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Ignacio Fernández Albano en su sede de Washington (EE.UU.). Yuri Gripas / Reuters
Esta semana el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un préstamo a la Argentina por 50.000 millones de dólares.
Durante los próximos días se transferirán los primeros 15.000 millones de dólares al Estado argentino.
Con promesas por parte del gobierno de reducir el déficit fiscal y la inflación, y tras 14 años de la última negociación con el organismo de crédito, Argentina vuelve a tomar deuda con el FMI e inaugura así otro capítulo en los más de 60 años de vínculo entre la institución y la nación sudamericana.
Financiando la dictadura militar
El primer préstamo del Fondo Monetario Internacional hacia la Argentina fue otorgado en 1956 al presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, luego del derrocamiento del general Juan Domingo Perón.
No obstante, el vínculo entre el país y el organismo de crédito - así como el problema de la deuda externa argentina - comenzó en 1976 con el apoyo del FMI a la dictadura militar liderada por Jorge Rafael Videla, la cual dejó un saldo de 30.000 ciudadanos desaparecidos.
Mario Cafiero, exdiputado nacional, sostiene que el rol del FMI y del sector financiero internacional en el apoyo al gobierno militar y en la implementación de su plan económico fue fundamental.
El exdiputado sostiene que más allá de los problemas que pudo haber tenido el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón, éste tenía otorgado en 1975 un préstamo del FMI de 150 millones de dólares, préstamo,
Además, Cafiero afirma que cuando el gobierno de facto llegó al poder la deuda orillaba los 6.000 millones de dólares, mientras que cuando se fue en 1983, con la llegada de la democracia, la deuda externa argentina trepaba a los 48.000 millones de dólares.
Según Mateo Gadano, economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinador del Museo de la Deuda Externa Argentina, dos factores influyeron, principalmente, para lograr este crecimiento exponencial de la deuda externa: la 'bicicleta financiera' y la estatización de la deuda privada.
La llamada 'bicicleta financiera' hace referencia a un tipo de operatoria mediante la cual los grandes grupos económicos, con acceso a préstamos internacionales, se endeudaban en el exterior a una tasa de interés muy baja, ya que en ese entonces había un exceso de dólares en los mercados producto de la aparición de los petrodólares.
Los grupos económicos traían los dólares de los préstamos a la Argentina, los convertían a pesos y los colocaban en plazos fijos, que ofrecían ganancias elevadas.
Luego, pasaban esa nueva cantidad de pesos a dólares y los depositaban en el exterior.
Según destaca el documental 'Memorias del Saqueo' (video arriba), entre los deudores que fueron beneficiados con la estatización de la deuda figuraban bancos extranjeros radicados en el país como por ejemplo,
...multinacionales como,
...y en el ámbito local empresas,
Un documento titulado 'El FMI y la Debacle Argentina', presentado ante el Congreso de la Nación en 2005 por Mario Cafiero, en ese momento diputado nacional, explica la evolución del vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional a lo largo de los años.
Según el informe, entre los requisitos que exigió el FMI para otorgar los préstamos en 1976 y 1977 por 300 millones y 185 millones de dólares, respectivamente, se destacan,
...medida que generó una avalancha de importaciones que golpeó profundamente a la industria argentina.
El documento presentado ante el Congreso cita diversos análisis que calculan que 30.000 millones de esa deuda se habría fugado del país y aparecido como ahorros en el exterior de residentes argentinos.
Agregó:
La pesada herencia y las nuevas presiones
En un contexto económico absolutamente desfavorable producto de las políticas económicas de la dictadura y con el país bordeando el 'default' luego de la guerra de las Malvinas, el primer gobierno democrático en siete años, liderado por Raúl Alfonsín, se vio acorralado desde su elección en 1983.
Si bien el FMI se había mostrado complaciente y bien predispuesto para asistir al gobierno militar en sus necesidades económicas, según destaca el informe de Cafiero, no ocurrió lo mismo con la nueva gestión.
Antes de otorgar cualquier tipo de préstamo al nuevo gobierno, el FMI le exigió a la Argentina que saldase las deudas contraídas por el gobierno de facto con los principales bancos acreedores extranjeros:
Pese a las necesidades de financiamiento del gobierno, el primer préstamo del FMI llegó más de un año después de comenzado el mandato, en 1985.
Dicho préstamo se otorgó al país luego de que el ministro de Economía, Bernardo Grinspun, fallara en su intento de crear un frente de países agobiados por la deuda, conocido como 'Club de Deudores', que pudiera enfrentar en bloque al Comité de Acreedores liderado por el Citibank.
Finalmente, por presiones del FMI, Grinspun renunció a su cargo en el ministerio de Economía.
Deuda Odiosa
En 1982, el periodista e historiador Alejandro Olmos denunció al ministro de economía de la dictadura militar, Alfredo Martínez de Hoz, por
Si bien el fallo de la justicia recién estaría listo en el año 2000, mismo año en que falleció Olmos, el juez federal a cargo de la causa, Jorge Ballesteros, emitió un fallo respecto a la denuncia de 1982 en el que encontró un mínimo de 477 ilícitos vinculados a la deuda externa contraída durante dicho la dictadura, como informaba La Nación en aquel momento.
