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Los últimos acontecimientos regionales vuelven a poner en evidencia la actualidad y la eficacia
de la guerra
política por vía judicial. ¿Qué es el 'lawfare'? ¿Quiénes son sus actores protagónicos? ¿Qué incidencia tienen en él los Estados Unidos?
Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico.
El 'lawfare', inicialmente asociado a una "guerra contra la corrupción",
Se caracteriza por,
En los últimos años,
estas tácticas han sido utilizadas contra varias decenas de líderes
o exfuncionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes en
Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, El Salvador, Venezuela,
vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con
mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal.
El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos.
Esta dinámica se alimenta con voces de especialistas (muchas provenientes de think tanks estadounidenses) que tienen fuerza de verdad y eco en los principales medios y redes sociales.
Es llamativo el rol de
agencias de gobierno e intereses del sector privado estadounidense
involucradas tanto en los procesos judiciales como en los resultados
y eventos posteriores a los mismos, que muestran la
instrumentalización del aparato judicial-mediático a favor de
objetivos económicos, políticos y geopolíticos foráneos, que
comparten intereses y negocios con minorías privilegiadas locales.
jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas
y agentes de
inteligencia"
Ante estos procesos, y considerando la coyuntura de disputa actual, el siguiente texto presenta,
Se desplegaron diversas herramientas de poder duro y blando plasmadas en procesos de desestabilización e intentos deliberados de golpes de Estado (algunos exitosos, otros truncos):
El 'lawfare', sin embargo, no es producto único y original de los intereses foráneos.
Las derechas y las minorías privilegiadas de América Latina son el eslabón fundamental para que pueda operar con éxito.
En otras palabras, esos
intereses entendidos como "foráneos", en realidad, son compartidos
por sectores políticos que son sumisos hacia fuera, pero que a nivel
nacional y local operan como clase dominante (Fernandes, 2008).
Esta dependencia adquiere una legalidad y sistematicidad a partir del orden internacional articulado en la posguerra (1944-1945) donde también se instituye, legaliza y legitima el sistema de relaciones centro-periferia (Pinheiro Guimaraes, 2004), en un esquema de creciente polarización entre capitalismo ("Occidente") vs. comunismo ("Oriente") (Said, 2004), a través de una serie de organismos, financiamientos y vínculos que marcaron la presencia de EE.UU. en América Latina.
Las principales instituciones internacionales, desde,
...formaron parte de la proyección de los intereses de EE.UU. a nivel internacional, en particular aquellos asociados a la expansión de una economía anclada en un vasto complejo industrial militar.
En el marco de las crecientes tensiones con la Unión Soviética, se fue organizando el terreno geopolítico para un enfrentamiento indirecto permanente, calificado de Guerra Fría.
América Latina, en la esfera de influencia de EE.UU., tuvo su rol como proveedora de recursos estratégicos y materias primas, así como de receptora en el mercado de asistencia para el desarrollo y la seguridad impulsado desde allí.
Los procesos emancipadores, que reivindicaban la soberanía y la autodeterminación, el nacionalismo y el antiimperialismo de posguerra, fueron percibidos como una amenaza, asociados inmediatamente a un inminente avance del comunismo en la región (González Casanova, 1979).
En ese contexto, se
firmaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (1947) y
la Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948), para
garantizar una "América para los americanos".
A pesar de centrarse en actividades de comunicación y diplomacia pública, incluyó también operaciones encubiertas.
Según documentos en su momento secretos, estas operaciones implicaban:
En este escenario, el anticomunismo constituyó uno de los ejes ordenadores y legitimadores de la reproducción ideológica y la justificación a nivel nacional e internacional, de las intervenciones de EE.UU. durante la Guerra Fría (Chomsky y Herman, 1979).
Una división entre "nosotros" y "ellos", entre "nosotros" y el "enemigo", que fue mutando a otras formas de nominarlo, incluso después de la implosión de la Unión Soviética:
Como resultado de la doctrina anticomunista, materializada en políticas contrainsurgentes operadas por los gobiernos locales, apoyados en mayor o menor medida por EE.UU., se llevó a cabo,
Estos gobiernos o
sectores políticos no estaban necesariamente vinculados al
comunismo, pero fueron derrocados o destituidos por medio de la
articulación de herramientas de "poder blando", como la asistencia
para el desarrollo, incluyendo reformas institucionales a nivel
estatal o local, sumadas a la asistencia para la seguridad,
incluyendo entrenamiento de parte de las FF.AA. y policías locales
en contrainsurgencia (Romano, 2013).
