbitraria que no hace parte de la normativa andina y que les concede a los inversionistas norteamericanos en Colombia más derechos que a los colombianos aquí, lo que inducirá a estos, en el colmo del absurdo si no fuera en el "libre comercio", a traspasar el registro de sus inversiones en Colombia a Estados Unidos, para poder aprovecharse de esta gabela descomunal.
Y los efectos perniciosos de la "expropiación
indirecta" que además significa dejar sin vigencia la inmunidad soberana, un
principio de aplicación universal que señala que los Estados no pueden ser
demandados por cierto tipo de actividades, ya pueden conocerse por lo
sucedido con el TLC entre Estados Unidos, México y Canadá, países en los que
a 2005 ya ha habido cinco fallos a favor de los demandantes por 35 millones
de dólares y hay en pleito reclamaciones por 28 mil millones de dólares.
En carta al ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero (28 de julio de 2006), con el tonito soberbio con el que suelen expresarse quienes se sienten empuñando las riendas, le dicen que no apruebe el texto de la "Circular número 03 de 2006", que contiene un "borrador de discusión" sobre controles a los precios de las medicinas en Colombia.
Que no lo haga porque,
...en razón de que dichas determinaciones podrían constituirse en,
¡Controlar los precios que fijan unos monopolistas voraces sobre productos que definen la enfermedad, el dolor y la muerte de los colombianos podría ser "expropiación indirecta", la cual se pagaría con enormes indemnizaciones del Estado colombiano, que podría ser condenado en tribunales internacionales de arbitraje diseñados por las mismas trasnacionales gringas que interpondrán las demandas!
¡Y es bien probable que a la hora de los alegatos los reclamantes exijan tener en cuenta "los principios del derecho internacional consuetudinario que protegen los derechos económicos e intereses de los extranjeros"!
¡Y eso que el Tratado, yéndoles bien a los
uribistas, no entrará en vigencia antes de un año y medio después de esta
presión que ofende el interés y la dignidad nacional!
Y quiere igualar también a los jueces de la
República, cuya naturaleza de servidores públicos no puede desconocerse, con
los abogados negociantes, que en estos tribunales de arbitraje tienen otras
de sus fuentes de enriquecimiento, realidad que los empuja a ser muy
cuidadosos con los intereses de las trasnacionales que pleitean, porque de
sus actuaciones dependerán los nuevos contratos.
Ante el grave atentado de este capítulo en
contra de la soberanía y el interés nacional, ¿cómo podrá argüir Álvaro
Uribe Vélez que sí cumplió con el mandato constitucional de defender los
intereses de los colombianos en sus relaciones con los extranjeros?
Un incauto podría concluir que Colombia, entonces, no avanzará en la integración del mercado de capitales con Estados Unidos.
Pero alguien que no lo sea deducirá que,
precisamente porque así son las cosas, sí lo hará, conjetura que tendría a
su favor lo dicho a los largo de este texto. Y que ello será así es lo que
establecen los capítulos de inversiones y servicios financieros, al igual
que el de comercio transfronterizo de servicios.
El Tratado les concede, además, poder operar en
Colombia sin necesidad de crear filiales, pues les bastará con una sucursal
de sus monopolios financieros, figura con la que podrán actuar a costos
menores y con escasas responsabilidades, en detrimento de la capacidad de
competencia de los bancos y compañías de seguros instalados en el país.
Y en ese mismo plazo deberá conceder otras
prerrogativas sobre los fondos de pensiones y cesantías, cambios que
conducirán, sumados a los derechos como inversionista, a mejorarle las
condiciones al capital financiero estadounidense para la toma del sector.
En palabras del ciudadano estadounidense George Soros, conocido lince internacional de las finanzas,
Además, y como también era de esperarse, el TLC le concede un conjunto de nuevas gabelas al capital financiero estadounidense, incluso a sus formas más descaradamente especulativas, pues no en vano es este el tipo de capital que lleva más de un siglo consolidando su preponderancia sobre todas las demás formas y poniéndole su impronta a la economía mundial.
El Tratado, por tanto, les da trato de
inversiones a lo que son meros actos de especulación financiera de capitales
que van y vienen de país en país a la caza de mayores tasas de interés,
vaivenes que suelen hacerles graves daños a las economías de los países,
pues es definitivamente falso sostener que siempre y en cualquier caso todo
capital extranjero es bienvenido, como lo pretende santificar el "libre
comercio".
