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por Brownstone Institute 17 Marzo 2025 del Sitio Web BrownstoneEsp
la respuesta al Covid fue una operación militar que puso al descubierto enmarañadas redes de estructuras militares y sanitarias...
En medio de la avalancha de nuevos términos y normas culturales, perdimos de vista una pregunta sencilla:
En Estados Unidos hubo debates sobre la influencia de Fauci y la tensión entre las iniciativas estatales y federales.
Los medios de comunicación de derecha e izquierda distrajeron a la ciudadanía con titulares sensacionalistas.
En medio de los frenéticos ciclos de noticias,
nadie parecía saber quién era responsable de la movilización masiva
de recursos gubernamentales.
Los planes de contingencia incluían la ley marcial, no la nacionalización de los hospitales.
El primer funcionario de la Casa Blanca que abogó por derribar la sociedad estadounidense no fue Anthony Fauci, sino el asesor adjunto de seguridad nacional, Matthew Pottinger.
En conjunto, el aparato militar derrocó al gobierno civil.
Según Hersh,
En 2019, el espía advirtió que,
Mientras el Dr. Fauci lideraba el movimiento para publicar en marzo de 2020 el artículo sobre el supuesto origen zoonótico, también utilizaba el poder de los servicios clandestinos de Estados Unidos para silenciar a posibles críticos.
Fauci comenzó a realizar reuniones secretas en la sede de la CIA,
Durante mucho tiempo Fauci había ido tendiendo puentes entre el mundo de la salud pública y el espionaje estadounidense.
Después de los ataques del 2001 (11 de septiembre y ántrax), Estados Unidos se preocupó por la bioseguridad para protegerse contra las armas biológicas, las pandemias y los ataques químicos.
En Fort Detrick, Maryland, que el historiador Stephen Kinzer describe como,
El FBI determinó más tarde que los ataques con ántrax de 2001 fueron obra de un solitario y descontento científico de Fort Detrick llamado Bruce Ivins (aunque las fuerzas del orden no lo acusaron hasta después de que se suicidara en 2008).
Esa teoría ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de figuras de todo el panorama político, entre ellas, Todos coincidieron en que el ántrax provenía de dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.
Francis Boyle, profesor de derecho en la Universidad de Illinois que redactó la Ley Antiterrorista de Armas Biológicas de 1989 firmada por el presidente George H. W. Bush, argumentó que una investigación completa de la evidencia de los ataques con ántrax de 2001 habría,
...citando específicamente la posible participación del Pentágono, la CIA y entidades público-privadas.
Sin embargo, en vez de reformar, el Congreso optó por ampliar la maquinaria de armas biológicas.
Tras el "11 de Septiembre" y la Patriot Act, Fauci recibió un aumento salarial del 68 por ciento (convirtiéndose en el empleado federal mejor pagado) para,
En 2002 puso en marcha una expansión multimillonaria de Fort Detrick.
Mientras tanto, Fauci y el gobierno de EE.UU. siguieron canalizando dinero a grupos extranjeros que realizaban investigaciones de ganancia de función, como el Instituto de Virología de Wuhan, donde ahora se sabe que la comunidad de inteligencia implantó espías.
Antes de 2020, el concepto de un programa clandestino y supranacional de armas biológicas habría parecido descabellado incluso para las mentes conspirativas.
Pero la aparición del Covid amenazó con desenmascarar los programas ilícitos dirigidos por los jefes del espionaje y del aparato de salud pública.
En un intento desesperado por evitar tener que rendir cuentas, la comunidad de inteligencia se sumó a encubrir la fuga de laboratorio.
La CIA ofreció sobornos a científicos para silenciar los hallazgos que refutaban la tesis del origen zoonótico liderada por Fauci, Farrar, Andersen y Holmes, según un denunciante.
El Comité de Supervisión de la Cámara explicó:
Sin embargo, el denunciante informó que posteriormente los,
Mientras tanto, científicos del Departamento de Defensa recopilaron pruebas significativas que sugerían una fuga de laboratorio.
