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La votación en contra del fracking en Fusagasugá (municipio de Cundinamarca) fue contundente:
A la pregunta,
...39.175 personas dijeron no y tan sólo 202 respaldaron la iniciativa.
Si bien el censo electoral para la consulta era de 104.538 ciudadanos, el umbral estimado en 34.846 votantes se superó con creces, por lo que el mandato público se dirige a rechazar la explotación de recursos del subsuelo. Y no es una decisión menor.
En efecto,
de acuerdo con la senadora del
Partido Verde, Angélica Lozano, el páramo de Sumapaz es el
más grande del mundo y provee de agua potable al 15% de la población
colombiana. De hecho, es la principal fuente de agua para Bogotá y sus municipios aledaños, de ahí que la consulta puede pasar a la historia como una manifestación de la soberanía popular por evitar la explotación irresponsable y la contaminación de una de las fuentes hídricas más importantes del país.
A pesar de la decisión democrática tomada en Fusagasugá que se suma a otras experiencias similares en Boyacá y Tolima, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció la realización de una prueba piloto en 2019 con el fin de evaluar junto con,
El plan piloto que se llevará a cabo en las inmediaciones de Barrancabermeja en un área de 150 kilómetros por un lado y 60 kilómetros por otro puede incluir otros siete departamentos además de Santander.
Sin embargo, los riesgos ambientales de la fracturación hidráulica son latentes por lo que el presidente de la compañía petrolera ha sido enfático al afirmar que:
A pesar de estas declaraciones, lo cierto es que los negocios en el gobierno Duque ocupan el primer lugar, por lo cual, en caso de encontrar las fuentes necesarias, Ecopetrol no dudará en sacrificar el medio ambiente en favor de los capitales extranjeros.
Amanecerá y veremos...
Este disparate, como lo dijo el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
Aunque el símil puede ser chocante no falta a la verdad, pues hay pruebas científicas rigurosas de diversas universidades del mundo que han demostrado que la fractura hidráulica genera impactos graves al medio ambiente como la contaminación de fuentes de agua potable y afectación a la fertilidad de la tierra.
No hay evidencias que demuestren lo contrario, es decir, que como la asegura la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, se pueda emplear esta técnica de "manera responsable y sostenible".
¿Cómo puede perforarse la tierra, llenarla de peligrosos químicos y aumentar el riesgo sísmico de manera responsable?
Si países como Francia, Alemania e incluso varios estados de Estados Unidos han prohibido esta forma de explotación,
La respuesta tiene que ver con la poca independencia que tiene el gobierno de Iván Duque respecto a los grandes empresarios que financiaron su campaña.
De ahí radica la importancia de la resistencia civil para evitar este tipo de decisiones.
Acompañado de la depredación ambiental, la actual administración busca imponer una de las reformas tributarias más regresivas de todos los tiempos.
De hecho, el polémico ministro de hacienda Alberto Carrasquilla ha propuesto imponer el IVA (impuesto al valor agregado) a todos los productos de la canasta familiar, con lo cual, las familias de clase media y de escasos recursos tendrían un duro recargo en productos de primera necesidad.
Sumado a esta propuesta de inequidad, los empresarios verían reducidos sus impuestos y entre los sectores favorecidos estaría la explotación de hidrocarburos.
La ecuación es evidente:
En pocas palabras, los
colombianos estarán pagando para que unas cuantas empresas extraigan
sus recursos, dañen su medio ambiente y devasten selvas y ríos.
Por si no fuera suficiente con esta compleja situación, la Corte Constitucional tumbó una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta respecto a una consulta popular que permitió frenar la extracción de petróleo en Cumaral a cargo de la multinacional MonsarovarEnergy.
El alto tribunal impuso, a través de su fallo, límites a las consultas populares, con lo cual, este mecanismo de participación no podrá vetar en el futuro las actividades relacionadas con la extracción de petróleo y minerales.
Dicho de otro modo, la Corte Constitucional despojó de la única herramienta jurídica que tenían las comunidades para la protección de sus derechos y dejó el camino expedito para que las multinacionales puedan retomar sus actividades económicas.
Desde el gobierno nacional y en particular, desde el Ministerio de Minas y Energía se ha celebrado la decisión como una,
Pero, ¿de qué diálogo y de qué participación habla la ministra?
Si todas las manifestaciones de la soberanía popular son vulneradas, ¿qué alternativas tienen las poblaciones afectadas?
Esta circunstancia tiene en vilo no sólo la consulta desarrollada en Fusagasugá, sino diversas movilizaciones populares que se encaminan a limitar las acciones perjudiciales de las compañías petroleras.
Así quedó demostrado con su decisión de conformar una "comisión de expertos" que se encargará de determinar los impactos del fracking en Colombia, así como la regulación normativa con la que se cuenta para atenuar los posibles riesgos de la aplicación de esta técnica.
Sin embargo, como lo manifestó el ex-contralor Edgardo Maya,
En esta declaración se resume las complicaciones y la falta de criterio científico a la hora de abordar una cuestión tan delicada como la perforación hidráulica.
No obstante, el gobierno sigue empecinado en demostrar por diversos caminos que el fracking es la alternativa del siglo XXI.
Si se toma en consideración el bloqueo legal al que estarán expuestos estos sectores por la decisión de la Corte Constitucional es probable que existan movilizaciones sociales como el recordado Paro Agrario Campesino de 2013 o las recientes protestas estudiantiles.
Es claro que las comunidades tendrán que salir a las calles a defender sus derechos de la intransigencia del gobierno central.
El modelo de explotación económico promovido desde la Casa de Nariño (y apoyado desde Washington) no es una sorpresa, de ahí que las manifestaciones populares serán determinantes para hacer frente a la "economía naranja".
El primer acto simbólico ya se llevó a cabo con la recolección de 100.000 firmas por parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking que fueron presentadas ante el Congreso Nacional con el fin de mostrar el respaldo popular al proyecto de ley sobre la prohibición definitiva de esta técnica en el país.
Sin embargo, el cabildeo será complicado debido a que el gobierno cuenta con un importante número de congresistas que bloquearán todas las iniciativas promovidas desde los grupos alternativos y más aún si tiene que ver con la reducción de sus negocios.
En otras palabras, el Alto tribunal aseguró que,
En tal sentido, la decisión de la comisión tercera del Consejo de Estado dejó en firme una postura que respalda a los sectores que promueven la protección del medio ambiente y el principio de precaución, toda vez que no se conocen con precisión las supuestas ventajas del fracturamiento hidráulico.
De respetar la decisión de la rama judicial, el gobierno tendría que buscar alternativas para potenciar la "economía naranja" pues el fracking sería inviable en el país.
Desde esta óptica, cualquier intento de negocio en el ámbito minero-energético está "secuestrado" por los grupos ambientalistas que se oponen y mediante el lobby internacional han afectado significativamente a esta industria.
Sin embargo,
No es una cuestión de fundamentalismo sino de realidad.
Aquí están en juego dos modelos de país:
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