Y porque la salida del país de los llamados "capitales golondrina" provoca devaluaciones abruptas que también de forma abrupta y exorbitante encarecen las deudas públicas y privadas.
Otra situación que pone en duda la idea de que
toda inversión extranjera es positiva para los colombianos es la que, como
ocurrió con Bavaria, no le agrega ni un peso de inversión real al país, pues
lo único que hay es el traspaso de la propiedad de una empresa ya existente
de un nacional a un extranjero, intercambio que en el "libre comercio" lleva
implícito el derecho del inversionista a sacar de Colombia, en cualquier
momento y en cualquier circunstancia, incluso en la mayor crisis de balanza
de pagos, las utilidades de su inversión.
De ahí que ya bastante literatura económica,
incluida la de partidarios del "libre comercio", señale los perjuicios que
les provoca a los países igualar las inversiones foráneas en bienes y
servicios con las de portafolio.
Y el TLC no solo contempla la protección de la
deuda privada sino de toda la pública, porque el único endeudamiento externo
que no quedó protegido fue el bilateral entre los gobiernos de Estados
Unidos y Colombia.
¿Y quien ha dicho que ese período, incluso aceptando una interpretación bien discutible, es siempre suficiente para atender un problema que puede alargarse y que, para peor, puede no tener origen en las decisiones del gobierno colombiano sino en las del estadounidense?
Para completar, el mismo anexo exceptúa de los
controles por un año los "pagos o transferencias de transacciones
corrientes", los "asociados con inversiones en el capital de sociedades" y
buena parte de los "pagos provenientes de préstamos o bonos", es decir, los
suficientes para convertir la supuesta excepción en una burla.
Es tal la agresión que se pretende cometer
contra el interés nacional, que hasta en el Convenio Constitutivo del FMI
aparecen configuradas esas garantías.
Y si el país queda casi del todo desprovisto de las facilidades que le otorgan las cláusulas de balanza de pagos, ¿con qué instrumentos deberá enfrentar las crisis que pueden presentársele en relación con las reservas de divisas, los pagos de deuda, la relación entre importaciones y exportaciones, las tasas de interés y el precio de las monedas, crisis que en la globalización neoliberal son tan seguras como la gran corrupción que la acompaña?
Pues dejando que las llamadas fuerzas del mercado operen en beneficio de especuladores extranjeros para que salgan indemnes en absoluto, sin importar cuanto desempleo, pobreza y hambre deban sufrir los colombianos.
De ahí que la receta preferida por los
neoliberales para reestablecer el equilibrio entre ingresos y egresos
externos consista en disminuir el consumo nacional a fin de reducir las
importaciones, medida draconiana que equivale a incrementar la pobreza hasta
donde sea necesario.
Y es obvio que no es igual la amenaza de una medida que puede revertirse a voluntad a una que no, al igual que también es patente que lo que se impone con el Tratado es abdicar de la soberanía nacional en asuntos que para la nación son intangibles, por lo que es de principios su plena salvaguarda.
Todos los días, pero en especial en las crisis
que, como se ha dicho, son periódicas en el capitalismo, Colombia pagará con
pérdidas y sufrimientos, si el TLC entra en vigencia, la decisión de Álvaro
Uribe Vélez de aumentar la coyunda que somete el país al dominio extranjero
y le reduce su naturaleza de Estado soberano.
¿Qué diría un propietario de una trasnacional si lo obligaran a alquilarle su empresa a un competidor y, como si fuera poco, a cobrar por su uso lo que le fije aquel que será su contrincante?
Y los que se beneficiarán por el uso de los
equipos colombianos podrán ser empresas estadounidenses de
telecomunicaciones o vulgares revendedores de servicios que ni siquiera
tendrán que instalarse en Colombia, porque podrán operar desde Estados
Unidos, otra gabela oculta tras el pomposo nombre de comercio
transfronterizo de servicios.
¿Alguien puede dudar de cuál será la tendencia
en las tarifas una vez "el libre comercio" haya concluido su labor de
convertir en monopolio privado lo que ha sido monopolio público?