Pero cuando fueron a entregar sus hallazgos a la Casa Blanca, la directora de Inteligencia Nacional del presidente Biden, Avril Haines, los prohibió presentar sus pruebas o participar en un debate sobre el origen del virus.
En enero de 2025, tras la segunda investidura del presidente Trump, John Ratcliffe, el recién nombrado director de la CIA, anunció que la agencia creía que una fuga de laboratorio era la fuente más probable del Covid.
Como se describe en "La Primera Enmienda contra el Estado de Seguridad de EE.UU.", la comunidad de inteligencia fue parte integral de la cruzada de censura que padeció el país.
CISA, una agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional, fue responsable de dividir la fuerza laboral durante los confinamientos en las etiquetas de "esencial" y "no esencial", y luego implementó un programa conocido como switchboarding, en que los funcionarios de CISA dictaban a las plataformas de Big Tech qué contenido se permitía o se prohibía.
Su desprecio por la libertad de expresión fue incuestionable.
La directora de CISA, Jen Easterly, testificó en Misuri contra Biden,
Sin dar tregua, el Departamento de Seguridad Nacional declaró en abril de 2022 que establecería una "Junta de Gobernanza de la Desinformación", encabezada por la activista demócrata Nina Jankowicz.
Según Político, el 'Ministerio de la Verdad' de Biden se encargaría de,
El Ministerio de la Verdad solo se clausuró cuando los absurdos de su censora jefe, Jankowicz, causaron suficiente rechazo por parte del público.
Además, la influencia de la comunidad de inteligencia se extendió a los niveles más altos de la Casa Blanca. A partir de enero de 2020, hubo una usurpación insidiosa de la cadena de mando y el gobierno civil quedó en manos de una banda de cargos militares.
Ese golpe alcanzó al Consejo de Seguridad Nacional a través de un funcionario poco conocido llamado Matthew Pottinger.
Matthew Pottinger y el Consejo de Seguridad Nacional
Matthew Pottinger comenzó su carrera como periodista del Wall Street Journal antes de alistarse en la Infantería de Marina en 2005.
Trabajó en una serie de misiones en Asia y más tarde explicó que,
En 2017, se unió a la Administración de Trump como asesor adjunto de seguridad nacional y fue descrito por Político como,
En 2020, como asesor adjunto de seguridad nacional, contribuyó a instaurar una junta militar que mostró a los estadounidenses lo que un país no democrático puede hacer a sus ciudadanos.
El 14 de enero, Pottinger rompió el protocolo al convocar unilateralmente la primera reunión interinstitucional sobre el coronavirus.
El 27 de enero volvió a convocar funcionarios a la Sala de Situación de la Casa Blanca para abordar el coronavirus. Mientras otros pedían respuestas mesuradas, Pottinger abogaba por la prohibición de viajar y los confinamientos.
En Nightmare Scenario, la periodista del Washington Post Yasmeen Abutaleb escribe:
Al día siguiente, Pottinger pidió a su esposa que enviara un mensaje de texto a su amiga Deborah Birx para que se reuniera con él en el Ala Oeste.
Tres días después, Pottinger sugirió el confinamiento de la población estadounidense.
Desde el principio sospechó que el virus era el resultado de una fuga de laboratorio, aunque sus colegas de la comunidad de inteligencia denigraban públicamente esa tesis como "conspirativa".
Cuando los expertos en salud respondieron que no había antecedentes de propagación de coronavirus a través de portadores asintomáticos, Pottinger aumentó sus llamados a la adopción de medidas drásticas.
Según Abutaleb, Pottinger preguntó:
En "The Talented Mr. Pottinger", el abogado Michael Senger explica el enorme control que Pottinger ejerció sobre la respuesta inicial al coronavirus, especialmente con respecto,
Mientras los medios de comunicación y los funcionarios del gobierno reprendían a los críticos y pedían "confiar en los expertos", el principal defensor de los confinamientos en la Casa Blanca era un alarmista militar que no entendía nada de epidemiología y no respetaba la cadena de mando.
