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de Mario Osava
16 Agosto
2019
del Sitio Web
IPS
El presidente brasileño Jair Bolsonaro, durante una
de sus informales ruedas de prensa.
Esos encuentros, a la entrada del presidencial
Palacio del Planalto, se han vuelto casi diarios, a
lo que se suma un desayuno semanal con periodistas,
pese a las acusaciones del gobernante a la prensa de
"mentirosa" o de "izquierdista".
En esas ocasiones hace declaraciones de impacto, a
veces con ofensas a opositores e incluso miembros
del propio gobierno que va a destituir.
Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil
RÍO DE JANEIRO
En sus primeros siete
meses y medio de gobierno, se acumulan las acciones del presidente
Jair Bolsonaro, adoptadas como
retaliación a personas o instituciones que le molestan,
componiendo lo muchos en Brasil definen como "gobernar por el odio".
Pero encararlas como,
"actos personales
reduce la complejidad del proceso" e ignora que "producen un
sentido social y político para legitimar sus propias propuestas,
fortalecer determinados grupos de apoyo y deslegitimar a los que
piensan distinto", advirtió a IPS Frederico Costa, presidente de
la Asociación Brasileña de Psicología Política.
"Son síntomas de una visión del mundo" que incluyen el "rechazo
al diálogo, a lazos" con otras personas y países, la
"descalificación y 'eliminación' de los que no me gustan, del
'otro' que no me interesa", acotó Margareth Arilha,
psicoanalista lacaniana e investigadora del Núcleo de Estudios
de Población de la Universidad de Campinas.
"No distraerse en situaciones menudas, para no perder todo el
paisaje, los rumbos de la cultura política", recomendó ante esos
manejos del presidente de extrema derecha.
Especialistas en
comunicación digital y guerras culturales sostienen que hay un
método detrás de las diatribas casi cotidianas con que Bolsonaro
desvía la atención y se asegura la fidelidad de sus adeptos, en
particular los más sectarios.
Pero si ese es el caso, el mandatario parece por lo menos exagerar
en venganzas personales que amenazan con reducir demasiado su
popularidad y meterlo en líos judiciales.
José Augusto Morelli tuvo la mala suerte de aplicarle una
multa por pesca ilegal al entonces diputado Jair Bolsonaro, el 25 de
enero de 2012 en Angra dos Reis, a unos 160 kilómetros al oeste de
Rio de Janeiro.
Cumplió su deber de funcionario del Instituto Brasileño de Medio
Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), la autoridad
del sector, pero eso le costó, parece, su destitución como jefe del
Centro de Operaciones Aéreas de Protección Ambiental, el 28
de marzo de 2019, antes de cumplir Bolsonaro tres meses en el poder.
La multa fue de 10.000 reales (algo más de 5.000 dólares al cambio
de entonces), por pesca de anzuelo en la Estación Ecológica de
Tamoios, en la bahía de Angra dos Reis.
Bolsonaro recurrió hasta al Supremo Tribunal Federal para anular la
acusación de delito ambiental y amenaza convertir esa área de
conservación, creada en 1990 para proteger la biodiversidad
alrededor de las dos centrales nucleares allí instaladas, en una
"nueva Cancún", el famoso polo turístico mexicano.
Las multas, sean ambientales o de tránsito, son un blanco general
del presidente que prometió abolir la "industria de multas", pese a
la opinión mayoritaria más preocupada por preservar el ambiente y
reducir los accidentes viales, que en 2017 provocaron la muerte de
más de 34.000 personas e hirieron centenares de miles, según el
Ministerio de Salud.
Las colindantes centrales nucleares
actualmente operativas en Brasil, Angra 1 y Angra 2,
en una
ensenada de la bahía de Angra dos Reis,
a 160
kilómetros de Rio de Janeiro,
cerca
de la Estación Ecológica Tamoios,
donde
el Jair Bolsonaro sufrió una multa ambiental
por
pesca ilegal y quiere ahora instalar
una
"nueva Cancún", el balneario mexicano.
El área
de conservación es una exigencia legal
para
sostener la biodiversidad alrededor de las centrales.