Pasos en esta dirección fueron haber excluido del negocio de la telefonía móvil a Telecom y haberla obligado a alquilar baratos sus equipos a dos competidores, decisión que como era de esperarse lesionó sus finanzas.
La posterior privatización fue otro paso en
beneficio del capital extranjero, el bajísimo precio de venta también tiene
explicación en que ya era conocido que el TLC le quebrantaría más los
ingresos y su enajenación se vincula con dicho Tratado de otra manera: en el
texto de este se establece que una empresa estatal no podrá ser, al mismo
tiempo, oferente del servicio de telecomunicaciones y regulador del sector,
como en parte era Telecom, porque dicen que ello hace que el Estado cometa
el crimen de ser juez y parte, como si pudieran igualarse las prerrogativas
que debe tener el Estado, incluso el peor, con las de cualquier vulgar
mercachifle en trance de enriquecerse, y para más indignidad, extranjero.
Sobre las consecuencias de lo acordado explica:
Entre las consecuencias negativas aparecen el "descreme" del mercado, es decir, que los estadounidenses se queden con los mejores clientes colombianos, y que, además, las pérdidas para el Estado por menores impuestos lleguen a miles de millones de pesos, parte de los cuales financian la telefonía social (6 de diciembre de 2005).
Y es especialmente grave que el alquiler de los
equipos con tarifas "orientadas a los costos" termine por generar la baja en
la inversión y el atraso tecnológico, según se lo explicó el alcalde de
Medellín al Presidente Uribe Vélez (16 de enero de 2006).
Unos ejemplos: definir que en una licitación oficial solo puedan participar los ciudadanos del país o que deban usarse determinados insumos originarios de empresas localizadas en su territorio, son maneras de estimular la acumulación de la riqueza y la producción internas.
Tan cierto es esto como instrumento del desarrollo que, como se verá, aunque el TLC se dirige contra esas prerrogativas, no puede menos de mantenerlas en algunos casos.
Este es, además, otro aspecto en el cual el
acuerdo con Estados Unidos empeora lo acordado en la OMC, pues en ella
muchos países no han suscrito el capítulo de compras públicas. Y también se
confirma que, con la falacia de la igualdad entre las partes, en los hechos
se les otorgan a los estadounidenses en Colombia más posibilidades que a los
colombianos en Estados Unidos, por la simple razón del mayor poder económico
de los empresarios estadounidenses.
En los textos del Tratado publicados por el Ministerio de Comercio de Colombia aparece una carta adjunta en la que se dice que para los efectos de ser imparciales e independientes sirven el Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso Administrativo (párrafo 1 de 9.11) y la Procuraduría (párrafo 3 artículo 9.11) de Colombia, pero como el documento no lleva la firma de ningún funcionario de Estados Unidos, pone en duda si, al final, será parte del acuerdo.
En el capítulo se establece, además, que opera
para las entidades del gobierno central de Colombia y, con algunas
particularidades, también debe aplicarse a las gobernaciones.
Pero dicha cifra, por pequeña, antes que demostrar lo positivo del texto confirma lo negativo, al dejar en evidencia lo que deberán perder las empresas colombianas frente a las trasnacionales estadounidenses que las reemplazarán en sus ventas al Estado en casi todo tipo de bienes y servicios. (22)
Que Estados Unidos haya reservado para sus
nacionales las compras públicas hasta 100 mil dólares confirma el carácter
arrodillado del gobierno de Colombia, porque a quién se le puede ocurrir que
tienen carácter igualitario la reserva de hasta 125 mil dólares de compras
del Estado colombiano frente a los 100 mil del estadounidense, habida cuenta
de todas las desigualdades que hay de por medio.
Y el análisis muestra que el TLC reducirá la
capacidad productiva de Colombia y que generará desempleo y pobreza,
concentrando aún más la riqueza, como ha sucedido desde que empezaron las
políticas del "libre comercio".
Y convertir a Colombia cada vez más en una colonia de Estados Unidos amenaza de manera especial el cuidado del medio ambiente, pues si algo caracteriza a los imperios, y a las trasnacionales a las que les sirven, es que en el extranjero son capaces de imponer medidas y conductas tan reaccionarias que ni siquiera se atreven a ponerlas en práctica en su propio país (recuérdense los presos de Estados Unidos en Guantánamo).