Fue quizás el difusor de desinformación más influyente desde el inicio de la pandemia.
Senger describe la influencia de Pottinger en la respuesta estadounidense al Covid como un "papel excepcionalmente desproporcionado":
Además de su influencia en la Casa Blanca, Pottinger y otros actores similares sembraron el pánico sobre el nuevo coronavirus a través de los medios de comunicación.
El 7 de marzo de 2020, Tucker Carlson se dirigió a Mar-a-Lago para advertir a Trump sobre los desastrosos efectos del Covid, información que recibió de una,
Diez días después, Carlson explicó su viaje a Palm Beach a Vanity Fair:
Durante su viaje a Mar-a-Lago, Carlson advirtió al presidente Trump que podría perder las elecciones por el Covid y que fuentes con conexiones en China insistían en que el virus era mucho más devastador de lo que se había informado anteriormente.
La fuente de Carlson coincide con una descripción exacta de Pottinger.
Jeffrey Tucker escribe:
Y justo antes de que esa alarma llegara a la población, la comunidad de inteligencia y sus enlaces se posicionaron para triunfar en medio del caos que se avecinaba.
En febrero de 2020, el senador Richard Burr (republicano por Carolina del Norte) presidía el Comité de Inteligencia del Senado, uno de los puestos de mayor poder y más buscados en Washington.
Su posición le dio acceso a información que seguía estando clasificada para casi todos sus colegas del Senado.
El 13 de febrero de 2020, cuando Burr recibió información sobre el coronavirus (un mes antes de que comenzaran los confinamientos), realizó una llamada telefónica de 50 segundos a su cuñado, Gerald Fauth.
En cuestión de minutos, Fauth telefoneó a su corredor de bolsa para que comenzara a liquidar su cartera.
Mientras tanto, el senador Burr declaró públicamente que el país estaba "mejor preparado que nunca para enfrentar las amenazas emergentes a la salud pública".
Sin embargo, a puerta cerrada, Burr se preparó para el desastre económico y nacional.
Tras recibir informes no públicos sobre la aparición del virus y la respuesta que se planeaba en el país, el senador Burr vendió 1,6 millones de dólares en acciones de su cartera de jubilación.
Por aquel entonces, la senadora Kelly Loeffler (republicana por Georgia) y su esposo vendieron acciones por valor de 20 millones de dólares tras asistir a una sesión informativa confidencial sobre el coronavirus.
Al mismo tiempo, compraron acciones que resultaron muy rentables en los meses siguientes, por ejemplo en el sector sanitario.
El 20 de febrero de 2020 comenzó la recesión económica mundial.
Y así comenzó un ciclo ilícito de actividades a instancias de la comunidad de inteligencia.
Quienes tenían acceso a los resortes del poder buscaban obtener beneficios o avanzar en sus carreras, y mientras su incentivo era generar alarma y servilismo en la ciudadanía.
Ahora está claro que una camarilla, liderada por el Consejo de Seguridad Nacional,
Ello provocó la mayor violación de las libertades civiles en la historia de Estados Unidos y puede atribuirse a los niveles militares más altos de la nación.
Esa junta se apropió de la respuesta al Covid y del gobierno estadounidense sin que nadie pareciera darse cuenta.
Los militares asumen la respuesta al Covid
Semanas antes de la primera orden de encierro domiciliario, los militares promulgaron órdenes de standby,
En febrero de 2020, tres planes de contingencia propusieron que los militares administraran las operaciones de gobierno, saltándose la Constitución.
Se colocarían comandantes militares en todo Estados Unidos y el general Terrence J. O'Shaughnessy lideraría el país como "comandante combatiente".
El dictador O'Shaughnessy nunca llegó al poder, pero la comunidad militar se hizo cargo de la respuesta al Covid tras los bastidores.
