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por Rodrigo Bernardo Ortega enviado por Email 16 Julio 2019
Es claro que todos los políticos realizan propuestas que jamás cumplirán, pero tener un giro de 180 grados en uno de los temas más polémicos y peligrosos en el mundo, demuestra la poca independencia que tiene el jefe de Estado para tomar sus propias decisiones.
Esta frase se la han recordado al hoy presidente quien parece haber olvidado, de repente, todas las nefastas consecuencias de esta técnica y la riqueza de las aguas subterráneas en el país.
El hecho de permitir que una comisión de expertos analice la "viabilidad" de la fracturación hidráulica es un claro indicio de su deseo por continuar por esta vía de explotación.
Sin embargo, el camino para aceptar definitivamente el fracking en Colombia no será nada fácil.
La Marcha-carnaval por el agua, contra el fracking y la minería contaminante, logró reunir a miles de personas que se concentraron en las principales plazas del país para exigirle al presidente Duque que cumpla su palabra de prohibir el fracking.
A pesar de que parezca un acto simbólico, la marcha-carnaval fue una manifestación política que demuestra la transformación social que se está generando, pues los líderes de la marcha fueron estudiantes de colegios y universidades que tienen una perspectiva muy distinta con respecto a la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
No sólo fue una marcha
más en el país, sino una concentración con fines políticos de llevar
la cuestión del fracking a la agenda de lo público y generar un
debate de altura frente a los daños que trae consigo esta técnica.
En efecto, el Consejo de Estado suspendió las normas que regulan la explotación de yacimientos no convencionales (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014), al considerar que no existen elementos que prueben su utilización segura.
En una reciente decisión, el alto tribunal pidió a la Universidad Nacional conformar una comisión que entregue un concepto para tomar un fallo de fondo sobre la suspensión definitiva de la reglamentación o permitir su uso controlado.
Este grupo que es diferente a la Comisión de expertos convocada por el gobierno, deberá emitir un concepto en el inicio del segundo semestre de 2019.
Por esa razón, miembros
de la comunidad académica, enviaron una carta a la rectora de la
Universidad Nacional, Dolly Montoya, solicitando más tiempo para el
análisis de las implicaciones del fracking, pues debe tenerse en
cuenta en su dimensión integral que incluya no sólo variables
biofísicas sino también elementos socioeconómicos, ambientales y
culturales.
Sin embargo, conociendo la argucia del presidente y de sus poderosos jefes, la batalla económica y legal continuará.
De hecho, para la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, si el país comienza a explotar los yacimientos no convencionales, la autonomía energética se podría triplicar y las reservas de petróleo y gas serían de 24 años y 30 a 50 años, respectivamente.
Desde el ámbito económico, según la ministra, los beneficios serían considerables pues el país podría obtener 14 billones de pesos adicionales por año. Su postura, es respaldada por el economista Juan Pablo Ruíz, para quien el hecho de negar la fractura hidráulica, podría traer graves consecuencias en temas de abastecimiento energético en Colombia.
Según esta visión, si el
gobierno cede ante la presión de los grupos ambientalistas, en unos
años el país podría tener una crisis energética considerable y
necesitaría importar petróleo y gas, algo impensado para un
territorio con grandes reservas de hidrocarburos.
Esa es la razón por la cual la ministra Suárez insiste en permitir los pilotos en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, en Cesar, La Guajira, Antioquia y Santander.
En caso de demostrar que el fracking puede llevarse a cabo de "manera responsable", se estaría dando un paso en su aceptación. No obstante, por cuenta del fallo emitido por el Consejo de Estado, los pilotos se encuentran suspendidos y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tampoco puede aprobar conceptos favorables para la fracturación hidráulica.
De acuerdo con los
defensores del fracking, la técnica ha evolucionado de manera
permanente por lo que los primeros daños causados en el ambiente han
sido controlados y corregidos, entonces por este motivo, en países
como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Argentina, esta forma de
explotación ha sido aceptada.
Por una parte, los niveles de sismicidad que puede generar la actividad, los cuales justamente fueron denunciados por Iván Duque-candidato.
En este orden de ideas, se ha logrado relacionar la entrada de tubería y químicos a presión con sismos de diferentes grados. La segunda dimensión tiene que ver con el uso y disposición final de la industria, pues para generar la fractura de las rocas se utilizan grandes cantidades de agua mezcladas con una serie de químicos que, al volver a la superficie, contienen altos índices de contaminación.
Además, existe el riesgo permanente de que las tuberías se rompan y contaminen los acuíferos (otra de las grandes preocupaciones de Iván Duque-candidato).
Finalmente, algunos estudios han dado cuenta de las afectaciones en la salud de las poblaciones que han estado expuestas a esta técnica.
No sólo con agua contaminada que se enciende en fuego al contacto con gas, sino además por las emisiones que contaminan el aire.
Por si fuera poco, la Contraloría General de la Nación, publicó un estudio sobre los riesgos y afectaciones ambientales de la utilización del fracking en el país.
Sin embargo, en una acción que podría juzgarse digna de Poncio Pilatos, el contralor, Carlos Felipe Córdoba, dijo que el órgano de control no se opone si se hace de manera responsable.
De esta manera, diversos organismos dentro del Estado colombiano se han mostrado desconfiados frente al uso de fracking como mecanismo de explotación de hidrocarburos.
Pero debe tomarse en
cuenta que los socios del presidente harán hasta lo imposible por
lograr la aceptación de la técnica.
En efecto, la gran paradoja es que en estos territorios existe grandes recursos producto de las regalías, pero poca inversión social, lo que profundiza los niveles de desigualdad.
De esa manera, de acuerdo con Leonardo Donado Garzón, uno de los miembros de la Comisión de expertos,
Así las cosas, la explotación de yacimientos no convencionales sólo traería ventajas a los grandes grupos económicos, o lo que es lo mismo, a los socios del presidente Iván Duque.
Es importante entonces que las acciones públicas sigan siendo parte de la estrategia de los sectores que se oponen a la explotación de los recursos naturales.
De las recomendaciones que este grupo le haga al Consejo de Estado dependerá la decisión de suspender definitivamente la reglamentación del fracking en el país.
Por ese motivo, estos meses son determinantes para conocer si el gobierno de Iván Duque tendrá vía libre para envenenar el medio ambiente de un país que todavía padece las secuelas de la contaminación, de los errores técnicos en el transporte de petróleo y en el ejercicio desaforado de la explotación minera.
Los políticos no dimensionan el daño que sus decisiones han traído al país, pues en busca del "equilibrio en la balanza de pagos" y otro tipo de conceptos falaces, miles de personas han estado expuestas a graves afectaciones sociales, culturales y económicas.
Con todo, la batalla por
el fracking no ha terminado y las manifestaciones continuarán hasta
que el presidente traiga a su memoria aquellas frases que pronunció
en su campaña, cuando no le debía la presidencia a nadie.
NO AL FRACKING EN COLOMBIA...
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