En este caso ni siquiera cabría la posibilidad
de sindicarlos de estúpidos por usar sus capitales para dañar la propia
casa, pues el agredido será un territorio diferente al que habitan, lo cual
les facilita presionar medidas dañinas para los colombianos, bien sea porque
protejan poco el medio ambiente o porque lo hagan en exceso, dependiendo de
si a los inversionistas les conviene una u otra cosa, según tengan como
negocio, por ejemplo, la minería o la biodiversidad.
Así, por ejemplo, el agua resulta ser igual al
petróleo, los alimentos al carbón, la vida vegetal a los zapatos y las
medicinas a las sillas: negocios, solo y vulgares negocios en los que el
interés de los colombianos tendrá que supeditarse a la insondable codicia de
los propietarios de las trasnacionales, incluido, como se sabe, el derecho
de privatizarlo todo mediante venta, arrendamiento o concesión.
Y ante la obvia preocupación de las gentes con concepciones democráticas de que el TLC convierta la normativa ambiental, rebajándola, en un mecanismo para atraer inversionistas, aparece un artículo, el 18.2, que al tiempo que da la impresión de que ello no podrá suceder, lo autoriza de manera expresa, aun cuando lo hace mediante ese lenguaje turbio que se emplea a todo lo largo del texto.
Allí se dice, incluso, que las partes pueden asignar recursos destinados a fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales, pero que ello debe reflejar un "ejercicio razonable de tal discrecionalidad" y que debe ser una "decisión adoptada de buena fe" (?!).
El acuerdo, como gran cosa, reconoce como "inapropiado" disminuir la legislación ambiental para conseguir negocios y dice que cada parte "procurará" no emplear ese estilo para atraer inversionistas, como si el "inapropiado" y el "procurará" fueran palabras que obligaran a algo.
Y el artículo también le permite a Estados
Unidos, precisamente el que inducirá el deterioro del medio ambiente,
lavarse las manos al establecer que ninguna de las partes queda facultada
"para hacer cumplir la legislación ambiental en el territorio de la otra
parte".
Y también constituye palabrería lo que dice el texto con respecto a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales, pues estos no quedan salvaguardados de ninguna manera. Incluso, la carta adjunta que al respecto publica el Ministerio de Comercio, con todo y que es demagógica porque no le otorga ningún poder real a nadie para defender a los aborígenes ni garantizar el control sobre la biodiversidad, no aparece firmada por ningún representante de Estados Unidos.
¿Será confirmada o desechada por el Congreso de
Estados Unidos, donde suelen modificarles a los TLC tramitados lo que se les
antoja?
Y recordar que el artículo 16.9.4 ordena que
"una Parte que no otorgue protección mediante patentes a plantas a la fecha
de entrada en vigor de este acuerdo, realizará todos los esfuerzos
razonables para permitir dicha protección mediante patentes".
Y con respecto a las normas andinas, sobre las cuales el ministro de Comercio de Colombia ha intentado engañar sugiriendo que se aplican a los TLC suscritos con Estados Unidos, hay que decir que ello no es cierto, porque estas solo tendrán aplicación - son sus palabras - "entre los países miembros", pero, como es obvio, no de los TLC sino de la CAN.
De ahí que Efraín Olarte Olarte explicara:
Por si alguien duda aún de que el TLC santifica la biopiratería, en el aparte de medidas disconformes, donde hubiera podido aparecer el derecho de Colombia a esgrimirle a Estados Unidos las normas andinas sobre el tema, no se hizo.
Lo que sí se estableció fue el minúsculo derecho de que cuando un estadounidense adelante investigaciones en diversidad biológica en el territorio de Colombia deberá involucrar a uno o más investigadores colombianos, pero advirtiendo que la medida no significa tener que llegar a acuerdos con dichos investigadores "con respecto a los derechos sobre la investigación o el análisis".
No es casual, por supuesto, que el TLC no le garantice nada al país propietario de la biodiversidad, en tanto que sobre la propiedad de los restantes bienes o servicios sean tan meticulosas las normas que protegen a sus propietarios.