A partir de marzo de 2020, el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional reemplazaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos como actores principales en los esfuerzos contra el Covid.
Sus funciones no eran ceremoniales:
Pottinger y el NSC fueron los responsables de nombrar a Deborah Birx para el equipo de respuesta al Covid.
Sin previo aviso, los principales cargos militares del país llevaron a cabo la supresión más generalizada de libertades civiles en la historia de Estados Unidos.
Documentos gubernamentales del 13 de marzo de 2020 muestran que el Consejo de Seguridad Nacional había tomado el control de la política nacional frente al Covid.
Cinco días después, el presidente Trump invocó la Ley Stafford, que convertía a la FEMA, rama del Departamento de Seguridad Nacional, en la "Agencia Federal Líder" en la respuesta a la pandemia, sustituyendo al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés).
A partir de entonces, el HHS (incluidos los CDC, el NIAID y el NIH) no tuvo un papel oficial de liderazgo en la respuesta al Covid.
La semana en que los militares sustituyeron al aparato sanitario como líderes de la respuesta al Covid coincidió con el inicio de los confinamientos el 16 de marzo.
El gobierno representativo había dejado de existir en Estados Unidos.
En retrospectiva, fue una operación militar clara y deliberada.
Mientras tanto, en enero de 2020 Estados Unidos había completado la construcción del primer campo de cuarentena federal en más de un siglo, que New York Times describió como,
El Pentágono anunció posteriormente que ampliaría dicha instalación, ubicada en Omaha (Nebraska), en coordinación con una serie de otras entidades federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional.
En julio de 2020, los CDC publicaron planes para campos de cuarentena a escala nacional, en que el Gobierno de EE.UU., dirigido por los militares, aislaría por la fuerza a los pacientes, les prohibiría el contacto social y les despojaría de todo acceso físico al mundo exterior excepto para la entrega de alimentos y suministros de limpieza.
El plan se sustentaba en la fuerza del ejército estadounidense, encargado de llevar a cabo la respuesta al Covid.
Así, el gobierno existente utilizó a los militares para reestructurar silenciosamente la sociedad, aboliendo su constitución y sus libertades más antiguas. Los resultados fueron tiránicos, absurdos y devastadores.
Poco después, los militares encabezaron la siguiente etapa del golpe de Estado del Covid.
El Departamento de Defensa y las Vacunas
En 1958, el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés) para promover la investigación y el desarrollo de tecnología de nivel militar, tras el lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética el año anterior.
En las décadas siguientes, la DARPA concibió las tecnologías que sentaron las bases para,
En Imagineers of War - The Untold Story of DARPA, Sharon Weinberger escribe que el,
Tras los ataques del 11 de Septiembre de 2001 y los inmediatamente posteriores ataques con ántrax, el Departamento de Defensa comenzó a invertir decenas de miles de millones de dólares en vacunas e iniciativas médicas.
Según The Lancet:
En 2003, el Dr. Anthony Fauci articuló su visión de la biodefensa:
La respuesta del 11 de septiembre también allanó el camino para la "autorización de uso de emergencia", una designación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que permite que se utilicen productos médicos no aprobados durante una emergencia de salud pública.
Como explica Bill of Health, blog de la Facultad de Derecho de Harvard,
En los veinte años siguientes, Estados Unidos invirtió más de cien mil millones de dólares en la industria de biodefensa, incluidos los programas denominados "ADEPT" y "Pandemic Preparedness Platform", que aportaron el capital para el desarrollo inicial de la tecnología del ARNm.
En 2013, la DARPA aportó la inversión inicial de Moderna.
En septiembre de 2019, el presidente Trump firmó un Orden Ejecutiva sobre,
Seis meses después, la respuesta a la pandemia pasó a ser el centro de atención y el Pentágono se preparó para convertir en arma su infraestructura de biodefensa.
Posteriormente en 2020, el gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo de fabricación de vacunas con Pfizer y BioNTech.
