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por
Rodrigo Bernardo Ortega
el 02 Noviembre 2018
Desde su época como candidato a ocupar la primera magistratura, el hoy presidente de Colombia, Iván Duque, nunca asumió una actitud crítica al uso del fracking en el país como una alternativa para la ampliación de las reservas de hidrocarburos.
Todo lo contario. Duque se ha mostrado dispuesto a considerar esta técnica como parte del desarrollo de lo que ha denominado la "economía naranja".
Este eufemismo ha sido útil para ocultar el verdadero plan de su gobierno:
En efecto, la nueva ministra de Minas, María Fernanda Suárez, aseguró que uno de sus principales propósitos será,
Mediante esta técnica según la ministra, Colombia podría aumentar sus reservas de gas y petróleo en 19 y 8 años respectivamente.
La pregunta central es,
Pues el gobierno actual quiere vender el fracking como la nueva panacea en la reactivación de la economía de los hidrocarburos pero ignora, al mismo tiempo, las nefastas secuelas de esta técnica que han sido referenciadas en otros artículos de este portal.
Los costos naturales y humanos de esta forma de explotación no se justifican para que unos pocos empresarios foráneos obtengan las ganancias y el gobierno pueda llenarse diciendo que "aumentó la inversión extranjera".
No puede una administración hablar de
beneficiar a sus habitantes con proyectos que a todas luces dejarán
grandes daños medioambientales.
Los rumores de
la llegada del fracking a este departamento despertó la alarma de
sus habitantes que pronto iniciaron las protestas para combatir toda
acción no consultada, por lo que la gobernación pidió
suspender las
actividades de la agencia petrolera.
Según la información recabada, la empresa extranjera fue contratada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos para realizar estudios de sísmica en la región y no para la explotación de petróleo.
Sin embargo, ¿para qué se realizan estos estudios sísmicos?
La respuesta salta a la vista: para determinar la
viabilidad y potencial que un territorio tiene en materia de
hidrocarburos. En otras palabras, están en una fase exploratoria que
tiene como fin último - si todas las condiciones técnicas lo
permiten - explotar el petróleo y gas mediante el fracking.
Por esa razón, la presencia de las compañías petroleras ha despertado las sospechas de los habitantes de 14 municipios del departamento, quienes a través del gobernador Carlos Amaya han manifestado que,
De hecho, la polémica reside en que las exploraciones se hicieron en inmediaciones de la laguna de Tota por lo que las implicaciones socio-ambientales y arqueológicas podrían ser adversas.
Al margen de las consideraciones de las empresas y su aparente intención de "conocer las condiciones del subsuelo", es claro que el propósito fundamental es analizar la viabilidad para iniciar cuanto antes la implementación de la fractura hidráulica.
Dicho de otro modo,
En este lugar desde 2012 se viene haciendo exploración de petróleo a manos de la empresa Maurel & Prom.
Ya son dos pozos en los municipios de Tota y Pesca dentro de un proyecto llamado área de interés exploratorio muisca.
A pesar de la rotunda oposición de sus habitantes, la compañía francesa continúa con las exploraciones y solicitó al gobierno la modificación de su licencia ambiental para aumentar su influencia en la región.
El problema fundamental es que en esta zona se encuentran 410 nacederos, de los cuales se extrae agua potable para cerca de los 7.000 habitantes de la provincia.
En caso de otorgarse la
licencia las consecuencias serían catastróficas para una población
que ya ha comenzado a evidenciar las secuelas producto de los
estudios sísmicos y la deforestación.
No obstante, esta propuesta es una contradicción en los términos pues toda forma de explotación de hidrocarburos genera secuelas medioambientales que terminan por convertirse en problemas de salud pública.
La única alternativa viable para los campesinos es que las empresas abandonen sus territorios para poder iniciar un proceso de recuperación.
Desde luego, debido a los mezquinos intereses económicos, las empresas extranjeras con el consentimiento y apoyo de Ecopetrol no dejaran abandonada una actividad rentable que, bajo la nueva administración, encontrará vientos a favor.
Sin embargo, existe una fuerte oposición
a estos planes que no es mencionada con mucha regularidad por los
medios oficiales por lo que es necesario presentar algunas de las
denuncias de los habitantes de la región.
Por ejemplo, por acción de esta técnica se secaron más de 210 nacimientos de agua y 70 familias perdieron sus hogares a causa de los agrietamientos.
Además de lo anterior, los campesinos han perdido su forma de sustento pues sin cuerpos de agua para regar los campos, la agricultura que es un eje fundamental en la economía de Boyacá ha perdido paulatinamente su impulso.
La consecuencia natural ha sido la profunda protesta social que ha desencadenado en represión por parte de la fuerza pública. La problemática es aún más compleja si se toma en cuenta la directriz del nuevo ministro de defensa que busca "regular la protesta social" lo que en plata blanca significa reprender cualquier tipo de manifestación contraria al gobierno de turno.
Este escenario resulta preocupante toda vez que las comunidades sólo cuentan con las manifestaciones como el mecanismo más efectivo para visibilizar sus problemas, pero si el gobierno insiste en constreñir cualquier movimiento anti-fracking, el panorama para los defensores de los derechos humanos es inviable.
Por eso las posturas enfrentadas son muy claras: una defiende la explotación de recursos a toda costa en beneficio de los negocios privados cuyas retribuciones en materia de regalías no son suficientes para cubrir los daños causados y otra que respalda el uso responsable del agua y el medioambiente como centro de una relación equilibrada con la naturaleza.
Las protestas no sólo se dan en Boyacá sino en varios de los 100 municipios donde potencialmente se podrá realizar fracking.
Uno de los casos más emblemáticos es la puja que se da entre la comunidad indígena U'wa que quiere por fuera de sus territorios ancestrales a Ecopetrol.
Este resguardo ubicado en Norte de Santander, busca que la empresa de hidrocarburos no intervenga con sus proyectos en zonas protegidas.
Como este podrían reproducirse miles de ejemplos de colectivos de
ciudadanos que se oponen a la explotación de hidrocarburos y que
progresivamente han recibido atención por parte de los medios de
comunicación.
El propósito es impedir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y pretende que el país inicie un proceso de transición para que dejen de usarse combustibles fósiles.
El proyecto cuenta con el respaldo de la lista de los Decentes, el Polo Democrático y la Alianza Verde, así como algunos cuadros del partido de la U, el Liberal y el Conservador.
La propuesta espera hacerle frente a una de las banderas del gobierno Duque por lo que se convertirá en un auténtico conflicto político.
La situación es compleja debido a las mayorías que ostenta el Centro Democrático, el partido pro-fracking en el Congreso, razón por la cual la lucha en contra de esta técnica deberá continuar a través de diversos medios y mecanismos.
Con todo, el caso de Boyacá abre una
esperanza para que el foco de atención se centre en la ciudadanía y
en las demandas que pretenden acabar con el fracking en Colombia...
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