por Idilio Méndez Grimaldi
23 Junio 2012
del Sitio Web
OtraAmerica
Periodista,
investigador y analista. Miembro de la Sociedad de
Economía Política del Paraguay, SEPPY. Autor del libro
Los Herederos de Stroessner. |
Este artículo escrito unas horas antes del derrocamiento de Fernando Lugo
en Paraguay. Idilio Méndez nos explica las claves detrás del complot
político en un país acosado por la agroindustria y con una clase
política al servicio de sus intereses.
¿Quienes están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores
de una ideología que promueven el máximo beneficio económico a
cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora y en el futuro.
El viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a
cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la
frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados
con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue
dada por un juez y una fiscal para proteger a un latifundista.
Como
resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas
de heridos graves.
Las consecuencias:
-
el laxo y timorato gobierno de
Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio político por un
Congreso dominado por la derecha
-
duro revés a la izquierda, a las
organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía
terrateniente de instigar a los campesinos
-
avance del agronegocio
extractivista de manos de las transnacionales como
Monsanto,
mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus
tierras
-
la instalación de una cómoda platea para la
los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en
las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo
El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla
de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de
biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay.
Las
protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se
dejaron esperar.
El gen de este algodón está mezclado con el gen de la
Bacillus Thurigiensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas
del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita
en el capullo del textil.
El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas,
SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel
Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de
cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y
de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación.
Campaña mediática
Durante los meses posteriores,
Monsanto, a través de la Unión de
Gremios de Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo,
que publica el diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su
presidente por no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para
su uso comercial en todo el país.
La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva
denuncia por parte de una seudo-sindicalista del SENAVE, de nombre
Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de
corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC
Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico
de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente
adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra
transnacional, todas socias de la UGP.
Al día siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis
columnas:
“Los 12 argumentos para destituir a Lovera”.
(1)
Estos
presuntos argumentos fueron presentados al vicepresidente de la
República, correligionario del ministro de Agricultura, el liberal
Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente
de Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia.
El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición anual
organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ministro
Enzo Cardozo dejo escapar un comentario ante la prensa que un
supuesto grupo de inversores de la India, del sector de los
agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la
presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba.
En esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty.
En el marco de esta exposición preparada por el citado ministerio,
la transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón,
doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un
herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la
transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta
semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros
países del mundo.
Previamente a estos hechos, el diario ABC Color denunció
sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a la ministra de
Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas,
dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto.
Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de
impuestos, (porque no declara esta parte de su renta) solamente en
concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en
Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta de las
semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una
extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una
producción en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010.
Por otro lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el
proyecto de Ley de Bioseguridad, que contempla crear una dirección
de bioseguridad a cargo del Ministerio de Agricultura, con amplia
potestad para la aprobación para su cultivo comercial de todas las
semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y
algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la eliminación de
la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de
funcionarios técnicos del Estado paraguayo.
En tanto transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene
preparando un acto de protesta nacional contra el gobierno de
Fernando Lugo para el 25 de junio próximo. Se trata de una
manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando medias calzadas de
las rutas en distintos puntos del país.
Una de las reivindicaciones
del denominado “tractorazo” es la destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas
transgénicas para su cultivo comercial.
Las conexiones
La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros
apóstoles como Ramón Sánchez - quien tiene negocios con el sector de
los agroquímicos - entre otros agentes de las transnacionales del
agronegocio.
Cristaldo integra el staff de varias empresas del Grupo
Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director
propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen
de Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad
Interamericana de Prensa, SIP.
El Grupo Zuccolillo es socio principal en Paraguay de Cargill, una
de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo.
La
sociedad construyó uno de los puertos graneleros más importante del
Paraguay, denominado Puerto Unión, a 500 metros de la toma de agua
de la empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el Río Paraguay,
sin ninguna restricción.
Las transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no
pagan impuestos, mediante la férrea protección que tienen en el
Congreso, dominado por la derecha. La presión tributaria en Paraguay
es apenas del 13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto recaudado por
el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los
latifundistas no pagan impuestos.