Crédito: Mario Osava/IPS
Una retaliación presidencial más inmediata y cruel sufrió
Felipe Santa Cruz, presidente del Colegio de Abogados de
Brasil (OAB, en portugués) e hijo de un desaparecido político,
víctima en 1974 de la dictadura militar (1964-1985).
Bolsonaro dijo públicamente el 29 de julio que podría contarle a
Santa Cruz como "desapareció" su padre.
Luego sostuvo que él
murió "ajusticiado" por sus propios compañeros de la Acción Popular,
grupo clandestino de origen católico que luchó contra esa dictadura.
Esa es una versión usual de la represión política en un intento de
encubrir asesinatos bajo tortura en aquel período.
Pero en este caso está
desmentida por documentos oficiales, incluso de las Fuerzas Armadas
que demuestran que Fernando Santa Cruz fue detenido por
militares en febrero de 1974.
Entonces su hijo Felipe tenía dos años y Bolsonaro iniciaba el curso
para hacerse oficial del Ejército, que dejó como capitán en 1988
para meterse en la política.
Remover esas heridas fue la forma del ex-capitán de acentuar su
queja contra la OAB, que en su opinión obstaculizó la investigación
policial que podría condenar por intento de homicidio a Adélio
Bispo, quien lo acuchilló el 6 de septiembre de 2018, durante un
mitin electoral en Juiz de Fora, 164 kilómetros al norte de Rio de
Janeiro.
La OAB impidió a la policía romper el secreto de las comunicaciones
telefónicas de los abogados de Bispo, una medida que podría, según
Bolsonaro, desvelar la conspiración para asesinarlo, posiblemente
involucrando a grupos de izquierda.
Hubo una retaliación adicional contra Santa Cruz.
Su bufete vio cancelado
de inmediato contrato con la empresa petrolera estatal Petrobras, en
un acto neto de "persecución política", según el abogado, ya que no
hubo justificación y no se podría alegar ineficiencia.
El año pasado los abogados de su bufete triunfaron en un proceso
judicial que ahorró cerca de 5.000 millones de reales (unos 1.300
millones de dólares) a Petrobras en pagos laborales.
Como una "retribución" a las críticas de la prensa, justificó
Bolsonaro el decreto presidencial que desde el 6 de agosto exime a
las empresas de capital abierto de publicar sus balances en medios
impresos.
No hay otra explicación, ya que en abril se aprobó una ley con el
mismo fin, pero fijando un plazo hasta fin de 2021 para la
adaptación de los diarios a la nueva realidad.
El golpe será más duro para Valor Económico, el principal
diario económico brasileño donde escriben algunos de los mejores
analistas políticos y, por lo tanto, críticos con el gobierno.
Pero alcanza
indirectamente al mayor grupo de comunicación del país, Globo,
propietario del diario.
Bolsonaro demostró desde cuando era diputado (de 1990 a 2018) que
"identifica como enemigo a destruir quienes no piensan como él", su
"discurso autoritario" suma tres dimensiones, señaló Frederico
Costa.
Primero, no reconoce derechos de las minorías, como,
Además,
-
defiende una
revisión de la historia, con negación de la dictadura
militar y legitimación de la tortura, como "necesaria ante
la amenaza comunista"
-
rechaza datos
científicos que "fundamentan políticas públicas", sin
oponerles argumentos válidos, detalló el presidente de la
Asociación Brasileña de Psicología Política
El ejemplo más reciente
fue alzarse contra el gubernamental Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales (INPE), un ente estatal respetado en
todo el mundo, que apuntó un aumento de
88 por ciento
en la deforestación amazónica durante junio, en
comparación con junio de 2018.
Son,
datos "mentirosos",
acusó Bolsonaro, provocando la reacción del entonces director
del INPE, Ricardo Galvão, que calificó de "cobarde y pusilánime"
la actitud presidencial de difamar públicamente a científicos de
prestigio,
...y fue destituido
algunos días después.
"Lo más preocupante",
según la psicoanalista Arilha, es "la interrupción y reversión
del proceso de ampliación de las libertades, de inclusión social
y de búsqueda de la ética y ciudadanía" que Brasil vivió desde
los años 90.
"Ahora se trata de
restringir libertades, movimientos de autonomía, diálogos,
alternancias y contrapuntos", lamentó a IPS.
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