En julio, el acuerdo incluía un mínimo de 100 millones de dosis de una "vacuna para prevenir el Covid-19" y un pago de al menos 1.950 millones de dólares.
El acuerdo también permitía la adquisición futura de cientos de millones de dosis adicionales.
La periodista de investigación Debbie Lerman escribe:
En los meses siguientes, la "Operación Warp Speed" no hizo más que aumentar el papel de los militares en una iniciativa que aparentemente provenía del sector privado.
En noviembre de 2020, el New York Times describió cómo,
El artículo relata cómo el Departamento de Defensa adquirió instalaciones, materias primas, permisos y suministros médicos para los fabricantes de vacunas y organizó la gestión de la cadena de suministro, las iniciativas de distribución y,
Los planificadores del Pentágono consideraron todas los posibles contratiempos del proyecto, pero el gobierno ocultó deliberadamente al público la participación de los militares.
El Director Ejecutivo de la Operación Warp Speed, el general de cuatro estrellas Gustave F. Perna, tuvo que lidiar con funcionarios de salud pública descontentos que se quejaban de que,
Pero la influencia del Departamento de Defensa no se limitó a la adquisición o la logística:
El Bill of Health de la Facultad de Derecho de Harvard explica que, en lo que respecta a las autorizaciones de uso de emergencia,
Debbie Lerman escribe:
De este modo, el Departamento de Defensa utilizó la infraestructura de los poderes de emergencia de guerra derivados de la Patriot Act para evadir los protocolos tradicionales de pruebas y seguridad.
Una vez que el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, invocó la PREP Act, el Departamento de Defensa y la FDA pudieron comenzar a distribuir las vacunas bajo la autorización de uso de emergencia.
Esto tuvo efectos posteriores críticos.
Cabe destacar que la FDA no exigió ningún dato de seguridad y eficacia de los ensayos clínicos para promulgar la autorización de uso de emergencia, y los ensayos clínicos relacionados con el proceso de autorización de uso de emergencia no estaban obligados a cumplir con ninguna norma regulatoria.
Sumado a la inmunidad casi total otorgada a los fabricantes de vacunas, todos los incentivos apremiaron a sacar al mercado una vacuna defectuosa.
En junio de 2021, el Sistema de Notificación de Efectos Adversos a las Vacunas de los Estados Unidos (VAERS, por sus siglas en inglés) daba cuenta de 4,812 muertes por la vacuna contra el Covid, así como 21,440 hospitalizaciones.
En enero de 2023, VAERS superó el millón de eventos adversos notificados por la vacuna contra el Covid, así como las 21,000 muertes (cuatro veces más defunciones que todas las registradas por VAERS en todos los demás informes sobre vacunas juntos desde 1990).
El 30% de esas muertes se produjeron en las 48 horas posteriores a la vacunación.
En los años siguientes, las agencias reguladoras y los estudios reconocieron tardíamente los daños causados por las vacunas, incluyendo, Los ciudadanos estadounidenses lo notaron desde el principio: tenían una sensación de que la ley normal ya no estaba vigente.
En muchos países, toda la sociedad estaba viviendo algo parecido a la ley marcial. Había solo órdenes, no legislación. Las órdenes se presentaban a menudo como recomendaciones, pero se aplicaban como mandatos.
Las líneas de autoridad estaban revueltas, reinaba la confusión en todas partes y el miedo sustituía al juicio racional.
Nunca estuvo claro quién estaba al mando, y eso se hizo más evidente cuando el propio presidente Trump empezó a publicar en sus redes sociales sus deseos de volver a la normalidad.
¿No estaba él al mando?
En muchos sentidos, no:
De todas las dimensiones de la respuesta al Covid, esta es la que sigue estando menos explicada, menos explorada y menos entendida.
Ello se debe a que una gran cantidad de documentación, que abarca desde los confinamientos hasta las contramedidas llamadas vacunas, todavía permanece oculta bajo el manto de la clasificación.
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