Pues es bien sabido que el inmenso banco
genético colombiano es muy superior al de Estados Unidos y que, en
contraste, la biopiratería la monopolizan las trasnacionales, y en parte
principalísima las estadounidenses. ¡Cómo no recordar que la piratería en
las Antillas, en los días de los imperios coloniales, fue legal y respetada
mientras le resultó conveniente a la Corona inglesa!
El artículo, como si ello fuera útil, "reconoce la importancia" de los tratados, pero si "todos son parte", es decir, Colombia y Estados Unidos, fórmula sibilina como la que más porque no compromete a nada y sí esconde que Estados Unidos es uno de los países que menos acuerdos sobre medio ambiente ha suscrito en el mundo, como ocurre con el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos, negocio que consiste en que los imperios convierten en basureros de venenos a los países satélites.
Y el Artículo 2.8, en combinación con el anexo 2.2, compromete a Colombia a permitir la importación al país de residuos (incluidos peligrosos y tóxicos), de acuerdo con la Resolución 001 del 2 de enero de 1993, la cual es precisa en estipular que en ciertos casos pueden establecerse licencias para la importación, pero que estas solo podrán negarse cuando haya,
¡Las importaciones de desechos de cualquier tipo
tratadas como si fueran de automóviles sin usar de más de dos años de
fabricados, porque a estos se les aplica la misma resolución!
En efecto, y para mencionar solo un caso, Canadá
perdió 4,8 millones de dólares con la empresa estadounidense S.D. Meyers por
haber prohibido una importación de policlorobifenilos (PCB), ¡a pesar de que
dicha prohibición se la autorizaba el Convenio de Basilea(24)!
Pero el primer problema que tiene el Imperio para convencer al respecto es que el Tratado no contiene el derecho de los trabajadores colombianos de irse a laborar a Estados Unidos, que debería ser el primer derecho consecuente con el que se les otorga al capital, a las mercancías y a los monopolistas de ir y venir, con toda libertad, de Estados Unidos a Colombia y viceversa.
Como en otros temas, Estados Unidos ni siquiera permitió que este aspecto hiciera parte de las conversaciones, seguramente porque cualquier ciudadano de ese país puede venir a Colombia sin que medien visas y, principalmente, porque ni este ni ninguno de los otros TLC que tramita la Casa Blanca, ni el Alca en su momento, tienen como objetivo constituir un continente en el que todos los países disfruten de niveles de vida relativamente altos y similares.
Por el contrario, la decisión estadounidense de construir un enorme muro de centenares de kilómetros en la frontera con México para impedir que los millones de hambreados por el "libre comercio" en el continente busquen mejor fortuna en Estados Unidos demuestra que en la América que auspician en una parte se amontonará la riqueza y en otra la pobreza.
En este aspecto sí que no se parecen en nada
estos tratados al que constituyó a la Unión Europea, así despistados y
manipuladores los presenten como semejantes.
Aquí aparece, como en aquel, la misma sospechosa redacción que señala que las partes pueden incrementar sus recursos para fiscalizar el cumplimiento de la legislación, pero que ello debe reflejar un "ejercicio razonable de tal discrecionalidad" y que debe ser una "decisión adoptada de buena fe" (?!). También utiliza el alcahuete término "inapropiado" para juzgar el cambio de las normas y el tramposo "procurará" que ello no suceda, con lo que le da el pase a cualquier modificación.
E igualmente especifica que ninguna parte queda
facultada "para hacer cumplir la legislación laboral en el territorio de la
otra".
Porque entregadas casi regaladas las materias primas mineras a los extranjeros, traspasada la propiedad pública a menos precio a las trasnacionales y tomada la decisión de reducirles a poco o a nada sus impuestos, ¿con qué otra cosa van a competir entre sí estos países para atraer a los inversionistas de Estados Unidos que se supone van a reemplazar la capacidad nacional de generar ahorro que destruye el "libre comercio"?
¿Y no muestra la experiencia nacional e
internacional que uno de los fundamentos del "libre comercio" es el
empeoramiento de las condiciones laborales, situación a la que se ha llegado
mediante modificaciones legales y el desconocimiento práctico de las
garantías sindicales establecidas en las leyes?
¿No se despidió el ex director de Planeación Nacional, antes de irse trabajar a sueldo en el BID, con declaraciones en las que propuso un salario mínimo inferior al actual y que el rural fuera menor que el urbano?
