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por Marcelo Ramírez
El Vicesecretario General de la OTAN Mircea Geoană se reúne con el Ministro de Defensa argentino, Luis Petri.
Aunque la mayoría de los actores políticos y los
medios parecen estar adormecidos, hay varios elementos en juego que
ponen en cuestión la viabilidad y los peligros que esto puede
acarrear para el país.
El estatus de "socio global", como el que tienen Australia o Japón, no implica las mismas garantías ni compromisos de defensa mutua.
En el caso de Argentina, la situación es aún más compleja porque el Reino Unido, uno de los principales actores de la OTAN, mantiene un veto sobre la compra de armamento moderno por parte de nuestro país desde la guerra de Malvinas en 1982.
El caso de los aviones F-16, que Argentina planea adquirir, es un buen ejemplo de cómo esta situación se maneja con ambigüedad.
Se trata de aviones viejos, de quinta mano, que ni siquiera han demostrado ser efectivos en los conflictos actuales, como lo hemos visto en Ucrania, donde los aviones similares que han sido enviados han sido derribados antes de entrar en combate.
Además, el Reino Unido tiene un veto sobre la
compra de armamento avanzado por parte de Argentina, un hecho que
los medios y la clase política parecen ignorar o no quieren
mencionar.
El gasto en defensa ha aumentado notablemente bajo la administración de Milei, duplicándose respecto al presupuesto anterior.
A simple vista, podría parecer un movimiento lógico, ya que Argentina tiene uno de los presupuestos militares más bajos de la región.
Sin embargo, al profundizar, nos encontramos con
que este incremento parece estar alineado más con las exigencias de
la OTAN que con las necesidades reales de nuestro país.
Países como Japón o Corea del Sur tienen ejércitos poderosos con presupuestos generosos, pero Argentina está muy lejos de esa realidad.
Aquí, la contradicción es evidente:
Este cambio de rumbo no es menor.
Desde el retorno de la democracia, Argentina ha mantenido una política de neutralidad en los principales conflictos internacionales.
Esa postura, heredada de décadas de tradición, ha sido una característica distintiva de nuestra política exterior.
Sin embargo, Milei parece dispuesto a tirar por la borda esa historia, alineándose con Estados Unidos y subordinando la soberanía argentina a los intereses de la OTAN.
Es difícil encontrar respuestas que justifiquen
este viraje tan drástico.
Esto no solo aumenta la presencia militar
extranjera en territorio argentino, sino que también pone en riesgo
la autonomía en decisiones clave para el país.
Desde hace tiempo, estos países han manifestado su interés en la región, tanto por sus recursos naturales como por su importancia geopolítica.
Nadie parece estar dispuesto a alzar la voz ante el evidente retroceso en términos de soberanía.
Milei, quien se autodenomina un "anarco-capitalista", parece haber cambiado su discurso.
En lugar de reducir el tamaño del Estado, como prometía, ahora lo está fortaleciendo en el área militar, y lo hace en un contexto de subyugación a los intereses de la OTAN.
Mientras tanto, los legisladores, que deberían
estar fiscalizando estas decisiones, parecen más preocupados por
cuestiones internas menores que por el hecho de que Argentina está
cambiando su política exterior de manera drástica y sin el debido
debate.
Sumarnos a la OTAN en medio de un escenario global tan complejo, con tensiones crecientes en Medio Oriente y el conflicto en Ucrania, nos coloca en una situación de riesgo.
A diferencia de otros países que han mantenido su
neutralidad, como Brasil, que ha sabido manejar sus relaciones con
todos los actores internacionales, Argentina se está alineando
peligrosamente con una potencia que no necesariamente tiene nuestros
mismos intereses.
Si bien es cierto que Argentina necesita modernizar sus fuerzas armadas y aumentar su capacidad defensiva, hacerlo bajo los términos de la OTAN y con una agenda impuesta desde el exterior nos aleja de nuestros propios objetivos como nación.
Las decisiones que se tomen hoy tendrán
repercusiones durante décadas, y es imperativo que quienes tienen la
responsabilidad de gobernar y de fiscalizar estas políticas lo hagan
con una visión clara de los intereses nacionales.
La pregunta que queda es,
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