En efecto, sus intelectuales recomiendan reforzar medidas de "poder blando": guerra psicológica, sanciones económicas y presión diplomática.
Precisamente el 'lawfare',
el uso de la ley como un arma, es una de las herramientas y
componentes de esa guerra política, que al combinarse o actuar en
paralelo a estrategias de guerra psicológica, sumadas a la
posibilidad del uso de fuerza, compone las guerras híbridas (Romano,
Tirado y García Sojo, 2019; Korybko, 2019).
con estos procesos de Guerra Fría, es la reivindicación de la 'guerra política' como alternativa más conveniente para recuperar la hegemonía decadente
de EE.UU. frente
a China"
Por definición, se postula al 'lawfare' como una guerra "por otros medios", en este caso, por la vía legal.
Se entiende que dirimir la batalla en los tribunales nacionales e internacionales es menos violento y "más justo" (Dunlap, 2009).
Es una estrategia típica
de gobiernos demócratas (aunque no exclusivamente utilizada por
ellos), que hace parecer como "blando" algo que en realidad implica
la posibilidad del uso de la fuerza; hace aparecer como "legal"
acciones orientadas a quebrar la legalidad, incluida la
desestabilización de gobiernos de turno por medio de la presión
económica, diplomática, etcétera.
Esta asistencia forma parte de las estrategias de legitimación de la expansión del capital monopólico estadounidense luego de la Segunda Guerra Mundial.
El Punto IV de Truman (1949) es un ejemplo, siendo el más ilustrativo la Alianza para el Progreso y los diversos programas de la AID (hoy USAID) a partir de los años sesenta.
Esta tenía por objetivo contribuir al desarrollo de los países del continente, en clave de "modernización" de la infraestructura, acceso a salud, educación, incluso el sistema de cultivos (traducido en la "revolución verde" para mejorar el rendimiento y favorecer la producción en escala) (Delgado y Romano, 2013).
También se caracterizó
por articular los programas de asistencia económicos y técnicos con
la asistencia militar y policial en un contexto de creciente guerra
contrainsurgente, "anticomunista", para obstaculizar, erradicar,
etc., cualquier experiencia político-económica que cuestionara los
valores o interfiriera en los intereses de las potencias
occidentales, lideradas por EE.UU. en plena Guerra Fría (Romano,
2017).
Este proceso tuvo como protagonistas a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que organizaron la neoliberalización de las economías, retomando las premisas de los Chicago Boys impartidas al calor del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile (Harvey, 2007) y cumpliendo los designios de la Comisión Trilateral conformada a inicios de la década de 1970.
Esto se materializa en
proyectos de modernización, actualización y formación de recursos
humanos, que implican exportación de doctrinas, marcos de
evaluación, programas de estudios, que en algunas coyunturas
redefinen lineamientos políticos y económicos (Borón, Tirado,
Lajtman, García Fernández y Romano, 2019; Pásara, 2012; Hammergren,
2007), rebasando su impacto más allá del ámbito jurídico.
como herramienta de 'poder blando', se combina y opera con otras herramientas propias de la guerra psicológica y política,
entre ellas la
asistencia para el desarrollo"
Las agencias del Estado estadounidense articularon con las IFI en diversos aspectos de las reformas de los Estados.
El BID habilitó aproximadamente 1,2 mil millones de dólares entre 1992 y 2011 para la reforma judicial, en forma de préstamo (endeudamiento del Estado) (Pásara, 2012: 4).
En general, la USAID prefiere advertir que el apoyo a las reformas jurídicas se ha centrado en cuestiones "técnicas" en lugar de "políticas", evitando aspectos contextuales que afectan profundamente el funcionamiento de los sistemas jurídicos.
Al igual que la USAID, el
BID se inclina por la asesoría "despolitizada", orientando el apoyo
a computadoras y edificios de oficinas (Pásara, 2012: 11).
Sin embargo, hay varios aspectos que están asociados a estas reformas vía asistencia:
Al igual que en el plano
económico, existe desde el gobierno estadounidense una tendencia a
estandarizar los aparatos jurídicos de acuerdo a las necesidades y
percepciones sobre el buen funcionamiento de la ley, o a su uso más
correcto, especialmente forjado en torno a la lucha contra la
corrupción.
Esta corrupción debe ser extirpada del Estado apelando entonces a,
Este antecedente explica,
en parte, el hecho de que la persecución judicial se haya exacerbado
contra funcionarios de gobiernos que propiciaron la intervención del
Estado en materia económico-social a favor de las mayorías,
ensanchando al Estado y revalorizando lo público.
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