Bien sea porque se violen las leyes o porque se
modifiquen, si el TLC entra en vigencia caerán los salarios y los demás
derechos laborales de los colombianos, salvo que una lucha social de enormes
proporciones lo impida, pues de ese envilecimiento, hay que reiterarlo,
depende la capacidad de los empresarios para exportar o para defenderse de
las importaciones y para atraer el capital extranjero.
Además, solo por excepción puede un colombiano obtener una visa de trabajo para laborar en el territorio del Imperio, derecho que se otorga si así lo requiere el interés estadounidense.
Y la condición se hace más rígida cuando quien
desea migrar sueña con trabajar en la profesión en la que hizo estudios
universitarios, porque aun cuando consiga la visa puede no lograr la
homologación de su título ni la licencia para trabajar en esa profesión en
Estados Unidos, licencia que tiene la dificultad adicional de que hay que
tramitarla estado por estado.
El tema se trató en el capítulo once, pero como "Comercio transfronterizo de servicios", el cual, para este caso, define los servicios profesionales como aquellos que desarrollan personas que tienen títulos de nivel universitario y cuyo ejercicio profesional exige de alguna autorización legal (matrículas, licencias, etc.).
Y lo transfronterizo significa que la profesión
se ejerce en el territorio de una parte y el servicio se presta en el de la
otra, como sucede, por ejemplo, con un plano arquitectónico que se realiza
en Estados Unidos para una construcción en Colombia o viceversa.
A lo más que se llegó fue a pactar que se creará una comisión que estudiará los casos de la ingeniería y la arquitectura (no se mencionan otros) y como un asunto de las "licencias temporales" (hasta por tres años y pueden ser o no renovables), pero sin que se obligue a llegar a acuerdos en ningún plazo, luego podrá o no podrá darse este comercio transfronterizo, dependiendo de lo que decida después, y como lo decida, el Imperio.
Porque una vez Colombia se sometió a todos los
designios de este, ¿con qué fuerza podrá exigir que el asunto se resuelva a
su favor?
¿Cuántos literatos y pianistas puede haber en un país?
Depende, en primer término y aunque no sea la única explicación, del número de habitantes que puedan comprar libros, periódicos y revistas y de la cantidad de pianos que pueda pagarse la sociedad. Así, como es obvio, con cada manifestación de la cultura, incluidas, y seguramente con mayor razón, sus expresiones populares.
Además, como las condiciones económicas nacionales también condicionan el gasto del Estado en respaldo a la cultura, este también tiene como base lo que suceda en la economía de la sociedad.
Y si las concepciones ideológicas, como ocurre
con las neoliberales, pugnan por dejar que todo lo provean las fuerzas del
mercado, pues tanto peor, porque ello sirve de pretexto para rebajar el
apoyo oficial a este sector.
Además, a partir de 2010, se reducirá al 30 por ciento (desde el 70 y el 50 por ciento) la producción nacional que tendrá que pasarse por la televisión abierta entre semana, y no podrá aumentarse del cincuenta por ciento dicha participación en los días sábados, domingos y festivos.
Y con respecto al cine nacional, no podrá imponerse más de un 15 por ciento en salas y de un 10 por ciento en la televisión abierta.
A quienes pueda parecerles que estos porcentajes
son suficientes para proteger el interés nacional, en razón de la actual
debilidad de estos sectores, hay que recordarles que el TLC se diseñó para
durar a perpetuidad y sin posibilidades de modificarse sin permiso de
Estados Unidos.
A este respecto, la medida disconforme 6 sobre
"Industrias y actividades culturales" en relación con "Inversión y comercio
transfronterizo de servicios", exceptúa de la aplicación del Tratado cuatro
artículos de trato nacional y nación más favorecida (10.3, 10.4, 11.2 y
11.3), en el sentido que Colombia podrá darle un trato especial a las
"industrias y actividades culturales" de otros países diferentes de Estados
Unidos "en materia de cooperación o coproducción cultural".
¡Que las gentes de la cultura no bajen la
guardia, pues las cosas podrían tornarse peores de lo que ya son!