El impuesto Inmobiliario
representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones
de dólares, según un estudio del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al 30 % del PIB, que representan
unos 6.000 millones de dólares anuales.
Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El 85 por
ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos
del 2 por ciento de propietarios (3) que se dedican a la producción
meramente extractivista o en el peor de los casos a la especulación
sobre la tierra.
La mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o
Miami y tienen estrechas relaciones con las transnacionales del
sector financiero, que guardan sus bienes mal habidos en los
paraísos fiscales o le facilitan inversiones en el extranjero. Todos
ellos, de alguna u otra manera, están ligados al agronegocio y
dominan el espectro político nacional, con amplias influencias en
los tres poderes del Estado.
Allí reina la UGP, apoyada por las
transnacionales del sector financiero y del agronegocio.
Los hechos de Curuguaty
Curuguaty es una ciudad ubicada al este de la Región Oriental del
Paraguay, a unos 200 km de Asunción, capital del Paraguay.
A unos
kilómetros de Curuguaty se halla la estancia Morombí, propiedad del
terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese
lugar. Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner
(1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al
general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que
derrocó al dictador Stroessner.
Riquelme, que fue presidente del
Partido Colorado por muchos años y senador de la República, dueño de
varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió
mediante subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas,
aproximadamente, que pertenecen al Estado paraguayo.
Esta parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían
solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y
una fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del
Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos
miembros de élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo
el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente.
Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la
Policía, con la complicidad de la Fiscalía, explica la emboscada, en
la cual murieron 6 policías.
No se comprende cómo policías altamente
entrenados, en el marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente
en una supuesta trampa tendida por campesinos, como quiere hacer
creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus camaradas
reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando
unos 50 heridos.
Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO,
comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera,
jefe de seguridad del presidente Lugo.
El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a
todas las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a
abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un
proceso lento, doloroso, de descampesinización del campo paraguayo,
que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura
alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores
y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní.
Tanto la Fiscalía o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la
Policía Nacional, así como diversos organismos del Estado paraguayo,
están controlados mediante convenios de cooperación por USAID, la
agencia de cooperación de los Estados Unidos.
El asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente de la
República obviamente es un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya
cabeza sería el próximo objetivo, probablemente a través de un
juicio político, quien derechizó más su gobierno tratando de calmar
a los oligarcas.
Lo ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola
del Ministerio del Interior y fue nombrado en su reemplazo a Rubén
Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual
Lugo lo derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60 años de
dictadura colorada, incluyendo la tiranía de Alfredo Stroessner.
Candia fue ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor
Duarte (2003-2008) y se desempeñó como fiscal general del Estado por
un periodo, hasta el año pasado, cuando fue reemplazado por otro
colorado, Javier Díaz Verón, a instancia del propio Lugo. Candia es
acusado de haber promovido la represión a dirigentes de
organizaciones campesinas y de movimientos populares.
Su nominación
a Fiscal General del Estado en el 2005 fue aprobado por el entonces
embajador de los Estados Unidos, John F. Keen.
Candia fue
responsable de un mayor control por parte de USAID del Ministerio
Público y fue acusado en los inicios de su gobierno por Fernando
Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del gobierno.
Tras asumir como el ministro político de Lugo, lo primero que
anunció Candia fue la eliminación del protocolo de diálogo con los
campesinos que invaden propiedades. El mensaje es que no habrá
conversación, sino simplemente la aplicación de la ley, lo que
significa emplear la fuerza policial represiva sin contemplación.
Dos días después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP,
encabezado por Héctor Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro
del Interior, a quien solicitaron garantías para la realización del
denominado tractorazo.
Sin embargo, Cristaldo dijo que la medida de
fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales favorables
para la UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de
Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre otras
ventajas para el gran capital y los oligarcas) derechizando aun más
el gobierno.