Dado el tiempo que había pasado, cualquier posible delito cometido se consideró prescrito y no hubieron condenas.
De acuerdo a Mario Cafiero, la deuda contraída durante la dictadura con la banca internacional y el FMI podría considerarse claramente como una deuda ilegítima, también conocida como una 'deuda odiosa'.
Esta doctrina jurídica del derecho internacional establece que si un poder autoritario se endeuda para fortalecer su propio régimen y no para satisfacer las necesidades del Estado, esa deuda es odiosa para la población y no es obligatoria para la nación. Es una deuda de régimen, personal de quien la contrajo.
La deuda odiosa, por lo tanto, no tiene por qué ser pagada.
En ese sentido actuó el Congreso Nacional cuando en 1984 sancionó una ley que establecía que carecían de validez jurídica las normas y actos administrativos - entre ellos el proceso de endeudamiento - emanados del gobierno militar.
No obstante, el gobierno de Alfonsín cedió ante el FMI en 1985 y con el aval del nuevo ministro de economía, Juan Vital Sourrouille, firmó una Carta de Intención al organismo de crédito en la que reconoció deuda por 45.000 millones de dólares, legitimando así el endeudamiento contraído durante el gobierno militar.
Se asumió además el compromiso de utilizar todo el monto del préstamo otorgado por el FMI, de 1.800 millones de dólares, a cancelar deuda impaga con los bancos comerciales.
En enero de 1985 se aprobó dicho préstamo; en febrero de 1987, se autorizó un segundo préstamo hacia el gobierno argentino.
Agregó:
Con una situación económica de absoluto desborde, con múltiples huelgas generales promovidas desde el sindicalismo, Alfonsín renunció a su mandato cinco meses antes de que éste concluyera.
La ola neoliberal
Luego de la salida anticipada de Alfonsín en julio de 1989 y escudado bajo las banderas de la justicia social, llegaría a la Presidencia Carlos Saúl Menem, y con él, una ola de neoliberalismo cuyas políticas dejarían consecuencias ruinosas en la Argentina.
Si bien en su segundo pedido de asistencia al FMI en 1987 el gobierno de Alfonsín se había comprometido a privatizar ciertas empresas públicas, dicho proceso recién empezaría a consolidarse durante la gestión de Menem.
Para que esta entrega del patrimonio público se hiciera posible, fueron clave dos medidas que obtuvieron la aprobación y supervisión del FMI:
Según explicó Mateo Gadano, la ley de convertibilidad fue una medida sancionada en 1991 que buscaba detener el proceso inflacionario que vivía el país al establecer la paridad de un dólar con un peso argentino, y para ello debía haber un dólar estadounidense en el Banco Central por cada peso en la economía.
De acuerdo al informe de Cafiero presentado ante el Congreso, la ley de convertibilidad fue el paso previo a la 'entrega' de las empresas públicas y sus utilidades.
El propósito de mantener una tasa de cambio baja - un peso argentino, un dólar - tuvo como fin aumentar los márgenes de ganancia de los nuevos propietarios de dichas compañías:
Plan Brady
De acuerdo al propio FMI, el Plan Brady fue una respuesta del entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, a los problemas que ciertos bancos comerciales tenían para cobrar las deudas que ciertos países en vías de desarrollo habían contraído con ellos.
Mediante esta operatoria, los países deudores que suscribieron al plan buscaban reducir sus abultadas deudas externas en parte mediante la compra de los llamado 'Bonos Brady', respaldados por el Tesoro de los EE.UU., y en parte mediante la privatización de sus empresas públicas.
Cómo deja ver un informe del ministerio de Economía Argentino, el FMI ocupó un rol central en el plan, ya que al igual que otras instituciones financieras internacionales y gobiernos, respaldó la operación actuando como garante de la operación.
Según subrayó Gadano,
A fines de 1992 el gobierno de Menem, con Domingo Cavallo como ministro de Economía, suscribió al plan del secretario del tesoro estadounidense.
El informe de Cafiero sostiene que a través de dicho plan Argentina canceló deuda con los bancos comerciales extranjeros por 40.000 millones de dólares, 25.000 millones los pagó comprando Bonos Brady, cuyo pago estaba garantizado con bonos comprados por Argentina a Estado Unidos, y 15.000 millones mediante la privatización de empresas públicas.
Se privatizaron de esta manera,
De acuerdo al especialista, durante el menemismo el FMI supervisaba todo:
Pese a que el Estado argentino pagó 40.000 millones de dólares de deuda a través de la implementación de dicho plan, durante la Presidencia de Menem la deuda total del país se duplicó:
El principio del fin
El plan de convertibilidad comenzó a mostrar fisuras y lo inviable de su propia naturaleza se fue haciendo cada vez más evidente en la economía argentina hacia fines del milenio pasado, durante la gestión del nuevo presidente, Fernando De la Rúa.