Y aunque a la secta neoliberal le debe parecer
absurdo defender que la nación colombiana pueda, al mismo tiempo, nutrirse
de lo mejor de la cultura universal y aportarle a esta con amplitud y
excelencia, en este aspecto también entra en contradicción Álvaro Uribe con
la ley al suscribir el TLC, pues la cultura propia constituye otro pilar de
la soberanía y la independencia de Colombia, y estas son, a su vez, soportes
de su progreso cultural.
Hacía referencia, de esta manera, a las leyes vigentes que no les eran útiles a sus propósitos absolutistas, aun cuando hubieran sido elaboradas por ellos mismos, por lo que apremiaba a pasárselas por la faja, tal como ha venido ocurriendo en Colombia, donde los neoliberales pusieron como norma la ausencia de normas, según la aguda observación de Francisco Mosquera.
Algo parecido le ocurre al uribismo con el TLC y
la Constitución Política de Colombia. Porque si bien en ella quedó
establecido el norte del "libre comercio" que habría de aplicarse hacia
adelante - con determinaciones muy precisas, por ejemplo, a favor de la
privatización del sector público de la economía y de los lineamientos que
orientan al Banco de la República, institución independiente de todo menos
de la lógica del FMI - también contiene un conjunto de derechos y de
criterios que pisotea el Tratado.
...entre los que destacó los relativos a la salud, el aprovechamiento de los recursos naturales, los derechos de los campesinos y las comunidades indígenas y el de la seguridad alimentaria, consagrados en los literales c), f), i) y n) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, así como en los artículos 8, 49, 65, 70, 71, 72, 78, 79 y 80 de la Constitución Política.
El hecho de que luego el Consejo de Estado - en
fallo tan mal sustentado que nuevamente puso en duda su independencia del
Ejecutivo y disminuyó su ya escasa credibilidad entre los colombianos -
declarara la nulidad de lo actuado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, no le quita importancia a las decisiones de este, porque,
primero, el Consejo decidió argumentando cuestiones de competencia legal, al
decir que el Tribunal no podía condicionarle al Presidente de la República
el trámite del TLC.
Además, el artículo 277 dice que la integración de Colombia debe ser,
Y ya se vio cómo el TLC desquició la Comunidad
Andina y tiene como uno de sus propósitos ir enlazando el continente, pero
en función de la estrategia de Estados Unidos de impedirles a las naciones
que se unan en cualquier acuerdo que les cimiente su independencia del
Imperio.
¿Habrá alguien informado que crea que el TLC tiene origen en el ejercicio del poder soberano del pueblo de Colombia?
En el capítulo "De los principios fundamentales" el Tratado atropella, entre otros, los artículos 1, 2, 3, 5, 7 y 8, que hablan de,
También dicen que el Estado debe proteger "la diversidad étnica y cultural de la nación" y sus riquezas naturales.
Y el atropello que el TLC le hace al artículo 9 es manifiesto, pues este establece que,
El TLC se contradice también con el derecho fundamental consagrado en el artículo 11, que determina que "El derecho a la vida es inviolable", porque amplía y alarga en el tiempo el monopolio de los medicamentos y aumenta sus precios, causando más enfermedad y más muerte.
Y también pugna con el 13 que ordena:
¿No concentra, y con descaro, el TLC la riqueza en manos de los monopolistas, discriminando y marginando a más? ¿No se sabe que el TLC dirige uno de sus filos contra la producción agropecuaria y que es en las zonas rurales donde hay mayor pobreza, afectando, en especial, a campesinos, jornaleros, indígenas y negros?
¿Y por qué no se le aplicó al TLC la parte de
este artículo de la Carta que indica que la "igualdad sea real y efectiva"?
Y lo mismo sucede con el artículo 44, que habla
de los derechos fundamentales de los niños a la vida, la integridad física,
la salud… ¿O insistirá el uribismo en que quiere mucho a los niños, mientras
suscribe un Tratado que echa a sus padres del trabajo o les deteriora las
condiciones de contratación?
Además, la violación del artículo 65 es manifiesta, pues este señala que "La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado", caso en el que no debe perderse de vista que lo que se ordena proteger es "la producción", por lo que ni siquiera cabe la demagogia de argüir que la comida que se importará será "más barata" o la astucia de tirarles alguna indemnización a los productores lesionados.
