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"Durante la 'pandemia'
de
COVID-19, me
desempeñé como cirujano y médico de cuidados intensivos
en el hospital donde fue tratado el primer paciente
diagnosticado con COVID en Estados Unidos.
Atendí a cientos de pacientes con COVID y, además de mis
funciones como cirujano y médico de cuidados intensivos,
fui contratado de forma independiente para realizar
revisiones de calidad en la unidad de cuidados
intensivos (UCI) de dicho hospital.
Mis revisiones revelaron un fraude que involucraba a la
alta dirección del hospital.
Denuncié estos hallazgos.
Se implementaron protocolos
que - lamentablemente - provocaron daños demostrables y
un aumento en la mortalidad.
Después de que las autoridades federales suministraran
'remdesivir' a nuestro hospital, la dirección médica nos
proporcionó información engañosa e inexacta sobre el
fármaco.
Poco
después de la introducción del 'remdesivir', tuve una
paciente joven que había sufrido un traumatismo.
Según
las directrices, parecía ser la candidata ideal para
recibir el tratamiento.
Sin
embargo, el especialista en enfermedades infecciosas de
guardia me aconsejó, en privado, que no se lo
administrara porque, cito textualmente:
"Parecía una chica agradable"...
Cualquier médico que analizara con honestidad los datos
reales de aquel momento habría podido identificar, desde
una etapa temprana, que el 'remdesivir'
causaba más daño que beneficio.
Observé que el hospital difundía información que
exageraba falsamente el número de infecciones y muertes
por COVID, lo cual alimentaba el miedo en la población y
daba lugar a titulares engañosos.
Según mi experiencia, nunca sufrimos escasez de equipos
ni de personal.
Fui
testigo de cómo enviaban a enfermeras a sus casas por
falta de pacientes, mientras que, simultáneamente,
aparecían titulares afirmando que nuestro hospital
estaba desbordado por casos de COVID.
Asimismo, observé que los protocolos sobre el
uso de
mascarillas y equipos de protección individual (EPI)
implementados durante la pandemia carecían de fundamento
científico y no eran eficaces desde el punto de vista
médico.
No
obstante, sí contribuyeron a deshumanizar tanto a los
pacientes como al personal.
Vi cómo pacientes que fallecieron a causa de
traumatismos u otras patologías fueron registrados en
sus certificados de defunción como muertes por COVID-19.
A
medida que avanzaba la pandemia, observé cómo médicos y
enfermeras - que antes se caracterizaban por su
compasión y dedicación - se volvían crueles e
indiferentes ante el bienestar de los pacientes.
El jefe del departamento de enfermedades infecciosas de
mi hospital me confesó, en privado, que estaba
colaborando con el gobierno estatal para restringir los
derechos civiles de las personas no vacunadas -
incluyendo su derecho a conducir y, por ende, a trabajar
- condicionando la renovación de sus licencias de
conducir a su estatus de vacunación contra el COVID.
La dirección del hospital, incluido el director médico
de nuestro grupo sanitario, respaldó las medidas médicas
locales...
La
negativa del sistema sanitario a prestar atención médica
a pacientes no vacunados.
Los
médicos de atención primaria y de urgencias, con el
conocimiento y la aprobación del director médico - y
mediante políticas establecidas - se negaron a atender a
pacientes que no estaban vacunados.
En respuesta, y a través de mi iglesia local, abrí una
clínica gratuita para atender a quienes se les había
denegado la asistencia.
La iglesia pasó a funcionar como
una clínica autorizada.
Observé que muchos de los tratamientos alternativos -
censurados por sociedades médicas, farmacéuticos, redes
sociales, la prensa y los organismos de salud
establecidos - resultaban altamente eficaces.
Terapias que incluían
ivermectina,
hidroxicloroquina,
vitamina D, zinc, quercetina e, incluso, el simple
ejercicio físico, demostraron una gran eficacia en el
tratamiento de la COVID.
Cuando abogué por la atención al paciente - en lugar de
seguir protocolos perjudiciales - y denuncié el fraude,
fui objeto de intentos de destitución mediante acciones
disciplinarias carentes de fundamento.
El
objetivo declarado era retirarme la licencia médica e
impedirme ejercer la medicina para siempre.
Tuve que soportar innumerables audiencias disciplinarias
infundadas, juicios amañados y procesos de revisión por
pares que no eran más que una farsa; incluso llegaron a
amenazarme con el arresto.
Todo
esto fue una represalia por haber alzado la voz.
Superé cada uno de los ataques. Mantuve mi licencia en
regla y dije la verdad.
Fui testigo de cómo médicos y enfermeros, al observar
los daños causados por los protocolos contra la COVID,
optaron por guardar silencio o fueron expulsados de
nuestra comunidad.
Los funcionarios de salud pública, los directivos
hospitalarios y los médicos que implementaron estos
tratamientos y protocolos deben rendir cuentas.
Los
datos estaban disponibles y los daños eran evidentes.
La rendición de cuentas es indispensable si queremos
preservar la confianza pública y garantizar el buen
funcionamiento del sistema sanitario. |