El tipo de cambio bajo - un peso, un dólar - estimuló las importaciones y el ingreso masivo de mercaderías extranjeras, lo cual afectó profundamente la actividad productiva interna.
Por el lado de las exportaciones, el tipo de cambio bajo desalentó las exportaciones industrializadas.
Fue así que el país no pudo generar los dólares suficientes para que las ganancias de los nuevos dueños de las empresas privatizadas pudieran girar sus ganancias al exterior.
La imposibilidad del gobierno de generar dólares trajo otro inconveniente:
Para hacer frente a esta situación, la administración de De la Rúa instauró lo que se llamó 'blindaje', que constó de un préstamo de aproximadamente 40.000 millones de dólares que sirvió para pagar la deudas asumidas por el país.
Dicho préstamo fue otorgado a la Argentina por,
...entre otros.
Para que el préstamo fuera aprobado, el FMI requirió a una economía ya en crisis una reducción del gasto público, un achicamiento del Estado y una reforma previsional, entre otras medidas.
Así como ingresaron al país, los 40.000 millones de dólares obtenidos para el blindaje se utilizaron en su totalidad para el pago de deuda preexistente.
De acuerdo a Giuliano, cuando los bancos locales notaron que el país estaba en problemas durante el año 2001, empezaron un retiro gradual de sus dólares para transferirlos al exterior.
Hacia fines de ese año se instaló el 'corralito', una medida que impedía que los ahorristas retiraran sus depósitos de los bancos.
Según sostiene el especialista, contando con información confidencial, los bancos no solamente se retiraron gradualmente si no que a tiempo, provocando el 'default'.
En diciembre de 2001, el presidente De la Rúa renunció a su mandato en un clima de recesión, malestar social y protestas que terminaron con el país en estado de sitio y 39 muertos.
Pocos días después, el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá anunciaría que el país entraba en 'default' ante la imposibilidad de pagar vencimientos de deuda con el FMI y otros acreedores.
Argentina podría haber enjuiciado a los banqueros por retirar coordinadamente las reservas de los bancos provocando la crisis del 2001 a través de la llamada Ley de Subversión Económica.
No obstante, como informaba La Nación en 2002, el Congreso argentino cedió ante el pedido del FMI y dejó sin efecto dicha ley.
El kirchnerismo y el pago de la deuda
En una operatoria conocida como megacanje, realizada en 2001, el gobierno de De la Rúa renegoció parte de la deuda argentina con acreedores extranjeros y estiró los plazos para el pago de la misma pero con intereses a futuro exorbitantes y con pago de comisiones a banqueros que rondaban los 150 millones de dólares.
Por las irregularidades de dicho proceso, hubo una causa judicial en la que se denunció al entonces ministro de Economía argentino Domingo Cavallo y al secretario del Tesoro de los EE.UU., David Mulford, entre otros procesados.
Los bonos de deuda provenientes del megacanje, por lo tanto, se desprendían de una operación sospechada de fraudulenta y que estaba siendo evaluada por la justicia argentina.
En junio de 2005 el gobierno de Néstor Kirchner realizó un segundo canje de deuda que, según informaba La Nación citando al ministro de economía Roberto Lavagna, le permitiría reducir al país su nivel de endeudamiento de 191.254 millones de dólares a 125.283 millones.
Si bien dicha negociación le permitió a la Argentina salir del 'default' en el que se encontraba desde fines de 2001, Héctor Giuliano considera que el gobierno de Néstor Kirchner, a través de este nuevo canje de deuda, participó de una operatoria que él llama 'lavado de deuda'.
El especialista sostiene que al igual que ocurre con el lavado de dinero, en el que partiendo de dinero ilícito se llega a un 'blanqueo' mediante las repetidas operaciones y compras de bienes que de a poco van legitimando los fondos, lo mismo ocurre con la deuda externa.
Pocos meses después, en enero de 2006, el gobierno de Néstor Kirchner canceló la totalidad de la deuda del Estado argentino con el FMI en un único pago de 9.800 millones de dólares.
Aunque dicho pago le ahorró al país 842 millones de dólares en intereses, Giuliano considera que el gobierno de Néstor Kirchner no utilizó los elementos que tenía a su alcance para responsabilizar al FMI por su accionar, como mínimo, negligente en el país.
Giuliano resalta además la existencia de investigaciones sobre la deuda externa argentina y el rol del FMI, causas judiciales y la sentencia de la causa Olmos, que determinó la ilegitimidad del proceso de endeudamiento durante la dictadura.
También considera que a lo largo de los años hubieron irresponsabilidades comprobables desde la Presidencia y desde el Banco Central.
Mario Cafiero, en la misma dirección que Giuliano, afirma que no ha habido la convicción suficiente por parte de ningún gobierno democrático luego de la dictadura de 1976 para generar un proceso de cuestionamiento jurídico de ese proceso de endeudamiento en el que el FMI tuvo un rol fundamental.
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