Y también sufren los artículos 70 y 71, que
hablan de proteger y fomentar la cultura y las ciencias nacionales.
Y allí se estatuye que está entre los derechos de la Cámara y el Senado,
Pero, y este pero no logra superarlo ni de lejos
el TLC, dichos tratados tienen que ser "sobre bases de equidad, reciprocidad
y conveniencia nacional", fundamentos que no hay forma que logre cumplir el
de "libre comercio".
Y también se contradice con el 339 que indica
"Habrá un Plan Nacional de Desarrollo", en el que "se señalarán los
objetivos y propósitos nacionales de largo plazo", pues no puede negarse que
ellos quedarán dependiendo de los intereses norteamericanos y sujetos al
vaivén de sus determinaciones económicas, como corresponde con el hecho
indiscutible de que el TLC anexa la economía de Colombia a la de Estados
Unidos.
...pues, como se vio, en la práctica esas funciones no podrán regularse dadas las gabelas que el Tratado establece en beneficio de los especuladores financieros de Estados Unidos.
E igual ocurre, y por las mismas razones, con el artículo 373, que señala que,
La inconstitucionalidad de la figura monstruosa de la expropiación indirecta, la cual busca abrirles las puertas a abusos sin fin de los inversionistas estadounidenses, se presenta porque ella no existe en la Constitución Política de Colombia y porque les concede a los extranjeros más derechos que a los colombianos en el territorio nacional.
Y el mismo comentario, con el agravante de su
absurda imprecisión, puede decirse de convertir en norma legal colombiana lo
que el TLC llama el "derecho internacional consuetudinario".
De esta manera, solo recurriendo a una gran ironía se puede proclamar la cabal existencia del Estado de Derecho que se supone habilita a Colombia como país democrático.
Y solo sumándole a la ironía un grosero cinismo,
puede atribuírsele a dicho Estado un carácter "social" que, por más que se
mencione, es la gran negación que precisamente remata el TLC.
Porque el Tratado, en últimas, convertirá a
Colombia en una especie de colonia de Estados Unidos, solo que no por medio
de la ocupación militar sino de una manera más sutil: manteniéndole la
ficción de su independencia económica y política pero, en la práctica,
anexándola a la economía del Imperio, mediante el expediente de
condicionarle toda su legislación económica a las conveniencias foráneas.
Porque, como se ha visto, el Tratado le arrebata a Colombia, casi como en una operación de escalpelo, todos los instrumentos que el propio Estados Unidos, al igual que sus pares, usó para construir su economía, antes y durante su conversión en una potencia económica.
De ahí que sean tan confusas las opiniones que expresan que lo que hay que hacer es ponerse a pensar en cómo desarrollar a Colombia luego de aprobado el TLC, como si este y el progreso nacional pudieran coexistir, cuando lo cierto es que si esa coyunda se impone, los colombianos quedarán sin ninguna posibilidad de resolver los problemas nacionales, por lo que todos los principales esfuerzos deberán dirigirse a quitarse de encima dicho cabezal.
Hablar del progreso de Colombia bajo la férula
del TLC es tanto como si en 1810 se hubiera pensado en el desarrollo de la
Nueva Granada sin modificar las relaciones con España.
En consecuencia, este senador no puede hacer otra cosa que denunciar a Álvaro Uribe Vélez por su flagrante violación de los artículos 455 y 457 del Código Penal.
Pero esa denuncia, por último, no puede interpretarse como que el TLC ya sea un hecho inevitable, según señala la demagogia neoliberal.
Por el contrario, la primera aspiración de este texto es fortalecer la más amplia resistencia civil que pueda concebirse para derrotar el Tratado, anhelo que se convertirá en realidad si se desarrolla la fuerza social suficiente mediante la más amplia unidad en la que participen los trabajadores y empleados de todos los sectores, los indígenas y el campesinado, las amas de casa y los pensionados, los estudiantes y los intelectuales y los empresarios del campo y la ciudad que quieran unirse contra de la mayor amenaza que haya sufrido Colombia desde 1819.
Así, doscientos años después de lograda la
primera independencia, podrían los colombianos impedir un nuevo y definitivo
ayuntamiento y con ello sentar las bases para una Colombia auténticamente
democrática y próspera.
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