Cristaldo es precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por
un movimiento interno del Partido Colorado, liderado por Horacio
Cartes, un empresario investigado en el pasado reciente por Estados
Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, según el propio diario
ABC Color, que se hizo eco de varios cables del Departamento de
Estado de USA, publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que aludía
directamente a Cartes, el 15 de noviembre de 2011.
Juicio político a Lugo
En las últimas horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP,
(4) algunos integrantes del Partido Colorado y los propios
integrantes del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, dirigido
por el senador Blas Llano y aliado del gobierno, amenazan con un
juicio político Fernando Lugo para destituirlo como presidente de la
República del Paraguay.
Lugo depende del humor de los colorados para seguir como presidente
de la República, así como de sus aliados liberales, que ahora lo
amenazan con juicio político, con seguridad buscando más espacios de
poder (dinero) como prenda de paz.
El Partido Colorado, aliado a
otros partidos minoritarios de la oposición, tiene la mayoría
necesaria como para destituir al presidente de sus funciones.
Quizás se esperan “las señales favorables” de Lugo que la UGP - en
nombre de la
Monsanto, la patria financiera y los oligarcas - está
exigiendo al gobierno. Caso contrario, se estaría pasando a una
siguiente fase de los planes de copamiento de este gobierno que
nació como progresista y lentamente va terminando como conservador,
controlado por los poderes fácticos.
Entre algunos de sus haberes, Lugo es responsable de la aprobación
de la Ley Antiterrorista, propiciada por Estados Unidos en todo el
mundo después del 11 S. Autorizó en 2010 la implementación de la
Iniciativa Zona Norte, consistente en la instalación y despliegue de
tropas y civiles norteamericanos en el norte de la Región Oriental -
en las narices del Brasil - supuestamente para desarrollar
actividades a favor de las comunidades campesinas.
El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no
logra unificar su discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva
en el análisis del poder real, cayendo en los juegos electoralistas
inmediatistas.
Infiltrados por USAID, muchos integrantes del Frente
Guazú que participan en la administración del Estado, sucumben ante
los cantos de sirena del consumismo galopante del neoliberalismo.
Se
corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten en
émulos vanidosos de engreídos ricos que integraban los recientes
gobiernos del derechista Partido Colorado.
Curuguaty también engloba un mensaje para la región, especialmente
para Brasil, en cuya frontera se producen estos hechos sangrientos,
claramente dirigidos por los amos de la guerra, cuyos teatros de
operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora
Siria. Brasil está construyendo hegemonía mundial junto a Rusia,
India y China, denominado BRIC.
Sin embargo, Estados Unidos no ceja
en su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en
marcha el nuevo eje comercial integrado por México, Panamá,
Colombia, Perú y Chile. Es un muro de contención a los deseos
expansionistas del Brasil hacia el Pacífico.
Mientras, Washington sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia,
tratando de convencer al gobierno de Dilma Rousseff a estrechar
vínculos comerciales, tecnológicos y militares.
Entre tanto, la IV
Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos años después de
estar fuera de
servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el
Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por si no
comprendiese la persuasión diplomática.
Y Paraguay es un país en disputa entre ambos países hegemónicos,
dominado aun ampliamente por USA. Por eso lo de Curuguaty es también
una pequeña señal para Brasil, en el sentido que el Paraguay puede
convertirse en un polvorín que quebrantará el desarrollo del
suroeste del Brasil.
Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal del
capital, del gran capital, del extractivismo expoliador, que asuela
el Planeta y aplasta la vida en todos los rincones de la Tierra en
nombre de la civilización y el desarrollo.
Por fortuna, los pueblos
del mundo también van dando respuestas a estas señales de la muerte,
con señales de resistencia, con señales de dignidad y de respeto a
todas formas de vida en el Planeta.
Notas
1 -
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/presentan-12-argumentos-para--destituir-a--lovera-411495.html
2 - Documento del Banco Mundial. Paraguay. Impuesto Inmobiliario:
Herramienta clave para la descentralización fiscal y el mejor
uso de la tierra. Volumen I: Informe principal. 2007.
3 - Censo Agropecuario Nacional 2008.
4 -
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/productores-se-ratifican-en-juicio-politico-416196.html
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